Las 14 grandes empresas catalanas que financian la Cámara de Comercio de Barcelona con aportaciones mínimas de 300.000 euros para los próximos cuatro años saben que han perdido pie tras las elecciones celebradas a primeros de mes por la institución y que han supuesto la entronización de la candidatura Eines de País, impulsada por la Asociación Nacional Catalana (ANC). Los considerados ‘blue chips’ de la comunidad autónoma, alguno de ellos ‘exiliados’ a otros puntos de España a raíz del 1-O, son plenamente conscientes de que la suerte de la Cámara de Barcelona está echada y que más pronto que tarde deberán abandonar una organización que corre el riesgo de actuar como una nueva correa de transmisión en los mercados internacionales del soberanismo rampante de Cataluña.
Las corporaciones afectadas son CaixaBank, Criteria Caixa, Naturgy, Abertis, Banco Sabadell, Aguas de Barcelona, Banco Mediolanum, Indra, Deloitte, PwC, Hoteles Catalonia, Damm, el RACC y Magma Disseny. La mayor parte de ellas mantienen contactos estos días para coordinar una 'operación salida' de manera paulatina a lo largo de los próximos meses. Durante el presente ejercicio, y sobre todo con carácter inmediato, es más complicado que nadie tire oficialmente la toalla ya que las cuotas de 2019, los primeros 75.000 euros, están abonadas desde primeros de año, por lo que una baja precipitada podría generar el efecto contrario al que se pretende y que no es otro que una diáspora ordenada; esto es, salir de puntillas sin hacer mucho ruido.
En fuentes de estas entidades critican la escasa capacidad de movilización demostrada por el empresariado catalán y atribuyen buena parte de la responsabilidad a Pimec, la patronal de la pequeña y mediana empresa de Cataluña, que con sus más de 130.000 afiliados se suponía que podría decantar a su favor la balanza electoral. Es cierto que la participación en los comicios se ha duplicado en esta ocasión, pero así y todo sólo ha alcanzado un total de 19.243 votos, lo que supone un raquítico 4,55% del censo total cuantificado en 423.000 electores.
La candidatura soberanista encabezada por Joan Canadell, previsible relevo de Miquel Valls en la presidencia de la Cámara, ha sabido aprovechar los nuevos desarrollos informáticos puestos al servicio del voto electrónico, mientras que el resto de competidores se han dormido en los laureles de un triunfo engañosamente fundado en la precaria respuesta de las anteriores elecciones. A la postre, de los 40 sillones del Pleno que estaban en juego la candidatura independentista se ha hecho con 31, lo que le otorga la mayoría absoluta de la institución. La asamblea de la Cámara tiene otros 20 puestos, incluyendo los 14 de las citadas grandes empresas y los seis reservados para las patronales Foment y Pimec, que se reparten tres cada una.
La incorporación de la grandes corporaciones a la organización cameral vino dada como consecuencia de la supresión de las cuotas obligatorias adoptada por el Gobierno socialista de Zapatero en 2011, que supuso un cambio radical en el modelo de financiación de las cámaras de comercio en nuestro país. La sustitución de cuotas por aportaciones millonarias de carácter voluntario se implantó en la nueva Cámara de España, heredera del antiguo Consejo Superior de Cámaras y fue adoptada como una solución natural por las distintas entidades regionales. En el caso de Barcelona lo más granado del empresariado catalán salió al socorro de una institución que ahora corre el riesgo de politizarse bajo el amparo y con la complicidad de la Generalitat de Cataluña.
La Generalitat echa leña al fuego
El objetivo explícito del Ejecutivo autonómico consiste en reducir lo que se consideran escaños de pago en el Pleno de la Cámara; es decir, los puestos que ocupan precisamente los grandes socios corporativos. Así lo ha expresado la consejera de Empresa de la Generalitat, Àngels Chacón, en un claro desafío a las propias compañías y al deseo de éstas de poner tierra de por medio más pronto que tarde con una organización que puede ver claramente subvertidos sus objetivos fundacionales. En definitiva, y como admiten en medios cercanos a la candidatura soberanista ganadora de las elecciones, “no es que las empresas puedan marcharse de la Cámara; es que van a ser invitadas a irse y si no se van voluntariamente tendrán después que salir por la puerta falsa”.
La situación que se plantea pone en evidencia los desaires que los empresarios están sufriendo a manos de una política radicalizada a lo largo de los últimos años en Cataluña. De hecho, la campaña electoral de la Cámara de Barcelona dejó bien a las claras el rechazo de varias candidaturas a la participación directa de las grandes empresas en los órganos de gobierno de la institución. El resultado de las votaciones no ha hecho sino confirmar las amenazas. La Generalitat tendrá que buscar fórmulas alternativas de financiación o, en su defecto, reducir los gastos de la aportación realizada estos años al servicio del tejido empresarial. Dicho de otra forma, habrá que ver si la Cámara de Barcelona sigue siendo una marca económica o a partir de ahora se convierte en una huella del independentismo más beligerante en Cataluña.
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