Domingo, 08.12.2019 - 04:13 h
Respaldan a la entidad presidida por Ana Botín

Los acreedores de la 'Ciudad Santander' no se fían de la solvencia de los Reuben

Los bancos acreedores de Marme Inversiones, dueña de la Ciudad Financiera de Santander, dudan de la solvencia de la oferta de los hermanos Reuben.

Ciudad Financiera del Banco de Santander en la localidad de Boadilla del Monte (Madrid). EFE
Los acreedores de la 'Ciudad Santander' no se fían de la solvencia de los Reuben.  / EFE

Los bancos acreedores de Marme Inversiones, sociedad propietaria de la Ciudad Financiera del Banco Santander, dudan de la solvencia de la oferta presentada por los hermanos Reuben por el inmueble, declarada el lunes como la "mejor" opción posible por un juzgado de Madrid.

En un escrito fechado el pasado diciembre, Natwest, Bayerische Landesbank, HSH Nordbank y CaixaBank consideran que el vehículo de los Reuben, Sorlinda, "no ha acreditado suficientemente su capacidad para conseguir la financiación necesaria", lo que genera una "incertidumbre" de la que carece la oferta del Santander.

Las entidades estiman que la única propuesta cuyas posibilidades quedan "fuera de toda duda" es la del grupo que preside Ana Botín, que esta semana ha anunciado su intención de recurrir la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid y ha aseverado que mantiene su derecho de adquisición preferente.

La recompra de la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte (Madrid) tiene sentido para el banco pues se ahorraría los 120 millones de euros anuales que paga por ocupar el inmueble, cantidad que se actualiza según el contrato de alquiler firmado por 40 años a contar desde 2008, cuando se produjo la venta a Marme por 1.900 millones de euros. Según el documento, al que ha tenido acceso Efe, los acreedores piden que se considere a Sorlinda "una oferta no válida al no ser conforme a las previsiones del plan de liquidación".

Entre otros incumplimientos, exponen que los Reuben no asumen "todas las eventuales obligaciones fiscales que se deriven de la transacción" al apoyarse en condiciones que, "de resultar incorrectas", podrían exceder "240 millones en concepto de cuotas tributarias impagadas a lo que habría que añadir intereses de demora y posibles sanciones".

Riesgos para los acreedores

Muestran, asimismo, sus reticencias respecto a las garantías que plantea Sorlinda, que "adolecen de una serie de riesgos e inconvenientes que afectan severamente a los derechos de los acreedores" y dificultan el pago de créditos, especialmente si se demora la liquidación con recursos a las decisiones judiciales.

Argumentos con los que los bancos reprochan a los administradores concursales que se posicionen a favor de los hermanos, asentados en Londres y de origen indio, sin tomar en consideración la posibilidad de que no estén dispuestos a completar la oferta si "alguna de las múltiples condiciones" impuestas "no se cumple finalmente" o no consiguen financiación.

Una versión que rechaza el juzgado, que avala la oferta de los Reuben, que asegura una cantidad fija de 283,7 millones de euros frente a los 232,2 millones del Santander y que "permite cubrir en mayor cuantía los créditos de todos los acreedores del grupo".  Tras ambas se situaron el fondo kuwaiti AGC y la sociedad Lulia Spain, que aseguró un importe notablemente inferior (159,5 millones).

Además de la impugnación del auto de aprobación o del eventual ejercicio del derecho de adquisición preferente, el Santander ha pedido a la administración concursal de Marme que "recabe y facilite toda la información de Sorlinda que, conforme a la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo" se requiere.

En una carta con copia al juzgado, el banco dice haber podido "constatar" que Sorlinda es "una sociedad instrumental" creada hace "escasamente 7 meses" por una compañía radicada en un "paraíso fiscal", Islas Vírgenes Británicas, cuyos accionistas y cuentas anuales no son accesibles en el registro. Lo mismo ocurre con Reuben Brothers y Aldersgate Investment, compañías "que en palabras del auto 'dan respaldo financiero' a la oferta.

"Que Sorlinda sea un vehículo instrumental de nueva constitución sin actividad ni cuentas presentadas, que su socio único tenga importantes pérdidas, y la opacidad (...) son un elemento de preocupación" que requiere extremar la vigilancia para evitar "una penalidad a Marme" que llegaría a superar los 750 millones de euros. De no cumplir con tal exigencia, avisa, el Santander podría dejar de satisfacer el canon de arrendamiento "hasta que no se lleven a cabo dichas comprobaciones", e incluso, emprender acciones legales.

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