Los grandes fondos americanos que perdieron hasta 850 millones de euros en el Popular cargan su artillería legal contra el informe elaborado por Deloitte buscando revertir la resolución. Su bufete estadounidense Quinn Emanuel arguye en la demanda interpuesta en Europa que la valoración que sirvió a la Junta de Resolución de base para actuar “no era razonable, prudente ni fiable”, dando pábulo a una intervención que causó “perjuicios superiores” a los que hubiese provocado llevar la entidad a un proceso de insolvencia ordinaria.
El descrédito de la valoración constituye uno de los cinco motivos nucleares del recurso interpuesto ante el Tribunal de Luxemburgo y que ayer salieron a la luz en los resúmenes que Europa viene divulgando sobre los escritos contra la resolución del Popular, en la querella de mayor dimensión abierta nunca contra el proceder de una autoridad comunitaria. Las demandas rozan el centenar, con decenas e incluso miles de representados en muchas de ellas.
“No era la información precisa, fiable y coherente en que se pudiera basar el régimen de resolución; y no era base suficiente para la decisión impugnada”, argumenta el resumen de la demanda donde califica de “manifiestamente desproporcionada” la actuación, “ya que iba más allá de lo necesario para la consecución de los objetivos de resolución”.
Unos 3.400 millones volatilizados
El informe que otorgaba al banco tres tasaciones: dos negativas por valor de -2.000 y -8.000 millones, y una positiva espejo del valor bursátil de alrededor de 1.300 millones de euros, de la víspera a la resolución; está en la diana de gran parte de las demandas. Pese a los esfuerzos de los órganos de resolución por minimizar su importancia, centra los recursos al haber sido el diagnóstico sobre el Popular antes de llevar a cero las acciones en manos de más de 300.000 inversores y títulos de deuda por un valor conjunto de alrededor de 3.400 millones.
El despacho Quinn Emanuel representa a un grupo de bonistas. Entre ellos figuran los fondos Algebris Investment, Ronit Capital y Anchorage Capital. Se esperaba que Pimco, la mayor gestora de activos del mundo en renta fija, se uniese a la demanda, pero finalmente parece haberse descolgado.
Su demanda carga directamente sobre la actuación de la Junta de Resolución y el rol jugado por la Comisión Europea. Al primer organismo le reprocha “violar gravemente los principios de confidencialidad y secreto profesional” por las declaraciones de su presidenta, Elke König, desvelando que el Popular era objeto de seguimiento en una entrevista a Bloomberg y con filtraciones posteriores a Reuters que contribuyeron a agravar la situación del banco. Se produjeron en mayo cuando la cotización era presa de fuertes descalabros en bolsa y el 6 de junio el banco pedía la intervención ante el riesgo de colapso por la peligrosa fuga de depósitos sufrida.
“Vulneró el derecho de una buena administración que ampara a las partes demandantes con arreglo al artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE”, alega el escrito que acusa a la Junta de Resolución de expropiar a los fondos y violar su derecho a ser oídos durante la resolución. El tercer, pero igualmente, principal foco de su demanda es la actuación del Ejecutivo Comunitario, al que reprueba autorizar la resolución sin evaluarla “adecuadamente”.
Se trata posiblemente de la demanda de mayor relieve por volumen de inversiones volatilizadas. Su queja contra la valoración ha ido, si cabe, más allá cuando se conoció que Deloitte se ha adjudicado también el último y definitivo informe donde deberá esclarecer si los acreedores habrían recibido mejor trato de llevar el Popular a un proceso concursal, como se procedió para resolver Banco Madrid.
A diferencia del primer análisis, elaborado con carácter provisional y con intención de servir de base a las decisiones que adoptasen las autoridades de resolución, el último será vinculante. Europa tendrá que compensar a los inversores en caso de que el diagnóstico les resulte favorable, y el dictamen influirá además en la posible activación de los seguros CDS que protegían a los bonistas en caso de quiebra del Popular -credit default swaps-. El despacho ha pedido directamente a la Junta de Resolución sustituir a Deloitte para este último trabajo, y amagó con iniciar acciones legales de no ser escuchado.
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