Los supervisores se reconcilian con las criptomonedas esperando su regulación

Los supervisores empiezan a darse cuenta de que no pueden continuar nadando a contracorriente de la moda de los mercados financieros. Las criptomonedas han experimentado un extraordinario e imparable auge durante los últimos meses, sobre todo desde que estalló la crisis sanitaria consecuencia del coronavirus. En Europa, los operadores esperan con ansias el primer reglamento de aplicación a estos activos basados en tecnología blockchain y que se prevé que esté aprobado en 2022. Mientras llega esta normativa desde Bruselas, en España la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) prepara una circular para controlar la publicidad en este tipo de inversiones.

La relevancia de los criptoactivos es tal que hasta los principales bancos centrales empiezan a estudiar la creación de sus propias monedas digitales. En un informe reciente, el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), organismo propiedad de numerosos bancos centrales, ha dado su respaldo total a la emisión de estas monedas digitales, asegurando que es necesario para modernizar las finanzas y garantizar que las 'Big Tech' no tomen el control del dinero.

El conocido como 'banco central de los bancos centrales del mundo' estima que en torno a 56 autoridades monetarias, que representan alrededor de una quinta parte de la población mundial, están considerando las monedas digitales a medida que los hábitos de consumo cambian completamente. Benoit Coeuré, del BIS, cree que si la banca central no se mueve en esta dirección, las grandes tecnológicas, como Facebook, acapararán esta actividad utilizando sus amplias bases de usuarios de redes sociales. Los organismos centrales deben defenderse ante esta amenaza. 

El BIS calcula que 56 autoridades monetarias, que representan una quinta parte de la población mundial, están considerando las monedas digitales

Esta posición es más relevante si cabe si se tiene en cuenta el significativo avance del comercio electrónico, impulsado tras las medidas de distanciamiento social impuestas alrededor de todo el planeta para contener la expansión del Covid-19. La mayoría de instituciones considera que este giro en los hábitos de compra ha venido para quedarse y así se confirma si observa la mayoría de indicadores. 

Según las últimas estadísticas disponibles del Banco de España, las retiradas de dinero en efectivo se han desplomado desde 2019 y los terminales de punto de venta (TPV) no han dejado de crecer. Ya son más de 2,09 millones de máquinas las dispuestas por las entidades financieras. BBVA Research calcula que las compras con tarjeta en la segunda semana de junio se incrementaron un 36% en España frente a un año antes y un 25% en comparación con la misma semana de 2019, exenta del efecto Covid. El servicio de estudios del banco constata un alza del comercio online del 54% frente a 2019.

Dada esta evolución, es comprensible que el Banco Central Europeo (BCE) estudie la posible emisión de un euro digital y que la Comisión apoye estos esfuerzos. No obstante, también hay que guardar la prudencia. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) emitió hace unas semanas un dictamen sobre esta iniciativa. La institución ve positivo su planteamiento, pero pide un análisis con gran detenimiento, sobre todo en el ámbito de los datos. "La privacidad de las operaciones debe considerarse como un derecho del usuario del euro digital, junto con otras características del dinero efectivo", recoge el documento. La idea es que el euro digital entre en circulación en 2025. Otros muchos países avanzan en su implementación, como Japón o Reino Unido. China, Bahamas y varias islas del Caribe ya cuentan con su propia moneda digital respaldada por un banco central. 

Pero además de usarse como moneda, los criptoactivos también representan un valor para la inversión. Este asunto es que el que preocupa principalmente a los supervisores, puesto que ha provocado que muchos minoristas se lancen a la especulación en un entorno de máxima volatilidad. Aunque han dejado de relacionarlo con el fraude, creen que es necesaria una regulación que proteja al consumidor y que le permita conocer los riesgos asociados. La Comisión europea trabaja ya en el Reglamento para un Mercado en Criptoactivos, conocido como MiCA. 

La CNMV ha mantenido desde hace meses un tono de alerta sobre la inversión en criptoactivos, llegando a emitir varias comunicaciones junto al Banco de España para alertar sobre los riesgos, debido a que todavía no son un producto regulado ni supervisado. Como tal, los mecanismos de formación de precios no están sujetos a las normas en contra del abuso del mercado a diferencia de los activos financieros tradicionales. Asimismo, existen riesgos importantes en cuanto a la custodia. 

"Las ofertas fraudulentas en cada época se centran sobre el activo de moda, que ahora es el criptoactivo. No se debe caer en la idea equívoca de que todas lo sean"

El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, dijo la semana pasada que no quiere asociar los criptoactivos con el fraude, ya que "en absoluto" considera que sean dos conceptos que van de la mano. En cambio, aunque no le genera  ninguna preocupación desde esta perspectiva, ha admitido que en alguna parte se solapan. El organismo supervisor ha detectado un fuerte incremento de episodios de fraude financiero en general. Los 'chiringuitos financieros' acumulan 800 millones de euros en reclamaciones. En muchos casos son ofertas de inversión vinculadas al activo del momento, como ocurre siempre, que en este caso son los criptoactivos. 

"Me parece importante subrayar que las ofertas fraudulentas en cada época se centran sobre el activo de moda, que ahora es el criptoactivo. No se debe caer en la idea equívoca de que todas las ofertas son fraudulentas", quiso remarcar Buenaventura en su intervención en los Cursos de Verano organizados por la APIE en Santander (Cantabria). A la espera de la normativa MiCA, el Gobierno ha dado las herramientas a la CNMV para emitir una Circular que supervise la publicidad en las ofertas de estos productos, que actualmente se encuentra en fase de consulta pública. Los comentarios se pueden enviar hasta el próximo 31 de agosto. Este documento no contendrá ninguna norma sobre los productos en sí mismos o sus proveedores, sino únicamente sobre los requisitos que deberá cumplir la actividad publicitaria que persiga su ofrecimiento como posible inversión.