Los diez interrogantes que debe aclarar König sobre el inaudito crack del Popular

  • Los diputados pondrán contra las cuerdas a la presidenta de la Junta de Resolución para destapar datos ocultos sobre el colapso y venta del banco.  
La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König.
La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König.

Se encuentra bajo la diana, por acción y omisión, en el sorpresivo e inaudito colapso del Popular. A Elke König ya le han llovido hasta demandas personales en la Audiencia Nacional por acelerar la sangría de fondos que acabó por cercenar su viabilidad cuando reconoció que el banco era objeto de monitorización por parte la Junta Única de Resolución (Jur), organismo que preside y firmó su defunción como entidad independiente.

Pero su locuacidad de entonces se tornó en un férreo oscurantismo cuando el banco cayó que desespera a los más de 300.000 accionistas y bonistas que vieron esfumarse sus inversiones de la noche a la mañana. Este lunes viene a España, citada por la comisión del Congreso que investiga la crisis bancaria. Los diputados buscarán ponerle contra las cuerdas para desentrañar los entresijos que rodearon al fin del sexto banco nacional, si bien la comparecencia de la alemana podría ser más testimonial que aclaratoria ya que desea agilizar su regreso a Bruselas, indican fuentes políticas.

Sobre el tapete, el asunto vital es el informe de Deloitte, que ya ha negado por dos veces al Congreso y recientemente accedió a divulgar, en versión limitada, al Panel de Recursos de la propia JUR al que acudieron varios inversores afectados. El documento se ha convertido en clave de bóveda en los tribunales para defender los intereses de inversores que vieron cómo su propiedad en acciones y bonos pasó de más de 3.000 millones de euros a cero para cubrir agujeros en el banco.

Guardado bajo cofre se presupone que su contenido detalla los escenarios utilizados por Deloitte para concluir que el Popular valía entre -8.000 y +1.300 millones, con un escenario central de -2.000 millones. Una horquilla que, por amplia, ha provocado ácidas críticas de falta de seriedad por parte de los inspectores del Banco de España mientras la JUR trató de restarle importancia argumentando que el precio vino determinado por la oferta del Santander, al ser la única existente.

Más allá del vital número hay un largo etcétera de puntos oscuros sobre por qué se extinguió el banco y si pudo hacerse algo más. Una gran incógnita es cómo no pudo ser rescatado si superaba el umbral de solvencia exigible, convirtiéndose, a la postre, en la primera resolución de una entidad capitalizada y la que estrenó el sistema europeo de la JUR.

O, a la inversa queda la duda de, si los ratios divulgados y visados por supervisor y auditores eran incorrectos. La idea que sobrevuela es que cumplía por los pelos y dejaría de hacerlo cuando reconociese el déficit de miles de millones en provisiones que acusaba el enladrillado balance, en cuyo caso la pregunta es si el supervisor (BCE desde 2014) fue demasiado permisivo con su gestión.

El banco entra en una cotrarreloj hacia el colapso cuando el dinero sale a raudales a medida que las malas noticias le cercan. Entre ellas, las citadas declaraciones de König a Bloomberg el 23 de mayo, reconociendo que el Popular preocupa, y que Reuters confirmará de funcionarios europeos el 31 de mayo -episodios coincidentes con salidas de más de 4.000 millones en depósitos al dispararse el pánico-.

¿Se pudo hacer más para inyectar liquidez?

No hay claridad sobre los esfuerzos efectuados para contener la hemorragia porque su evolución y solicitud de fondos al BCE es confidencial, lo que no contribuye a vislumbrar el rol jugado por el organismo y la diligencia de los gestores para ir a su ventanilla. ¿Tuvo alguna oportunidad de lograr fondos con aval del Tesoro o por qué no cuando sí la recibieron cajas insolventes? ¿Las administraciones públicas que sacaron su dinero, aumentando el agujero, recibieron algún chivatazo?

El inversor y consejero del banco, Antonio del Valle, ha denunciado al Tribunal de Luxemburgo que la resolución abortó el plan ‘B’ del banco cercenando su carrera independiente con una mega ampliación de capital o fusión. Si no lo hace la JUR, los tribunales deberán depurar si se frustró o fue irreal, así como evaluar si la quita aplicada a los inversores fue excesiva o pudo ‘salvarse’ parte de la inversión de accionistas y bonistas.

La existencia de un Santander, que inyectó en horas 13.000 millones de euros en liquidez y 7.000 millones en capital, permitió no tener que llevar al Popular a concurso de acreedores aquel fatídico 7 de junio. Pero no está nada claro si falló el mecanismo de resolución europeo que se estrenó ese día, con su consiguiente ejercicio de prueba y error. 

La propia JUR ha pedido un ramillete de mejoras para evitar volver a tener que actuar en horas lo que impide poder comprar tiempo para entidades que se asfixian y así maximizar su precio en una subasta con más postores. Luego, ¿el sistema funcionó como debía o cabe responsabilidad de sus diseñadores si los fallos condenaron la triste solución?

La alemana König, recientemente renovada en la presidencia de la JUR, ha sido esquiva con el Popular cuando el tema ha surgido en los foros a los que acudía, limitándose a subrayar que se evitó el contagio para deuda soberana y banca y se protegió a los depositantes. Trae el tiempo tasado pero sería, al menos, deseable que despeje por qué el banco español no tuvo las opciones de salvamento que sí permitió a los bancos italianos.

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