Madrid busca la forma de hacerse fuerte en el Consejo de General de la Abogacía

Madrid no es España, pero por su peso en el mundo de la abogacía bien se podría pensar que es la referencia indiscutible a nivel nacional. El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) aglutina a cerca de 77.000 letrados, un tercio de los 249.153 en España. Pese a tratarse del colegio profesional más grande de Europa, esta proporción no se ve reflejada en su representación ni participación en el seno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), el organismo ejecutivo superior responsable de ordenar el ejercicio profesional y exigir a sus miembros el cumplimiento de los deberes profesionales y deontológicos. 

Actualmente, los intereses de los abogados madrileños están representados a nivel nacional por José María Alonso. El decano del ICAM ostenta la vicepresidencia del CGAE, cargo desde el que está presente en la toma de decisiones y participa activamente en los debates del pleno que encabeza Victoria Ortega. Desde su posición, Alonso ha tratado de ejercer una mayor influencia en el órgano bajo la tesis de que debe elevarse el peso en la gobernanza de los colegios más relevantes. 

Pero, de momento, no ha tenido mucho éxito en sus pretensiones. Ni siquiera cuando hace unos años, en 2018, Alonso trató de consensuar posiciones con el colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) en temas determinantes para la abogacía española. Todo de cara a ganar fuerza real -dado que representativamente suman más de la mitad de los colegiados que existen en España- frente a los colegios más pequeños, los cuales se han resistido históricamente a ceder terreno. Al fin y al cabo, todas las decisiones del consejo deben ser aprobadas por el pleno, donde tiene el mismo valor cada voto de los 83 colegios de Abogados representados, independientemente de su tamaño.

Las responsabilidades de José María Alonso al frente del ICAM le han impedido plantear cualquier asalto

En los mentideros del sector siempre se ha hablado que las aspiraciones máximas de Alonso son llegar a situarse al frente del CGAE. Ahora bien, sus responsabilidades al frente del ICAM le han impedido plantear seriamente cualquier asalto a la presidencia, cuyo mandato se renueva cada cuatro años y no tocarían elecciones hasta 2024, puesto que Ortega fue renovada en 2020. En teoría, tampoco ayuda el telón de fondo de los comicios al colegio madrileño, previstos para finales de este año y donde Alonso todavía no ha manifestado si se presentará o no.

Con todo, desde el entorno del colegio madrileño ven propicio el momento actual para, al menos, ir tomando posiciones ante un futuro escenario electoral. En primer lugar, interpretan que el reciente nombramiento de Maria Eugènia Gay, decana electa del ICAB, como delegada del Gobierno en Cataluña despeja el camino de Madrid para tener un protagonismo mayor en el día a día del consejo. 

Por su elevada exposición y papel institucional, Gay es considerada por muchos la colaboradora más estrecha de Ortega y, hasta cierta medida, su posible sucesora en el futuro. Sin embargo, la aceptación del cargo en el Ejecutivo ha supuesto su renuncia como decana de la corporación, pasando a ser sustituida por Jesús Sánchez, actual vicedecano, en cumplimiento del artículo 77 de sus estatutos. De hecho, este último acaba de tomar posesión como consejero del CGAE, si bien la comisión de Relaciones Internacionales que presidía Gay ha quedado descabezada.

En segundo lugar, el pleno del CGAE acaba de convocar elecciones para cubrir diez de las doce plazas de consejeros y consejeras electivos. Son plazas reservadas a profesionales de reconocido prestigio y elegidos libremente por el pleno. Aunque su voto tiene el mismo peso que el del resto de miembros del pleno, cuentan con capacidad de influir y asesorar en las distintas comisiones. A este respecto, fuentes del ICAM señalan que el decano busca aprovechar la coyuntura para sumar apoyos y situar candidatos en la carrera, ya que temen que las vacantes sean cubiertas por perfiles cercanos a Ortega.

Las elecciones tendrán lugar durante la reunión del pleno convocada para el próximo 24 de febrero. La principal novedad con respecto a procesos anteriores es que los candidatos deben acreditar una antigüedad mínima de quince años en el ejercicio de la abogacía. Los dos únicos puestos que no se renuevan están ocupados por Rafael Bonmatí y Carmen Pérez Andújar, que fueron elegidos en 2019. Mientras que el primero accedía al cargo tras haber sido decano del Colegio de Abogados de Valencia, la segunda repetía tras su designación en 2014. Pérez Andújar entró en el consejo con el aval de Sonia  Gumpert, anterior decana del ICAM, pero nunca ha sido persona de confianza de Alonso.