Nuevo frente judicial de una operadora de telecomunicaciones española a cuenta de los impuestos. Másmóvil ha iniciado un pleito con Hacienda ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional por el pago de la tasa del espectro radioeléctrico adquirido en el último lustro. Es la primera vez que sucede en los últimos años. Mientras se resuelve el recurso iniciado, la compañía dirigida por Meinrad Spenger ha conseguido la suspensión cautelar del desembolso de los 2,6 millones de euros. Las compañías del sector se han desgañitado durante los últimos años por la presión fiscal, con algunas victorias recientes como la sentencia favorable respecto al Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
Tal y como queda reflejado en el auto judicial consultado por La Información, Másmóvil presentó una reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Central en el año 2021. El TEAC, adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, desestimó la petición interpuesta por el grupo contra el acuerdo de liquidación de febrero de 2020 por el que se planteaba el pago de la tasa de reserva del dominio público radioeléctrico del periodo entre enero y mediados del mes de abril. Ahora, la operadora controlada por los fondos KKR, Providence y Cinven acude a la Audiencia Nacional para dirimir el asunto y obligar a la Sala de lo Contencioso.
En el auto no queda reflejado a qué se debe ese pago sobre el que ahora inicia la pelea. Pero hay que recordar que Másmóvil no se ha presentado a ninguna subasta de espectro radioeléctrico en los últimos años. No acabó quedándose con frecuencias en la de 3,5 Ghz para el 5G de 2018 y tampoco lo hizo en la del año pasado de 700 ‘megahercios’. Lo que sí que hizo fue adquirir espectro a Eurona y Neutra por 45,5 millones de euros. Las diferencias sobre el pago de estos activos y las obligaciones que estos últimos generarían en la teleco podrían ser uno de los factores que ha llevado a la compañía a plantear esta batalla.
Esta podría ser otra derivada importante en el pago de espectro radioeléctrico para las operadoras en España. Uno de los asuntos que hasta ahora había llegado hasta el Tribunal Supremo, como avanzó La Información, tenía que ver con su compatibilidad con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Finalmente, el Alto Tribunal confirmó que eran incompatibles y que no cabía exigir este pago por resultar contrario a lo permitido por las directivas europeas.
Másmóvil compró espectro a dos operadoras al margen de la subasta y a un precio más bajo y la tasa pagada por él es la que se debe dilucidar en la AN
Ahora se va a dilucidar lo que sucede con este espectro de Másmóvil y si las condiciones de compra al margen de la subasta puede reducir las obligaciones con esta tasa. Sucede por primera vez en el sector español. Hay que tener en cuenta que este espectro adquirido por Másmóvil al margen de la puja organizada por el Ministerio de Economía en el año 2018 de la banda de 3,5 Ghz tenía sus peculiaridades. El precio que se pagó fue inferior al que se abonó por el resto de operadoras en la licitación pública. Pero estos activos adquiridos tenían menos años de disfrute (menos de 20 años) y se encontraban en zonas limítrofes.
Por ahora, el cuarto operador español ha conseguido que la Sala de lo Contencioso de la Audiencia le dé oxígeno y no le obligue a pagar esa tasa que le exigen desde la Subdirección General de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico, dependiente del Ministerio de Economía. “El interés de la recurrente es el más necesitado de protección”, asegura respecto a esta suspensión cautelar el auto fechado el pasado 4 de octubre . Lo lógico es que haya una sentencia definitiva durante el próximo año 2023.
Cara y cruz fiscal
Este es un nuevo frente fiscal más que se abre en el sector de las telecos. El último que se ha resuelto tiene que ver con el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el cobro por parte de los ayuntamientos en base a la superficie ocupada por las torres de telefonía en las diferentes ciudades. Vodafone fue la primera que llevó la batalla al Supremo. El pasado mes de julio, el Alto Tribunal anuló la liquidación al entender también que se opone a la directiva europea en tanto posee la consideración de ‘canon’.
El único frente que desde las telecos han perdido de manera clara en los tribunales tiene que ver con la llamada ‘tasa RTVE’, es decir, la figura impositiva con la que las operadoras financiaban parte del presupuesto de la radiotelevisión española. Lo llevaron primero al Supremo y no ganaron. Posteriormente intentaron que el Tribunal Constitucional se pronunciara y lo hizo desechando la cuestión prejudicial por un tema de forma, pero no de fondo. Y, finalmente, la Audiencia Nacional ha ido tumbando todos los recursos. Este tributo se repartirá ahora con las grandes compañías tecnológicas del sector del streaming como Netflix o HBO, que empezarán a abonarla en 2023.
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