Meter la tijera en un sector complejo como el de la energía no es tarea fácil, pero si el tijeretazo se lleva por delante 3.000 millones de ingresos entre 2021 y 2026, las tensiones son inevitables. La dirección de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) propuso antes del verano un cambio de modelo retributivo para las empresas gasistas basado en los activos y su vida útil y no en su volumen de negocio -actividad-. El presidente de Competencia, José María Marín Quemada, apoyó el cambio, que desató un alud de críticas internas en la Comisión y una avalancha de presiones por parte de las empresas. Finalmente, la pasada semana, las partes encauzaron el debate: recortes, sí, pero suavizados y basados en el modelo de siempre. Pero la discusión no ha acabado.
Marín Quemada acepta rebajar los recortes a las gasistas, pero quiere mantener el cambio de modelo retributivo propuesto antes del verano y basado en los activos de las empresas. Para ello, propone ahora que las compañías puedan elegir el modelo que más les convenga en el próximo periodo regulatorio 2021-2026. La ventaja del modelo de retribución por actividad es que todas las compañías distribuidoras sufrirían recortes por igual. El modelo de cálculo sobre activos, por el contrario, pondría en serios aprietos a algunas de las pequeñas compañías, como Madrileña Red de Gas o Nortegás.
El modelo híbrido que defiende Marín in extremis permitiría elegir a las empresas el modelo que más les conviene. Para algunas, como Redexis, sería una buena noticia, ya que el modelo basado en la actividad -la demanda que atienden- las perjudica. Pero ¿qué sucede con los consumidores? Son los que aportan para sostener todo el sistema, pero según las empresas, la fórmula híbrida que propone Marín Quemada no es la que más les puede beneficiar. Porque en esa opción, cada empresa distribuidora elige el modelo más conveniente para sus ingresos, lo que elevaría la retribución del conjunto.
Ambiente enrarecido
El intento de salvar la primera propuesta ha enrarecido más si cabe el debate interno en la CNMC. En principio, se mantiene la idea de suavizar los recortes. Fuentes de la CNMC sostienen que el recorte máximo apuntado en los debates del pleno del regulador llegaría como mucho a 250 millones anuales en el sexto y último año del plan. En la primera propuesta, la norma contemplaba a un recorte de 3.000 millones en la retribución al sector entre 2021 y 2026. El tijeretazo será menor y estará jurídicamente mejor sustentado.
Para las empresas afectadas, sobre todo las más pequeñas, lo importante es que se aleja el fantasma de la quiebra. Nortegás y Gas de Extremadura advirtieron en las alegaciones a la circular elaborada por la CNMC y en los contactos con responsables de Competencia que si Competencia no revisaba el tijeretazo, las empresas corrían riesgo de desaparición.
Las compañías del sector han presionado con todos los argumentos a su alcance para evitar el hachazo. Naturgy anunció congelación de inversiones y suspensión de 300 empleos. La siguieron otras compañías, como Madrileña Red de Gas. En conjunto, entre empleo directo afectado -500 trabajadores- e indirecto -otros 10.000 instaladores-, el sector gasista ha puesto sobre la mesa de negociación el futuro de un 10% de los trabajadores que emplea. La cuenta en juego sólo contempla el número de trabajadores de las distribuidoras de gas y de las 12.000 pequeñas empresas de instalación. No tiene en consideración el posible impacto de los recortes en la gran transportista de gas, Enagás (1.350 empleados).
Las críticas de la patronal
La patronal gasista Sedigás manejó cal y manejó arena. No concretó las posibles consecuencias de los recortes y tampoco valoró la paralización de inversiones anunciada por el sector. Pero en sus mensajes a la CNMC dejó claro su malestar. El lenguaje de sus comunicados es revelador, destacando "el carácter inesperado y radical que propone el borrador de la circular (de la CNMC)", lo que "ha afectado negativamente no solo a las empresas gestoras de infraestructuras y su cotización y valoración de las agencias de 'rating', sino también al empleo, la inversión y el crecimiento".
Sedigás ha manejado en la pelea informes encargados a la consultora PWC. En ellos, se advierte sobre las consecuencias de un cambio en el modelo regulatorio no sólo para la inversión extranjera en el sector del gas, sino para la inversión de los fondos en empresas cotizadas y deuda pública. Las empresas ya utilizaron la misma carta en los contactos que mantuvieron con la CNMC antes incluso de que el organismo regulador estrenara sus nuevas competencias enero de este año. Según su argumentario, el impacto del hachazo en la estabilidad accionarial de empresas cotizadas y en la inversión extranjera en la economía puede ser muy significativo. Si los recortes salen adelante, sostienen Sedigas y PWC, los comités de inversión de los grandes fondos "se lo van a pensar" antes de invertir en España.
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