Los pisos colmena que pasan de licencias: "Cuando nos cierran uno, abrimos otro"

"Las listas de espera son muy largas, los pocos que logran vivir en las 'colmenas' son muy afortunados", cuenta Marc Olivé, socio fundador del proyecto de viviendas ilegales que retan al Ayuntamiento de Madrid. Hace unos días se conocía la noticia de que Haibu 4.0 llegaba a la capital española para inaugurar diez localizaciones en las que vivirán hasta 579 personas en habitáculos de menos de dos metros cuadrados en los que es imposible estar de pie. Se trata de viviendas comunales en las que cada persona vive en un 'piso ataúd' similar a los de las megaciudades asiáticas como Tokio o Hong Kong. 

Y es que no solo la propuesta de la empresa es extraña, la manera de administrarla también. La compañía nació en 2018 en Barcelona y desde entonces ha luchado contra el Gobierno de Ada Colau, que nunca ha permitido la actividad de la empresa y ha intentado detener sus actividades no pocas veces. "Busca mi nombre en Google y seguro te aparecerá la multa de un millón de euros con la que me amenaza la alcaldesa", señala entre risas el fundador y gerente de Haibu 4.0, que cuenta que su estrategia para evadir al Ayuntamiento de Barcelona es no desvelar dónde se encuentran sus 'colmenas' en la ciudad catalana. "La estrategia es simple: nadie sabe dónde estamos ni cuántas viviendas tenemos, y si nos cierran una, abrimos otra en un lugar distinto", afirma Olivé, desenfadado. 

Con esta mentalidad, la compañía llega ahora a Madrid. Desde el Ayuntamiento de la capital confirman a La Información que "tienen claro que esta nueva tipología de habitar en una ciudad a través de nichos no cumple unas condiciones mínimas en materia de iluminación o ventilación". Y buscarán frenar esta tipo de 'vivienda' que "no cumple con los requisitos de confort y habitabilidad que se exigen en la ciudad". Sin embargo, a Olivé esto no le quita el sueño y anuncia que irán "sobando y sobando" a las administraciones públicas para saltarse las normas y seguir con su negocio, que empezará a operar en ciertos puntos de la ciudad la próxima semana e irán abriendo las diez residencias conforme se llene el cupo de admisión de cada una de ellas. 

Sobre los terrenos en los que se encuentran estas casas comunales, el fundador de Haibu 4.0 cuenta que tienen tanto terrenos propios como alquilados, aunque no entra en más detalle sobre la cuestión. Y señala que, a veces, las viviendas las construye la empresa en base a sus necesidades o si encuentran algún edificio vacío que les sirva lo adaptan y lo utilizan para crear una 'colmena'. Olivé confirma estos datos, pero poco se sabe sobre quién está detrás del proyecto: parece que él es la única cara pública, lo que levanta sospechas sobre su financiación y la legalidad del mismo.

Por eso, desde la dirección de Urbanismo de Madrid advierten a los ciudadanos que les "'parece peligroso que determinados agentes de la iniciativa privada intenten lucrarse de la desdicha de la gente en base a una falta de información y, sobre todo, de una falta de cumplimiento de la norma" y piden "que no se dejen embaucar por cantos de sirena".

Los pisos que ofrece Haibu 4.0 se apilan unos encima de otros y pueden ser habitáculos individuales o dobles. Los más pequeños son de 1,2 metros de altura y una superficie de 2,2 por 1,2 metros, por 215 euros mensuales. En los medios, la altura va hasta los 2,5 metros y los "dobles", con espacio para dos camas o una cama junto a una cuna, cuestan 315 euros. Estarán localizados en Vallecas, Vicálvaro, Avenida de América y Puerta de Castilla, entre otras localizaciones. 

Para poder vivir en una 'Casa Haibu' la persona debe haber residido en la misma provincia en donde se encuentra la 'colmena', tener entre 22 y  47 años y carecer antecedentes penales. Están diseñadas para personas trabajadoras y estudiantes "que todavía no pueden pagarse un piso en otro lugar" y no aceptan turistas.  Hay zonas "especiales" para las parejas o familias que quieren rentar estas viviendas. El tiempo mínimo de estancia es de seis meses y el máximo, dos años. 

A la vivienda comunal no se pueden llevar visitas y esta prohibido mantener relaciones sexuales a menos de que se alquile una habitación doble, "para no molestar al resto de arrendatarios". Tampoco se puede fumar ni consumir alcohol y las expulsiones se pueden dar en las 24 horas siguientes al incumplimiento de cualquiera de las normas.