El PAU de Los Berrocales parece el proyecto de nunca acabar. Casi 20 años, 200 millones y más de 20.000 viviendas pendientes después, las obras continúan paralizadas sin visos de que la situación vaya mejorar, a pesar de ser el desarrollo de la conocida como 'estrategia del sureste' es el que más avanzado se encuentra. Con un tercio ya aportado de los fondos necesarios para su urbanización, los propietarios denuncian que el Ayuntamiento de Carmena tiene congelados los permisos y licencias para empezar a trabajar desde 2016, cuando el Tribunal Supremo dio luz verde a esta iniciativa, que llevaba años recurrida en los juzgados.
La polémica en torno a esta zona, situada entre las autovías de la M-45 y la M-50, se remonta a 1997, cuando el entonces alcalde, José María Álvarez del Manzano, empezó a desarrollar los denominados PAU: por el sur, con el Corredor del Henares y Carabanchel; por el norte, con Sanchinarro, Montecarmelo o Las Tablas; y, por el oeste, con las zonas cercanas a Pozuelo o Majadahonda. Llegaba pues el turno del este, en el que se proyectó levantar más de 100.000 viviendas en los próximos 15 años, 23.000 de las cuales estarían en Los Berrocales. Además, la VPO debería suponer el 50% de estas viviendas y su precio medio estaría entre los 150.000 euros de El Cañaveral y los 200.000 euros del PAU de Vallecas.
Sin embargo, los problemas legales, primero, y la llegada de la crisis, después, hicieron que el desarrollo de esta zona dejara de ser una prioridad. Los propietarios, sin embargo, siguieron trabajando. Con 200 de los 600 millones que se plantearon de inversión en la zona de 8 millones de metros cuadrados, han procedido a la canalización de aguas, a construir las galerías para soterrar las líneas de alta tensión, al marcaje de las manzanas y las calles y a levantar puentes y vías de servicio en las autovías de la A-3 y la M-45 para habilitar las conexiones con resto de Madrid.
El Ayuntamiento se niega a dar los permisos
Ahora, el problema, denuncian, es del propio Gobierno municipal, que se niega a conceder los premisos necesarios. Así, Carmena considera que la demanda de vivienda en Madrid no justifica que se construya ese número tan elevado de edificios y más cuando se debería solucionar el stock de viviendas vacías, cifradas en 42.015 por el Ministerio de Fomento.
“Es importante afrontar el desarrollo de nuevos barrios de manera realista, de acuerdo con las previsiones demográficas y económicas, y no impulsar la urbanización de suelo en grandes cantidades a largo plazo que luego queden vacíos por falta de demanda y requieran gastos públicos para su mantenimiento sin sentido. Eso en el supuesto de que realmente se llegasen a urbanizar”, aseguran desde el Ayuntamiento.
No obstante, desde la Junta de Compensación aseguran que esta falta de actividad se debe más a cuestiones ideológicas que a fundamentos económicos o inmobiliarios. Tal y como explican, llevan desde hace más de dos años con el convenio de gestión preparado, pero el equipo de Carmena se niega a que pase al Orden del día del Pleno del Ayuntamiento para su aprobación.
Otro de los puntos que concentra más criticas es la decisión de Ahora Madrid de poner en marcha un nuevo paso urbanístico que consiste en crear una Mesa de consulta con diferentes actores para valorar qué cambios se deben llevar a cabo en los proyectos iniciales, y con la que Ayuntamiento "sólo pretende retrasar el desarrollo de unos proyectos que cuentan con todo el respaldo jurídico y urbanístico y que ya acumulan retrasos de más de 20 años".
Por otro lado, desde las juntas de compensación de otros barrios colindantes mantienen que esta negativa municipal puede comprometer inversiones superiores a los 13.000 millones de euros, así como evitar la creación de 965.000 empleos directos e indirectos. "Tenemos la oportunidad de solventar el problema de la vivienda para los próximos 30 años. No podemos volver a repetir los mismos errores cometidos en los ochenta porque el Ayuntamiento de la época consideró que Madrid no crecería más y provocó el desarrollo urgente de los PAU", aseguran.
"El Ayuntamiento debe velar por las inversiones públicas realizadas en los desarrollos del sureste de Madrid, garantizando los mejores servicios para los ciudadanos, pero al mismo tiempo, respetando los planes ya aprobados y aportando seguridad jurídica a los inversores", concluyen.
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