El departamento que dirige María Jesús Montero trazó la línea roja de forma muy clara hace ya unos meses: no habría ni un euro para sufragar prejubilaciones de trabajadores de empresas públicas. Todo aquel que quisiera hacer algo en ese ámbito debía echar cuentas y convencer a los estrictos funcionarios del Ministerio de Hacienda de que los retornos de su 'plan de rejuvenecimiento de plantilla' compensarían el esfuerzo inicial realizado para enviar a casa a sus trabajadores más veteranos. La orden de Hacienda obligó a varias empresas públicas a replantear los esquemas ya pactados con los sindicatos en busca de ese exigido equilibrio presupuestario y entre ese grupo de empresas estaba Correos.
Los sindicatos firmantes del Acuerdo para la Mejora del Empleo en la empresa postal estatal para el periodo 2018-2020 (CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre) acordaron con la empresa incluir en el mismo un plan de rejuvenecimiento de la plantilla, apoyado en un programa de jubilaciones parciales, que abría la puerta de salida antes de los 65 años a varios cientos de trabajadores 'de calle' con largas trayectorias profesionales "a una edad razonable, y de una forma anticipada, digna y suficientemente compensada", según se glosaba entonces.
Durante los últimos meses, desde la firma del acuerdo en diciembre de 2018, la Dirección de Correos ha venido negociando con los representantes de los trabajadores un esquema que permitiera compatibilizar ese programa de salidas anticipadas de trabajadores comprometido en el acuerdo con el imperativo fijado por Hacienda de que el mismo no le cueste dinero a la empresa y, por consiguiente, al erario público. El trabajo ha dado sus frutos y hace unos días Correos presentó a los sindicatos un esquema que, a falta del visto bueno oficial de Hacienda, cumple con esos condicionantes. ¿El problema? En principio, sólo tiene margen para garantizar la salida efectiva de uno de cada tres potenciales beneficiarios que se identificaron inicialmente, según la estimación que la empresa ha trasladado a los sindicatos, indican fuentes sindicales.
Los cálculos del operador postal apuntaban a que en 2020 cerca de 300 empleados estarían en condiciones de acogerse a este programa voluntario de jubilación parcial anticipada al cumplir los requisitos exigidos para ello. Éstos eran: estar dentro de las condiciones que establece la normativa laboral para poder utilizar el contrato de relevo y haber alcanzado ya los 61 años y 10 meses, siempre que se acreditara una carrera de cotización de 35 años; o 62 años y ocho meses, con un carrera de cotización de 33 años. Además, el acuerdo laboral exigía haber pasado más de seis años ininterrumpidos en la empresa.
Algo menos de un centenar de prejubilados en 2020
Según fuentes sindicales, en la reunión celebrada el pasado mes de diciembre para trasladar las características de este programa de jubilaciones anticipadas a los sindicatos, la empresa les comunicó que bajo los condicionantes financieros establecidos por Hacienda de ese universo de cerca de 300 potenciales beneficiarios, la empresa sólo podría sufragar el retiro anticipado de unos 90, algo así como la tercera parte, porque ése es el alcance previsto en el Programa Operativo Anual.
Los responsables de Recursos Humanos del operador postal estatal también trasladaron a los sindicatos los criterios que se tendrían en cuenta para priorizar esas salidas, en el caso de que las solicitudes superaran la disponibilidad de plazas del programa. El primer criterio será la salud del trabajador, de modo que Correos facilitará la salida a los empleados que estén en unas condiciones psicofísicas más precarias para el desempeño de su puesto de trabajo, una evaluación que realizará la Subdirección de Promoción de la Salud de la compañía.
En segundo lugar, Correos priorizará la salida anticipada de aquellos trabajadores que ocupen un puesto menos estratégico para la compañía o figuren en departamentos ya suficientemente dotados de personal. El tercer criterio será la edad del trabajador, es decir que a igualdad de condiciones se facilitará la salida del trabajador de mayor edad. El cuarto y último criterio será la antigüedad del empleado en la compañía.
Los empleados que se acojan a este programa, que la empresa espera poder activar a lo largo del primer semestre de 2020, verán reducida su jornada en un 75% de su duración y acumularán el 25% restante de forma agregada, de modo que continuarán trabajando en la compañía a jornada completa hasta agotar el periodo que les reste hasta su jubilación definitiva según este esquema. Según las condiciones del acuerdo, el relevista deberá ser un trabajador con un contrato de duración determinada con Correos o un desempleado.
La compañía ha definido este esquema en función de los parámetros exigidos por el Ministerio de Hacienda pero ahora deberá recibir el visto bueno de la SEPI, del Ministerio de Seguridad Social -que debe avalar el uso del contrato de relevo para estos fines- y sobre todo del Ministerio de Hacienda para poder ponerlo en marcha.
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