Jueves, 19.07.2018 - 01:49 h
El grupo empresarial catalán

Los Carulla mantienen el control de Agrolimen con dos firmas en Holanda

Se trata de Merimare y Venelpark. La primera estuvo inmersa en la acusación de fraude fiscal que los Carulla cerraron con un pacto con la Fiscalía.

Imagen de un envase de Gallina Blanca, controlada por Agrolimen.
Envase de Gallina Blanca, controlada por Agrolimen.

Una sociedad familiar con sólo dos accionistas de referencia con una participación superior al 10%. Ambos domiciliados en Holanda. Agrolimen, el grupo empresarial catalán controlado por la familia Carulla, propietarios de Gallina Blanca, entre otras empresas, tiene como sociedades de referencia de su accionariado dos firmas con sede en los Países Bajos. Se trata de Merimare Investment Amsterdam BV (con la que actualmente controlan el 16,06% de Agrolimen, según el Registro Mercantil); y Venelpark BV (con la que suman un 13,99%, según datos al cierre de 2016).

Los Carulla mantienen ambas sociedades pese a que la primera de ellas arrastra un pasado a sus espaldas. En 2014, cinco de los seis hermanos Carulla Font llegaron a acuerdo con la Fiscalía para cerrar una causa de fraude fiscal. Pagaron 6,4 millones por una operación de compraventa de acciones entre sociedades del grupo valorada en 61 millones.

Los hechos se remontan a 2006, cuando vendieron acciones de Arbor Investment, que eran propiedad de Merimare. La compradora, la propia Arbor. Una operación valorada en 61 millones de euros que 'esquivó' su paso por Hacienda. Sólo se condenó a Lluís Carulla, pero no hubo cárcel porque se sustituyó por una pena de 8 meses de multa con cuota diaria de 6 euros.

Lluís Carulla entonces ejercía como presidente ejecutivo de Agrolimen. Hoy sigue siendo consejero en representación de Minllu Empresarial, sociedad que gestiona el 5,59% del accionariado. Comparte el órgano de dirección con sus cinco hermanos y sólo uno de ellos, Jordi, está en él a título personal, según el Registro.

Hacienda investiga Agrolimen, el imperio de la familia Carulla, en plena crisis independentista
Jordi Carulla.

La presidencia ahora está en manos de Artur (Minar Empresarial, que también tiene el 5,59%, el mismo porcentaje que todas las sociedades presentes en el consejo). Además, están María (Minma Empresarial), Montserrat (Minmonts Empresarial) y Aurèlia (Minau Empresarial). Todas estas firmas familiares comparten sede social en la Avenida Diagonal de Barcelona.

Las dos sociedades holandesas también comparten domicilio fiscal, en Amsterdam. La operativa holandesa permite utilizar una figura con ventajas fiscales y completamente legal. Se trata del denominado 'privilegio de filiación'. Este posibilita a una compañía con sede en Holanda, que mantenga una participación de al menos un 5% en una filial en otro país, eximirla del pago al fisco por los dividendos que genere esa participada.

Los Carulla sellaron aquella disputa con Hacienda pero Agrolimen sigue bajo la lupa de la Agencia Tributaria. El pasado ejercicio, le volvió a abrir inspección. Es la cuarta vez que lo hace en la última década. Unos procedimientos que, en algunos casos, se han saldado a favor de la sociedad, aunque Agrolimen no da cifras al respecto.

El último análisis de Hacienda, que se conozca hasta el momento, se llevó a cabo el 30 de junio de 2016. Se abrió inspección a tres compañías del grupo: la matriz Agrolimen, Biocentury (que vendió hace un año) y a la empresa de servicios Ridere para analizar el pago de su Impuesto sobre Sociedades consolidado (entre 2011 y 2013), IVA (2012/13) y, para estos mismos años, retenciones y rendimientos de trabajo, capital mobiliario e imposición de no residentes, según detalla en su memoria del último ejercicio.

Un informe anual en que la sociedad, que controla once empresas de manera indirecta (suman un valor contable de 835 millones de euros) y medio centenar de forma indirecta, también recoge un tirón de orejas por parte del auditor de la sociedad por la falta de información sobre la retribución de su consejo.

PwC incluye una salvedad en su informe de auditoría en el que apunta que las cuentas del grupo "no incluyen información relativa al importe de los sueldos, dietas y remuneraciones, de cualquier clase, así como obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida devengados en el curso del ejercicio y del ejercicio anterior por el personal de alta dirección y el consejo de administración".

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