El próximo día 29 de julio se da luz verde a la Operación Chamartín, uno de los escollos urbanísticos más fuertes del pasado mandato de Manuela Carmena. PP, Cs, y Más Madrid han asegurado sus votos a favor y, aunque PSOE y Vox no se han pronunciado, suman el 70 % suficiente para sacar adelante el proyecto conocido como Madrid Nuevo Norte. Cuando Ahora Madrid llegó al gobierno municipal en 2015 paralizó la enésima reforma del proyecto urbanístico, que había desarrollado el equipo de Ana Botella.
Atentos a las manidas cifras definitivas que se han ido engordando a lo largo de 25 años de bloqueo político. Pero, ojo, todo con el tedio propio de la Administración. La previsión es que las obras de urbanización arranquen a finales de 2020 (fase que deberá estar concluida en 2028) en una remodelación que tiene un plazo previsto de ejecución de 24 años, según ha detallado el Ayuntamiento.
Según el último acuerdo alcanzado por las tres administraciones implicadas en su puesta en marcha (el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento), supondrá la construcción de 10.500 viviendas, de las que el 24% tendrán algún tipo de protección, además de la remodelación de la estación ferroviaria de Chamartín y la cobertura de sus vías, y la promoción de un gran centro de negocio.
Se trata 3,3 millones de metros cuadrados que se extienden a lo largo de más de cinco kilómetros de longitud en dirección norte sur, desde los alrededores de la Plaza de Castilla hasta la proximidad del monte de El Pardo. Todo articulado las vías de la estación de Chamartin que ejerce de eje de este nuevo desarrollo. El Ayuntamiento calcula un impacto económico de 18.260 millones de euros en toda la región y la creación de 241.700 nuevos empleos, de los que dos tercios repercutirán en el espacio metropolitano.
Pero el camino ha sido largo. La operación se gesta en 1991, con Joaquín Leguina en la Comunidad y Agustín Rodríguez Sahagún en el Ayuntamiento (CDS). Sus primeros pasos llegan dos años después cuando el entonces ministro de Obras Públicas y Transporte, Josep Borrell, adjudicó el desarrollo a un consorcio liderado por el banco Argentaria (ahora integrado en el BBVA). El proyecto preveía cubrir las vías del tren y reformar la estación de Chamartín, y construir sobre 310.000 metros cuadrados propiedad de Renfe ocupados por vías y espacios muertos en el entorno de la estación.
Las demandas de los 1.100 expropiados
La Comunidad de Madrid y el Consejo Rector acuerdan modificar el PGOUM en 1999 durante el mandato del popular Álvarez del Manzano en el Ayuntamiento y en la Comunidad, Alberto Ruiz Gallardón. Y aquí surgen unos problemas inesperados. Los 1.100 propietarios de los terrenos, a quienes expropiaron a mediados del siglo XX para construir la estación de Chamartín, llevan la operación a los tribunales. Piden revertir la expropiación, porque el plan general cambia el uso del suelo que la justificó. Presentan la denuncia en el 2000 y la Audiencia Nacional no la rechaza hasta 2009. Entonces, el Ayuntamiento liderado por Ruiz-Gallardón aprueba el plan parcial de prolongación de la Castellana.
En 2013, con el popular Ignacio González en la Comunidad y Gallardón en la alcaldía, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anula parcialmente el plan urbanístico por permitir construir rascacielos de más de cuatro alturas. Dos años después, nace las tres administraciones reforman el proyecto bajo el nombre Distrito Castellana Norte (DCN). El proyecto se somete a revisión ya que Manuela Carmena entra en la alcaldía con Mas Madrid.
Un plan con 3.200 alegaciones
En este momento la operación son 6.000 millones de euros –que invertiría el Consorcio Castellana Norte, compuesto por BBVA, al 76%, y la constructora San José, al 24%–. Y, según el Ayuntamiento, "se busca ampliar el consenso para lograr las mejores soluciones y desarrollar una intervención urbana vertebradora y sostenible que reequilibre la zona, siempre con el criterio de la transparencia". El Ayuntamiento plantea entonces reducir a la mitad el área urbanizable (hasta 1,7 millones de metros cuadrados) y el número de viviendas a 4.600. Junto con el PSOE rechazan la Operación Chamartín. Era 2016.
No es hasta abril de 2018 cuando hay un acuerdo entre Fomento, el Ayuntamiento y Distrito Castellana Norte. Pero llega a pleno en 2019 después de la friolera de 3.200 alegaciones. A Carmena se le echa las elecciones encima y no tiene los informes a tiempo para elevarlos en pleno. El 29 de julio será el edil José Luis Martínez-Almeida, del Partido Popular, el que dará el visto bueno a la operación inmobiliaria más ambiciosa de la capital con el apoyo de Cs, y Más Madrid, sumando así el 70 % de los votos del pleno.
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