Los recortes a las empresas gasistas propuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) siguen pendientes tras nueve meses de polémica. Competencia elaboró dos circulares para recortar la retribución de las compañías, una sobre distribución y otra sobre peajes, y las dos siguen pendientes de los informes del Consejo de Estado. Las empresas del sector, desde la más grande (Naturgy), a las más pequeñas, se juegan mucho en el envite. Lo que diga el Consejo de Estado puede ser munición ante los tribunales. Las empresas ya tienen armada la estrategia jurídica. Madrileña Red de Gas (MRG) ha pedido al Consejo de Estado que avale un paréntesis de al menos 10 años para aplicar los recortes que impulsa el regulador.
La compañía que preside Pedro Mielgo justifica la petición de tregua de 10 años en su "singularidad". MRG nació por obligación. Fue una exigencia de las autoridades de competencia para autorizar la concentración de Gas Natural y Unión Fenosa de 2008. Comenzó a operar en 2010 y es la tercera mayor compañía de distribución de gas en España por número de puntos de suministro. Actualmente cuenta con 900.000. Es también la compañía más apurada por los recortes.
La situación, según la empresa -y los analistas- no pinta bien si el Consejo de Estado respalda los recortes. La agencia de calificación de riesgos S&P ha puesto "bajo vigilancia con implicaciones negativas" a la empresa. En su informe, la firma considera que la distribuidora de gas tendrá dificultades para mantener su índice de crédito BBB. Todo porque con el tijeretazo, su beneficio bruto bajará un 24,3% en 2026 con respecto a los ingresos de 2019. Esto supone una bajada del primer al último año del periodo regulatorio de 34 millones de euros. En términos acumulados, ya que el recorte es gradual , percibirá 124 millones de euros menos de la factura de gas que pagan los consumidores.
Es un golpe difícil de digerir para los fondos que controlan la compañía -Gingko y el holandés PPGM- y en los que están implicados inversores institucionales de Francia y Bélgica entre otros. La sociedad y sus accionistas han afinado sus argumentos para utilizarlos, en su caso, tanto ante los tribunales españoles como en posible arbitrajes internacionales impulsados por los fondos.
Parte del argumentario está en manos del Consejo de Estado. La compañía recuerda al órgano consultivo del Gobierno que MRG nació por imposición de las autoridades de competencia para autorizar la fusión Gas Natural-Fenosa. Unas circunstancias particulares, destacan fuentes cercanas al caso, que estuvieron respaldadas por la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y por el Ministerio de Industria de la época.
Desde esa posición, MRG entiende que con su nacimiento, la nueva compañía no se hizo sólo con unos activos y su valor. Obtuvo también una posición jurídica respaldada por la Administración del Estado para prestar un servicio de interés general. La consecuencia es que los activos sobre los que se quiere aplicar los recortes tienen un valor distinto al mero contable. Con la escisión de la compañía del grupo Gas Natural Fenosa (Naturgy) no sólo se obtuvieron tubos de gas, sino 'know how' y permisos, algo que tuvieron en cuenta los inversores.
Las fuentes legales vinculadas al caso señalan que un cambio en la retribución a la compañía exigiría un periodo de transición para amparar la inversión -intensiva en capital- hasta un mínimo de 20 años. Por eso MRG considera adecuado un periodo que abarcara un periodo regulatorio -seis años- más otro simiperiodo. Total: 10 años.
El Consejo de Estado, que recientemente tumbó la circular de Competencia sobre peajes tiene ante sí un panorama complicado. En el caso de los recortes tiene que valorar, entre otros puntos, si la CNMC ha invadido competencias del Ministerio para la Transición Ecológica; si hay retroactividad y también si existe la posibilidad de que se multipliquen los arbitrajes internacionales. Tendrá que considerar también si ha habido mala praxis en el regulador. Una papeleta.
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