Barcelona acabó cediendo. La Generalitat de Cataluña ha propuesto al sector del taxi un decreto 'anti Uber' que contempla una de las medidas exigidas por los huelguistas: la ampliación del periodo para precontratar un servicio de Uber y Cabify hasta un mínimo de una hora, lo que pone contra las cuerdas a ambas plataformas. Este movimiento 'in extremis' de la administración catalana sienta un precedente y mete presión a la Comunidad de Madrid que, pese a las movilizaciones, ha decidido no incluir esa exigencia en su decreto 'exprés'.
Hoy arranca la feria internacional de turismo Fitur en Ifema. Es uno de los grandes eventos y los taxistas buscan bloquearlo para tratar de presionar a la Comunidad. El objetivo: lograr torcer el brazo de su presidente, Ángel Garrido, que se ha negado en rotundo a incluir la precontratación. Ni siquiera ha fructificado una reunión de urgencia, celebrada durante la madrugada del martes al miércoles entre sector y el Gobierno madrileño, que volvió a terminar sin acuerdo.
El sector del taxi acudía mientras en Cataluña este martes a la segunda reunión de la semana con el conseller de Territorio. Y lo hacía con el fin último de apretar al máximo para conseguir aumentar ese tiempo de precontratación (cuanto mayor sea el plazo, más daño hace a Uber y Cabify, en cuyas plataformas la inmensa mayoría de los servicios se contratan de manera inmediata). La fijación de éste en un mínimo de 15 minutos el pasado viernes fue el detonante del inicio de la huelga indefinida.
Durante las casi cuatro horas de encuentro, finalmente se certificó la última cesión del Gobierno catalán: ampliarlo a una hora con una argucia legal con la que evitar que fuera 'tumbado'. ¿Cómo? Permitirá jurídicamente al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para que lo aumente hasta una hora a través de un reglamento. De esta forma, avala jurídicamente al organismo en un posible proceso judicial tras un recurso presentado ante el TSJ de Cataluña.
El decreto, según explicó el conseller, se aprobará el próximo martes para que entre en vigor el miércoles y contará también con la prohibición de que los VTC puedan usar la geolocalización antes de ser contratados y que puedan estacionar en la vía pública (para evitar que capten clientes a través de la aplicación).
Presión para Madrid
Hoy todas las asociaciones del taxi en Cataluña deberán decidir si finalmente lo respaldan en una asamblea a media mañana. Lo hagan o no, la realidad es que este movimiento complica la negociación de la Comunidad de Madrid con el sector. La reunión del pasado lunes acabó en ruptura precisamente por la decisión de dejar en manos de los ayuntamientos la fijación de esa precontratación.
Madrid llegó incluso a mirar al Ministerio de Fomento, reclamando que tome cartas en el asunto. Ángel Garrido culpó al departamento liderado por José Luis Ábalos de transferir "un problema nacional a las comunidades autónomas". Y le exigió que diera la cara y que actuara para resolver el problema que él mismo creó con su decreto ley del pasado mes de octubre.
Indemnizaciones milmillonarias sobre la mesa
Al margen de lo que haga Madrid, lo que sobrevuela en ambas administraciones regionales es el temor a un aluvión de indemnizaciones. La patronal de las VTC advirtió la semana pasada que reclamarían el pago de 1.000 millones de euros por daños y perjuicios sólo en Cataluña.
¿Que sustenta esas indemnizaciones? Entienden que se trata de modificaciones sustanciales de la prestación del servicio en mitad de una indemnización ya pagada por el Estado en tiempo (los cuatro años ampliables a seis de periodo de gracia antes de convertir a las VTC en plataformas interurbanas).
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