Con la nueva configuración del espectro

Másmóvil se aleja de la subasta de 5G y rebaja el temor a un 'subidón' de precio

El Gobierno ha decidido dejar para finales del próximo año la última puja de espectro, correspondiente a la  banda milimétrica de 26 GHz, que será destinada preferentemente a la industria.

Recurso de red 5G
La segunda subasta de 5G se producirá a principios del próximo año.
TELEFÓNICA DEUTSCHLAND - Archivo

Másmóvil se aleja cada vez más de la segunda subasta de espectro radioeléctrico para las redes 5G. La nueva configuración de las frecuencias ejecutada por el Gobierno de Pedro Sánchez reduce sus posibilidades de batallar contra los tres grandes operadores españoles, Telefónica, Orange y Vodafone. Todo apunta a que entre ellos se repartirán los tres bloques principales, lo que rebaja el riesgo de una importante subida de precios, como sucedió en otros países como Alemania.

Hasta ahora, el cuarto operador había mirado con cierta desidia la subasta de espectro. Ya a principios de este año se descartó como 'liebre' del proceso para un encarecimiento de las frecuencias. "El espectro de 700 MHz está bien pero no es un requerimiento imprescindible; nos encantaría tenerla y sería una pena que fuésemos el único cuarto operador sin bandas bajas; pero podemos vivir sin ello", aseguraba el consejero delegado de la operadora, Meinrad Spenger. Ya en la de 2018, cuando se licitaron las licencias de la banda de 3,6 GHz, no acabó adquiriendo nada. Pero había una diferencia: ya tenía 80 MHz tras comprarle parte de sus activos al operador Eurona y a Neutra.

La condición indispensable que había marcado la compañía amarilla era la existencia de unas condiciones favorables como cuarto operador, facilitando la compra de los activos frente a sus rivales, con mayor poder y más recursos. Estas condiciones, que serán marcadas en la subasta que tendrá lugar entre enero y marzo del año que viene, aún no se han fijado. Pero sí que se han puesto sobre la mesa lo que se conoce como 'spectrum cap', es decir, los límites legales de espectro con el objetivo de que ninguno de los competidores acaben acaparando activos frente al resto. Y estas limitaciones, según explican varias fuentes del mercado, reducen de manera importante las posibilidades de Másmóvil de lograr alguna frecuencia.

En concreto, se ha impuesto un límite de 2x10 megahercios (MHz) para cada uno de los operadores en la banda de 700MHz, la que está llamada a ser clave para el despliegue masivo del 5G. Es decir podrán hacerse con la concesión de 10 MHz para transmitir datos desde la red al terminal final y otros 10 MHz para el camino opuesto. Salen a subasta un total de 2x30 megahercios en seis bloques de 5 Mhz. Lo lógico, según apuntan las fuentes, es que las tres grandes operadoras, que deberán llevar a cabo importantes despliegues de red en los próximos años, se hagan con el máximo que le otorga la regulación. Desde Másmóvil aseguran que analizarán su estrategia cuando se aprueben las condiciones de la puja, pero insisten en que ya cuentan con las bandas altas adquiridas a Eurona (40 MHz) y Neutra (40 MHz) y el acuerdo mayorista clave con Orange.

Este último punto es clave. El pasado mes de octubre, Másmóvil alcanzó un acuerdo decisivo con Orange a través del cual se garantiza el acceso al 5G a través de toda la red de la operadora francesa sin tener que hacer ningún despliegue adicional. El cuarto operador ha pactado con la francesa el pago de un máximo de 10 millones de euros anuales en 2023 (la cifra va creciendo progresivamente) por el levantamiento de 4.500 torres en las grandes ciudades.

Por ahora, se desconocen las condiciones concretas que impondrá el Gobierno para la puja, que sí que ha insistido en varias ocasiones en el pasado que no tendrá un "afan recaudatorio". Sólo se sabe que se abordará en los tres primeros meses del año 2021 (ha sufrido ya un retraso debido a la pandemia del coronavirus y el frenazo de los trámites administrativos), después de que se haya despejado la banda de 700 MHz, hoy ocupada por las señales de las televisiones (TDT). Junto a esta licitación, el Ejecutivo también ha despejado el calendario para la última que queda pendiente.

Esa subasta es para la banda milimétrica de 26 GHz, cuyo destino se centra principalmente en la industria y otros usos más destinados a las empresas. Se fijará en el segundo semestre de 2021, tal y como ha desvelado el Ejecutivo en el plan de digitalización 2020-2025. "La banda de frecuencias de 26 GHz puede tener un rol muy relevante en las aplicaciones industriales, logísticas y servicios de suministros", se apunta en el plan. Aún queda pendiente una nueva consulta pública, aunque en los meses anteriores ya se han recabado aportaciones de las operadoras al respecto de la utilidad y gestión de esta banda, "con el fin de disponer de una visión actualizada de las aplicaciones demandantes, modelos de negocio, disponibilidad de equipamiento y cadena de valor asociada".

Casos de uso y Huawei, incógnitas

Pese a que se avanza en el proceso, aún queda mucho por dilucidar sobre usos de estas redes ultrarrápidas. Antes de que acabe este año se adjudicará por parte del Gobierno la segunda convocatoria de proyectos piloto, que también se ha visto retrasada por la Covid-19. En esta tanda se han presentado ocho propuestas por parte de telecos y fabricantes, que se sumarán a los dos de la primera hornada que ya están en ejecución. Para tratar de incentivar la expansión de esta tecnología, se pretende crear un plan de ayudas públicas, con bonificaciones asociadas a la instalación de redes y estaciones base 5G en núcleos de población con menos habitantes para evitar una excesiva concentración en las grandes ciudades.

La otra gran incógnita tiene que ver con la normativa de seguridad vinculada a las redes 5G. Varias de las potencias europeas ya han aprobado sus leyes, como Reino Unido, que ha decidido vetar al gigante chino Huawei para su participación en el despliegue de la parte fundamental y sensible (llamada en el argot 'core') de las redes en el país. ¿Qué va a suceder en España? El Ministerio de Asuntos Económicos ya ha realizado una consulta pública previa en diciembre de 2019. Las aportaciones que se reciban, junto con las reglas comunes planteadas por la UE, servirán como base para una normativa nacional. Aún no hay fecha concreta para su aprobación.

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