A las tres de la madrugada del viernes 22 de marzo, y tras semanas de enfrentamiento empresarial abierto, José Casas (Endesa), Ángeles Santamaría (Iberdrola) y Ana Peris (Naturgy) firmaron en la sede de la empresa pública Enresa el acta de defunción del sector nuclear en España; un acta en diferido porque el último de los siete reactores en operación no cerrará hasta 2035. Los directivos, imbuidos de plenos poderes, estamparon la firma, pero el acuerdo había sido visado, supervisado, comentado y negociado cuando fue necesario por el consejero delegado de Endesa, José Bogas y los presidentes de Naturgy, Francisco Reynés, y de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán.Todos habían estado en contacto telefónico permanente, entre sí y con sus subordinados. Fue la noche más caliente de las eléctricas en tiempo.
El paso del enfrentamiento a la paz no fue espontáneo, ni fácil. Las tres empresas se habían zarandeado públicamente por el primero de los cierres nucleares pactados con el Gobierno, la central de Almaraz I (Cáceres). También se habían enseñado los dientes el miércoles 14 por el futuro de otra central, la de Vandellós. Ante la posibilidad de una escalada en las hostilidades que podría hacer descarrilar los planes del Gobierno, incluido el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, llamó el jueves uno a uno a los máximos responsables de las compañías para facilitar el acuerdo final. El Ministerio de Transición no ha hecho comentarios al respecto.
A empujones
Recibido el empujón, los primeros espadas de las tres grandes eléctricas, propietarias de todas las centrales nucleares, enviaron a sus capitanes de área al número 7 de la calle Emilio Vargas en Madrid, sede de Enresa. El encargo: pactar una salida al enredo nuclear sin dejar demasiados pelos en la gatera del rival. Se tataba de firmar la paz tras haber chocado durante semanas, divididos en dos bandos -Endesa por un lado e Iberdrola y Naturgy por otro- para intentar sacar ventaja en el plan de apagón nuclear aprobado por el Gobierno. El plan lo habían aceptado a principios de marzo con la firma escalonada del protocolo de cierre de instalaciones diseñado por Enresa, pero había recelos sobre el reparto de las facturas en el proceso de cierre. Endesa consideraba el protocolo "indicativo". Ahora, los cierres pasan a ser difinitivos.
Las diferencias y los recelos ya habían saltado en la primera piedra de toque: Almaraz . La licencia de explotación de la central, propiedad de las tres eléctricas, expira en 2020 y los propietarios debían solicitar renovación antes del 31 de marzo de este año. Con la fecha de cierre fijada con el Gobierno para 2027 (Almaráz II en 2028), Endesa por un lado y Naturgy e Iberdrola por otro discrepaban en el plan de negocio a aplicar en la instalación y qué hacer si las inversiones previstas -400 millones, con un 15% de posible aumento- se disparaban por exigencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El acuerdo ha sido ampliar el margen de inversiones hasta un 50% y negociar hasta llegar a decisiones por unanimidad en el caso de que sea preciso aumentarlas también en el resto de centrales.
"Las inversiones han sido el punto más duro", reconocen fuentes de una de las empresas, en una noche de idas y venidas engrasada por la negociación de los segundos niveles y por reuniones previas de técnicos en el edificio Delta Nova, en Manoteras (Madrid), la sede de Centrales Nucleares Almaraz Trillo (CNAT).
Apagón ¿sin sobresaltos?
El compromiso alcanzado no garantiza que el apagón nuclear discurra sin sobresaltos desde el primer cierre, previsto en 2027 en Almaraz , hasta el último (Trillo, en 2035). Pero sí disipa los recelos entre empresas que amortizan los activos nucleares de forma distinta -Endesa a 50 años y Naturgy e Iberdrola a 40- y a las que el apagón nuclear también afecta de forma distinta. Para Iberdrola y Naturgy, el cierre de nucleares puede suponer una reactivación de las centrales de gas, que ahora funcionan al mínimo.
Despejado el calendario, la empresa pública de residuos Enresa puede avanzar en la aprobación de un nuevo Plan General de Residuos que sustituya al vigente, que data de 2006, y cuyas previsiones ya no sirven. El nuevo plan deberá aclarar a cuánto asciende la factura por almacenar y tratar los residuos radiactivos, así como el coste del desmantelamiento de las instalaciones.
En principio, la noche más caliente de las eléctricas en mucho tiempo ha evitado a las eléctricas un apretón a la caja. Al pactar los cierres y las inversiones, la tasa nuclear que pagan al fondo que maneja Enresa para residuos y desmantelamiento -acumula unos escasos 5.300 millones- subirá como máximo un 20%. Si hubieran mantenido el pulso y hubieran convertido en papel mojado lo pactado con el Gobierno, la tasa se podría haber duplicado. El tiempo dirá si lo firmado es la paz o una sólo una tregua. Y aclarará también el importe final de la factura del apagón y quién lo paga realmente, si las empresas o los consumidores.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios