Puede ser la última gran batalla de José María Marín Quemada como presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). El pleno de la Comisión -con la mitad de los consejeros, incluido Marín, en funciones- ha reabierto el debate sobre la norma que debe regular el enganche a la red de los nuevos proyectos renovables. La decisión tiene miga por dos razones: porque el Ministerio de Transición Ecológica considera que la CNMC se extralimita en sus competencias y porque la decisión de plantar cara antes de que se renueve el organismo no ha partido en esta ocasión de Marín Quemada.
El pulso entre la CNMC y el Gobierno saltó en julio pasado, apenas medio año después de que el Gobierno de Pedro Sánchez devolviera al organismo regulador las competencias que le arrebató en 2017 el entonces ministro de Industria y de Energía del PP, Álvaro Nadal. Competencia elaboró una circular de acceso y conexión a la red que entre otras cosas proponía subastar la capacidad de acceso al sistema eléctrico que quedara disponible por el cierre de instalaciones con una potencia instalada superior a 200 MW. En suma, ceder al mejor postor las concesiones de las centrales de carbón y nucleares que se vayan cerrando.
El Ministerio de Transición Ecológica cree que la CNMC, que ha agitado el sector energético con 14 circulares que aún colean en el Consejo de Estado, consideró que Marín -y su entonces director de Energía, Fernando Hernández- pisan su terreno. Nada más conocer la circular, Transición Ecológica delimitó su terreno. Elaboró un informe para explicar que "corresponde regular al Gobierno, mediante Real Decreto (...) el marco general del procedimiento de otorgamiento de los permisos de acceso y conexión, el principio general de otorgamiento del acceso (cronológico u otros), la posibilidad de establecer otros mecanismos de asignación de capacidad (p.ej, subastas) y la posibilidad de realizar hibridaciones entre diversas tecnologías".
Siete meses después
El pulso se planteó de forma abierta, pero sigue sin solución. El nuevo Gobierno tiene que poner en marcha el proceso para sustituir a Marín y a los otros cuatro consejeros que han cumplido el mandato de seis años y la pugna se mantiene. Marín, según fuentes internas del organismo, se ha visto obligado a abrir otra vez el debate. El pleno de la CNMC debatió el asunto el pasado día 5, pero sin llegar a acordar qué postura llevará a la Comisión de Coordinación constituida por Competencia y el Ministerio de Transición Ecológica para resolver diferencias. Volverá a examinarlo esta semana. Por el momento, sólo hay una certeza: el sustituto provisional de Hernández en la dirección de Energía del regulador, Santiago Muñoz, es partidario de mantener la posición de la CNMC en la defensa de sus competencias frente al Gobierno.
El enfrentamiento por los accesos no es sólo cuestión de fijar las lindes entre reguladores. Está en juego el modelo de desarrollo del negocio energético y, en particular, el de las energías renovables. En su circular, la CNMC defiende que "los permisos de acceso y conexión a la capacidad correspondiente al cierre de las instalaciones superiores a 200 MW o, en general, cualquier otro hecho que motive un incremento sobrevenido de capacidad disponible que permita una nueva potencia instalada superior a 200 MW, serán otorgados siguiendo el orden resultante de un "procedimiento de concurrencia competitiva" (subasta) (...) en el que se ofertará, para una determinada potencia instalada y tecnología, el importe en euros por megavatio que está dispuesto a ofrecer el solicitante". Es abrir el campo de juego a otros competidores, distintos a las grandes compañías propietarias de las instalaciones de carbón y nucleares que se vayan a cerrar.
Derechos de enganche
Hay mucho dinero en juego. Las eléctricas quieren usar los derechos de enganche a la red, que suman más de 16.000 megavatios (MW) entre nucleares (7.000 MW) y carbón (9.000 MW), como una autopista para desplegar renovables. El Gobierno, por su parte, defiende que las compañías tradicionales usen esas concesiones para concentrar el despliegue de renovables en las comarcas afectadas por cierres . Se oponen dos modelos y España camina hacia el centralizado.
La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) ya ha dado la voz de alerta. Sostiene que los posibles beneficios de la generación fotovoltaica están siendo monopolizados por un grupo reducido de empresas. Todo, asegura la asociación, gracias a una normativa que, al menos hasta el momento, ha propiciado la concentración al incentivar la construcción de macroparques, a través de condiciones inalcanzables para pymes e iniciativas locales.
Los macroparques, al estilo del anunciado por Iberdrola en Extremadura o los que impulsan en Murcia empresas como Cobra (ACS) y fondos austriacos, copan las solicitudes de puntos de conexión a Red Eléctrica de España (REE), lo que dificulta que empresas locales y explotaciones agrarias de la zona puedan poner en marcha sus propios proyectos. Según Anpier, el 90% de los 3.000 MW fotovoltaicos de la última subasta se repartieron entre menos de 30 empresas y un 25% está ya en manos de fondos internacionales.
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