Másmóvil se cubre las espaldas ante potenciales ajustes laborales en Euskaltel en los próximos años. El cuarto operador asegura en el folleto que no hará un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en los próximos cinco años, pero siempre supeditado a las “variaciones derivadas de la evolución del negocio”. Y sobre las dos grandes filiales del grupo vasco, R Cable y Telecable, se limita a insistir en que no tiene la intención de ejecutar otro expediente. De esta forma, deja la puerta abierta a despidos individuales y también a colectivos, en caso de que haya un empeoramiento de las condiciones del mercado. Fuentes oficiales de la empresa reiteran que "no va a haber ningún ERE en ningún sitio y que este es un proyecto de crecimiento". Pero los sindicatos se han puesto en alerta, después de exigir una garantía sin condiciones previas del empleo.
Los antecedentes de las grandes operaciones corporativas vividas en la última década en España no invitaban al optimismo. Tanto la compra de Ono por Vodafone en 2014, como la de Jazztel por Orange en 2015 acabaron en despidos colectivos de cientos de empleados por las duplicidades y los solapamientos en los puestos. Másmóvil aborda ahora la compra más ambiciosa de su historia con la opa sobre Euskaltel. Y todas las miradas estaban en sus planes laborales. Incluidas las del Gobierno de Euskadi, que llegó a tener una fuerte influencia en la operadora de telecomunicaciones.
En el anuncio previo de la opa, del pasado mes de marzo, avanzaron que entre sus compromisos con Zegona y el resto de accionistas relevantes de Euskaltel era la ausencia de un ERE durante los primeros cinco años desde la adquisición. El cuarto operador colocó una condición con la que se cubría claramente frente a lo que suceda en el futuro: “con sujeción a las condiciones del mercado”. Esta forma de redactarlo levantó a los representantes sindicales que exigieron en una carta dirigida a Spenger que esa no ejecución del expediente “fuera firme” y se extendiera “de manera inequívoca a R y Telecable, asegurando de forma fehaciente el 100% del empleo”. También trataron de cerrar la puerta a esos despidos individuales o a una externalización de actividades hacia empresas subcontratadas.
Sin necesidad de ERE
La versión definitiva de ese compromiso está contenida en el folleto hecho público esta misma semana. En concreto en los compromisos irrevocables suscritos por Másmóvil con Zegona, máximo accionista de la vasca, Kutxabank y Corporación Financiera Alba. Ahí sólo se refiere a Euskaltel S.A., que es la sociedad matriz, y no al resto de filiales. Y vuelve a repetir que siempre “con sujeción a las condiciones del mercado”, sin establecer cuáles serían esas condiciones que podrían implicar un cambio de criterio.
Fuentes del comité de empresa insisten en que esta forma de redactarlo deja la puerta abierta a ajustes laborales durante ese periodo de cinco años. Recuerdan que la situación del mercado de las telecomunicaciones es delicada, con una fuerte competencia. De hecho, el informe de valoración de la propia Másmóvil, elaborado por PwC para justificar el precio de la opa lanzada por los fondos el pasado año, admitía que la subida media de ingresos hasta el año 2025 iba a ser del 5% muy lejos de lo logrado en los últimos tres ejercicios.
Fuentes oficiales de la compañía reiteran a La Información: "No va a haber ningún ERE en ningún sitio y este es un proyecto de crecimiento. El grupo MasMovil ha creado empleo todos los años por lo que no va a haber ningún ERE sino todo lo contrario”.
Hay un antecedente que preocupa a los sindicatos en la propia Euskaltel tras el aterrizaje en el puesto de consejero delegado de José Miguel García, con la ‘victoria’ de Zegona en la pugna con el núcleo duro vasco de la operadora. Aquel verano de 2019 se produjeron una veintena de despidos entre los directivos de la cúpula anterior y otros 25 entre empleados de base de las tres grandes filiales. García los enmarcó en los “cambios organizativos” de la compañía, con el objetivo de hacer la estructura más simple.
No hizo falta ningún ERE negociado con la plantilla. A esto hay que sumar el ‘envío’ de 4 empleados al gigante ZTE tras externalizar el mantenimiento de la red. El ejercicio 2018, antes de la toma de control del fondo británico, tenía en nómina prácticamente 700 trabajadores, según los propios números comunicados a la CNMV. A cierre de 2020 había algo más de 580. Incorporar esta cantidad de empleados implicaría elevar en casi un 50% la plantilla del grupo Másmóvil hasta rozar los 2.000.
El otro punto ‘caliente’ para los representantes de los trabajadores de Euskaltel está en las dos filiales principales del Grupo Euskaltel, R Cable y Telecable, que fueron adquiridas en el pasado en el proceso de consolidación de las telecos en el norte de España. Entre estas dos suman unos 280 puestos de trabajo. En el folleto de la opa presentado ante los inversores en la CNMV, Másmóvil se refiere por primera vez a ellos después de que las organizaciones sindicales exigieran un compromiso expreso al respecto. “Tampoco tiene la intención de ejecutar un expediente regulador de empleo en sus centros de trabajo ubicados en Asturias y Galicia”, asegura. En este caso insiste en que no hay planes ahora para hacerlo, lo que hace temer a los sindicatos que esto les permita cambiar de estrategia en el futuro a corto o medio plazo.
Másmóvil, sin comité
¿Qué sucedió en la misma opa lanzada por KKR, Cinven y Providence sobre Másmóvil el pasado año? Estos fondos, junto con los accionistas minoritarios, dejaban mucho más abiertos los planes vinculados a la plantilla. En concreto, insistían en que no preveían realizar "cambios en las condiciones laborales". "Y con carácter general tiene intención de mantener los puestos de trabajo existentes durante los próximos doce meses, sin perjuicio de las eventuales variaciones derivadas de la evolución del negocio". La diferencia es que Euskaltel y sus filiales cuentan con un comité de empresa, mientras que el cuarto operador no lo ha tenido.
Mientras tanto, el Gobierno vasco sigue con una posición muy tímida respecto a la transacción del que fue en su momento uno de los grandes bastiones industriales de la comunidad. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia Otaegi, se limitaba a prometer el pasado mes de marzo, cuando se lanzó la opa, que se mantendrían "vigilantes" ante el cumplimiento de los compromisos de arraigo.
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