La reconstrucción del consejo de administración de Indra y la reorganización de los aliados del Estado en el accionariado tocan a su fin. Con estas dos tareas ya finalizadas, todos los ojos se posan sobre el consejero delegado, Ignacio Mataix. El que fuera 'hombre fuerte' de Fernando Abril-Martorell trata de agarrarse a su puesto ejecutivo ante el menor poder de Marc Murtra como presidente sin voto de calidad y un nuevo consejo en el que tanto él como el 'jefe' de los independientes, Ignacio Martín, han tenido mucho que ver. Desde hace meses ha estado en la cuerda floja frente a una Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) con la que ha vivido una relación especialmente tensa.
Al contrario de lo que hicieran Javier Lázaro, antiguo responsable financiero y recientemente fichado por ITP, y Cristina Ruiz, Mataix ha decidido mantenerse en el puesto pese a ese enfrentamiento soterrado con la Sepi. El pasado mes de julio, tras la controvertida junta de junio y el cese y dimisión de hasta seis consejeros independientes nombrados bajo el mandato de Abril-Martorell, salió a escena como primer ejecutivo. Frente a Murtra, decidió enviar una carta a los empleados para transmitir tranquilidad y el compromiso de restitiuir el consejo y la confianza de los mercados. Era un mensaje institucional claro y una declaración de que no se iba a marchar así como así pese a las presiones internas.
La reconstrucción del consejo de administración con el nombramiento de seis independientes fue una de las pruebas de fuego de su poder. Mataix era consciente de que Ignacio Martín, el único independiente de la anterior época que se mantiene en el puesto, iba a ser clave en la elección de los candidatos, bajo la supervisión de la consultora independiente Korn Ferry. Ambos han tenido un papel determinante en la elección de los nuevos vocales, en cuyos perfiles brilla por su ausencia la especialización en materia de defensa (y sí en tecnología).
Con un consejo no especialmente beligerante contra él y un presidente sin poderes ejecutivos y sin voto de calidad –y sin un apoyo especialmente significativo del nuevo accionista de referencia y aliado de la Sepi, Amber Capital-, el que fuera también 'jefe' de ITP Aero busca mantenerse en el puesto más allá de la próxima junta general de accionistas. No existe un recambio externo claro dentro de la empresa, lo que rema a su favor, al igual que su especialización en el área de defensa. Y también la CNMV sigue con la lupa sobre la empresa y ante una potencial decisión relevante del consejo. En su contra está ese enfrentamiento con la Sepi, que tuvo en la fallida entrada en ITP como uno de los últimos capítulos.
Además de la potencial llegada al accionariado del fabricante de aerogeneradores vasco, Mataix ha vivido también un momento tenso con el Gobierno a raíz de los problemas causados por la cancelación del contrato de las fragatas F-110 con el gigante estadounidense Lockheed Martin. El Gobierno, a través del Ministerio de Defensa y el de Industria, se vio obligado a interceder a finales del año pasado para tratar de recuperar estos trabajos, que implicaban no sólo los ingresos de 150 millones de euros sino unos desarrollos tecnológicos muy útiles de cara a futuro. Finalmente el propio Mataix dio por perdido el contrato, tal y como reconoció ante los analistas en la última presentación de resultados.
Mataix quiere mantener su puesto ante una presidencia no ejecutiva y sin voto de calidad, lo que le otorga plenos poderes en calidad de consejero delegado
El momento que se vive en el sector de la defensa es muy relevante. El incremento del ambiente bélico hace que el gasto militar tanto en España como en el resto de países europeos se vaya a incrementar notablemente. Esto va a generar un incremento de los contratos públicos. Además, se deberá pilotar algo muy relevante que es la consolidación de este sector, especialmente atomizado. El propio Mataix asumió el reto planteado por Moncloa y aseguró que se mantendría una estrategia de compras de pequeñas compañías en el sector.
En este intento por hacerse fuerte, Mataix ha tratado de sumar como ‘arma’ en su favor los resultados económicos frente a los analistas y los inversores. Los números de la compañía han sido especialmente buenos, lo que le permitió a mediados de este año volver a pagar dividendo ocho años después. Los beneficios netos en los primeros seis meses del año han crecido un 20%. Llega después de completar todo el ajuste de plantilla en 2021 del ERE en Minsait y el plan de salidas voluntarias en Defensa. El año pasado llevó a cabo una desinversión que supuso el ingreso de casi 17 millones de euros con la venta de los terrenos y construcciones que tenía en San Fernando de Henares (Madrid).
Uno de los problemas con los que tendrá que bregar a corto plazo el ejecutivo madrileño será el de la falta de personal cualificado. Precisamente esa salida de personal por el recorte ejecutado por Abril-Martorell junto con la alta rotación de la plantilla está generando problemas, según explican fuentes internas de la compañía. Se están produciendo retrasos en algunos de los proyectos, que no sólo se pueden achacar a la falta de chips o la guerra de Ucrania, sino también a las dificultades para fichar y retener empleados. Algunos de esos contratos se están tratando de renegociar.
El primer paso es la junta general extraordinaria que tendrá lugar el próximo 28 de octubre. En ella se someterá el nombramiento de los seis consejeros independientes elegidos por la Comisión de Nombramientos -presidida por Ignacio Martín, que presentará su dimisión inmediata tras certificar este ‘traspaso’- y el del vocal de la Sepi, Juan Moscoso. Para los primeros se necesitarán los votos de más de la mitad de los votos representados. Como suele suceder en las grandes compañías cotizadas, el quórum de asistencia será previsiblemente inferior al 75% por lo que con el porcentaje actual que suman el fabricante vasco Sapa (5%), Sepi (28%) y Amber Capital (5,1%) será suficiente.
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