En la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) existe un listado de 16 páginas con 468 empresas registradas como comercializadoras de electricidad. No todas operan en el mercado nacional y no todas tienen una actividad significativa. Pero juntas marcan un récord. Ningún país europeo se acerca a esas cifras.
Lo malo de tal explosión es que entre esos centenares de empresas se han colado piratas que aprovechan los recovecos de una normativa compleja para coger dinero y echar a correr. La CNMC ha impuesto multas y el Ministerio de Energía ha inhabilitado sociedades -más de una quincena el pasado año-.
La Comisión también ha trasladado las investigaciones a la Fiscalía en al menos dos ocasiones: en el año 2014 y en el año 2016. Pero la picaresca se mantiene, según denuncian fuentes del sector.
La picaresca y los piratas
La picaresca es aparentemente sencilla y sobre todo, es rentable. En su fórmula más básica, consiste en comprar menos electricidad de la que se trata de vender a los clientes, con lo que ahorran en depósitos y garantías. Para cuando la empresa que opera el sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE) cuadra –liquida- las posiciones- los piratas han desaparecido o han constituido otra sociedad desde la que seguir operando. Los usuarios afectados quedan cubiertos porque el Ministerio de Energía les pasa del mercado libre en el que estaban a las comercializadoras de las empresas eléctricas tradicionales.
Sobre la proliferación de comercializadoras, REE se limita a señalar que, en caso de irregularidades, su función es "informar al Ministerio de Energía, que inicia un procedimiento que se puede extender hasta un año". La compañía no detalla ni cuántas empresas ha señalado por infracción ni su denominación. Lo que sí admite es que hay incidencias.
En febrero, la CNMC dio cuenta de que había elaborado 13 informes con procedimientos de inhabilitación y de traspaso de clientes de diversas empresas a las comercializadoras de las grandes compañías -las de referencia-. Y en agosto, el Ministerio de Energía inhabilitó a las empresa Unic Global Logistic, Gestiona Energía y Export Innovation Group porque incumplieron, entre otras cuestiones, la obligación de prestar garantías para cubrir las compras de electricidad en el mercado.
Los inicios de la liberalización
No es extraño que haya incidencias porque ya proliferaban incluso cuando el número de vendedores no llegaba ni a la mitad de los registrados hoy. "Hubo más pirateo y más irregularidades en los inicios de la liberalización" sostiene una de las grandes compañías del sector "cuando se creaban sociedades comercializadoras sin capacidad para trabajar, pero en el último año la situación ha mejorado. Ahora es todo más profesional".
Lo cierto es que las quejas de las compañías "legales" forzaron a actuar a la Administración. En junio de 2016, cuando la picaresca había provocado ya un agujero de en torno a 70 millones de euros, el entonces secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, modificó la normativa para reducir el plazo de las liquidaciones de ocho a tres meses como máximo. Una forma de achicar el campo de juego de quienes vendían -y venden- electricidad sin haberla pagado.
Las empresas "serias" se quejaron, entre otras cosas, porque el agujero que los piratas provocan al sistema tiene que ser cubierto por el conjunto de las compañías. Era un desconchón más en las cuentas, incómodo por mucho que al final de la cadena siempre esté el consumidor final.
Las empresas que denuncian la competencia desleal de los piratas atribuyen parte del problema a la escasa cuantía de las multas que impone la CNMC. Un ejemplo: la Comisión multó a principios de año con 21.300 euros a tres comercializadoras de electricidad por no presentar las garantías exigidas por el operador del sistema.
En concreto, multó a Alcanzia Energía y Estrategias Eléctricas Integrales con 10.000 euros, respectivamente, y a Comercial y Asesora de Electricidad con 1.300 euros.
Procedimientos de inhabilitación
Pero la CNMC prefiere ver lo positivo y lo logrado en la lucha contra las irregularidades. Fuentes del organismo aseguran que las sanciones que impone el organismo "son las que marca la ley" para castigar comportamientos "diversos" que en unos casos son delictivos y en otros, simplemente, son consecuencia del desconocimiento de cómo funciona el mercado.
Por su parte, el Ministerio de Energía se limita a señalar que "para todos los incumplimientos de los que se ha tenido constancia se ha instruido un procedimiento (tanto por parte del MINETAD como por parte de la CNMC, según corresponda en cada caso). "Esos procedimientos "en la mayoría de los casos, han terminado con una inhabilitación de la comercializadora y la pérdida de clientes, que han sido traspasados a otra comercializadora".
Con los datos de cierre de 2016, el mercado eléctrico está compuesto por casi 29,1 millones de puntos de suministro. El 42% (12,2 millones) está servido por una comercializadora de referencia -propiedad de las grandes eléctricas y que gestionan las tarifas reguladas- y el 58% (16,9 millones) por un comercializador en el mercado libre.
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