Es una de las tres normativas que el sector esperaba desde hace más de un año. La ley de ciberseguridad de las redes ultrarrápidas 5G, que permitirá vetar a proveedores de red como la china Huawei, estaba en el calendario pero para finales de este año o principios del próximo. El giro de guión del Gobierno de Pedro Sánchez para acelerar su tramitación y saltarse el debate parlamentario haciéndolo por la vía rápida ha cogido por sorpresa a las grandes operadoras de telecomunicaciones, que mostraron su malestar por no haber sido informados con cierta previsión. Algunas de ellas lamentan que con otras empresas reguladas como las energéticas sí que se ha mantenido un contacto más fluido en las últimas semanas antes de tomar decisiones relevantes.
El Ejecutivo incluyó este asunto dentro del aluvión de decisiones vinculadas a la guerra y la recuperación económica en el Consejo de Ministros de este martes. Pasó completamente desapercibido. Hubo quien entendió incluso que se trataba de la aprobación del anteproyecto de ley por decreto en el Consejo antes de iniciar la tramitación parlamentaria de rigor. No era así. Ni la vicepresidenta económica ni el secretario de Estado de Telecomunicaciones han mantenido encuentros previos con las operadoras para presentarle el texto final e informarle de este cambio de estrategia, según explican varias fuentes del sector.
El Gobierno español justifica la decisión de tramitarlo como decreto ley, evitando la presentación de enmiendas del resto de partidos políticos, por la situación de conflicto internacional derivada de la agresión contra Ucrania y el "elevado riesgo" de ciberataques contra redes y servicios 5G ya desplegadas en España. Pero pese a las prisas actuales, se trata de una normativa que llega tarde, pese a los llamamientos continuos de las operadoras ante la necesidad de contratar con proveedores los primeros despliegues de las redes.
No hay que olvidar que Telefónica, Orange y Vodafone han decidido excluir de manera voluntaria del conocido como 'core' de la red (la parte más sensible, donde se alojan todos los datos) a Huawei. Serán Ericsson y Nokia, principalmente, quienes se encarguen de la construcción. Y esto contrasta con la posición un tanto confusa que ha mantenido el propio Pedro Sánchez en esta materia, defendiendo la posición de la firmas asiáticas. Llegó a asegurar en octubre de 2020: "Vamos a seguir apostando y diversificando las alianzas con otras operadoras internacionales, no sólo de nuestro continente sino también chinas".
Desde el sector apuntan que esta falta de diálogo previo contrasta con la que se ha vivido en otros sectores afectados por esta crisis como el de la energía. Insisten en que se han mantenido encuentros más o menos regulares con las principales compañías del sector para transmitir las principales medidas fiscales u operativas para afrontar la fuerte subida de la factura. Echan de menos la celebración de una serie de encuentros para presentar previamente el texto del decreto para poder al menos conocer previamente los diferentes pasos a dar en los próximos meses. Las operadoras tendrán un máximo de tres meses para presentar sus 'alegaciones' respecto a los suministradores técnicos antes de que el Gobierno apruebe una primera lista de las empresas de alto riesgo.
Estas prisas para aprobar la normativa -después de casi un año y medio de silencio desde la presentación del anteproyecto de ley en diciembre de 2020- coinciden con una petición por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de "rigurosidad" para estudiar el nivel de seguridad de los proveedores. En un reciente informe, el organismo de la Competencia advertía de los efectos en la competencia de excluir a un operador y el riesgo de un análisis con un grado alto de subjetividad "entrando a valorar aspectos geopolíticos que puedan impactar en la seguridad".
Para muestra del cariz político de esta ley, en la introducción del decreto que ahora se aprueba habla de ciberataques contra Ucrania en las últimas semanas y alertas de la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos, "que destacan la necesidad de reforzar la protección de los países europeos frente a posibles amenazas". Esa presión estadounidense para tomar medidas contra proveedores chinos como Huawei viene de largo. Ya en el Mobile World Congress (MWC) de 2019 una delegación del país hizo esfuerzos para acercarse al Gobierno de Pedro Sánchez con el fin de presionar.
Otras leyes
Mientras tanto, las operadoras siguen sin información sobre los plazos de aprobación de dos leyes incluso más relevantes para su día a día que la del 5G: la nueva Ley General de Telecomunicaciones y la de Comunicación Audiovisual. La primera cumplió el periodo de enmiendas la pasada Navidad, sin grandes novedades más allá de la petición de una mayor 'soberanía' tecnológica de los partidos catalanes y una ampliación del 'servicio universal' por parte de Podemos. En total se presentaron 239. Pero han pasado tres meses y no hay fecha del pleno para votar esas aportaciones y así poder avanzar en la tramitación hasta el Senado.
La otra ley que sigue sin fecha de aprobación es la audiovisual, que permitirá igualar la regulación de las grandes del streaming con las operadoras de telecomunicaciones (deberán pagar la 'tasa RTVE' y también la financiación de cine europeo). En este caso ha estado hasta ahora abierto el periodo de enmiendas y se espera, al igual que la de telecomunicaciones, la fijación de un pleno para su aprobación. Tanto en uno como en otro caso se tramitarán ahora por el procedimiento de urgencia para reducir a la mitad los plazos legislativos. En ambos casos, la Comisión Europea ya ha dado varios 'toques' al Gobierno por el retraso.
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