La lista es larga. Y siguen sumándose más nombres. La última en incorporarse es la actriz española Belén Rueda. Pero hay muchos más: Màxim Huerta, Ernesto Sáenz de Buruaga, El Gran Wyoming, Antonio Lobato o Loles León. Todos repitieron el mismo esquema: utilizaron una sociedad interpuesta para facturar sus trabajos y reducir su factura fiscal. Y la Agencia Tributaria les obligó a pagar, al entender que habían pagado menos impuestos por esa estructura.
Aún se desconoce la cuantía que deberá pagar Belén Rueda tras la confirmación de la Audiencia Nacional, pero la realidad es que, según los cálculos en base a todas las sentencias emitidas por los tribunales, los principales casos surgidos en los últimos años suman varios millones de euros entre cuotas del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y las sanciones impuestas por el Fisco.
Cambio de 'reglas', el origen
Durante años, profesionales independientes en sectores como la comunicación, el arte o la abogacía recibían una recomendación clara por parte de sus asesores fiscales: crear una sociedad con la que facturar todos sus trabajos -y autoasignarse un salario-. La consecuencia: tributaban esos ingresos a través del Impuesto de Sociedades (del 25%) y no del IRPF, que en salarios altos como los generados por estas personalidades elevarían el tipo a cerca del 50%.
Todo cambió con la ley de 2002, que reformaba parcialmente el Impuesto de Renta de las Personas Físicas (IRPF). Con ella desapareció el llamado régimen de transparencia fiscal, lo que suponía la eliminación "de toda especialidad para las entidades cuyos ingresos procedan de actividades profesionales, artísticas o deportivas". Es decir, se cerraba la puerta, al menos sobre el papel, a estas sociedades para profesionales liberales que operaban de manera independiente sin estructura laboral, ni infraestructura.
Sin embargo, muchas de estas personalidades, asesoradas por sus gestores, mantuvieron esa fórmula. Años después arrancaron varias oleadas de inspecciones de Hacienda que desembocaron en actas de liquidación y sanciones. La AEAT entiende que se trata de "negocios simulados" y atribuye la práctica totalidad de las rentas generadas por la empresa directamente a su dueño.
Los nombres
El escritor y periodista Màxim Huerta ha sido uno de los casos más paradigmáticos. No por que se diferenciara del resto de compañeros de profesión y de otros sectores, sino por las consecuencias que acarreó para él. El ya exministro de Cultura se vio obligado a dimitir después de que se conociera que contó con una estructura fiscal con la que defraudó 218.332 euros, tal y como se desprende de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de mayo de 2017.
A Huerta y Rueda se suman otros muchos más profesionales que han acabado pleiteando con Hacienda en los tribunales... y han perdido. Entre el colectivo de los actores destacan los casos de Loles León, a través de su sociedad Loleon SL; Fernando Tejero, con su compañía Lázaro Producciones, o Ángela Molina, con su filial Zoriba SA. Entre los presentadores de televisión, se encuentran Ernesto Sáenz de Buruaga (Cuaderno Azul de Comunicación SL), Antonio Lobato (Ttavelot Comunicación SL); El Gran Wyoming (Asuntos y Cuestiones Varias SL), Nuria Roca (Tospelat SL) o la copresentadora de 'Cuarto Milenio', Carmen Porter (Producciones Digitales Milenio 3 SL), etc.
Estos son sólo los que acabaron pleiteando (ninguno de ellos ha conseguido llegar al Tribunal Supremo a través de un recurso de casación). Pero hay otros que acabaron poniéndose al día con Hacienda sin plantar cara en los tribunales.
Otros profesionales bajo lupa
En el grueso de los casos las cantidades abonadas entre la cuota de liquidación exigida (y ratificada por los tribunales) por Hacienda y la sanción van entre los 200.000 y los 700.000 euros. Y la práctica totalidad de todas estas batallas judiciales acaban en derrota.
La mayoría de estos casos los ha tratado la Sala de lo Contencioso de alguno de los tribunales de justicia de las comunidades autónomas donde estaban radicadas estas sociedades (principalmente Madrid). Otras, por la cuantía económica del recurso presentado por el profesional, ha acabado en la Audiencia Nacional. Es el caso de Belén Rueda, cuyo caso aún sigue pendiente de la segunda y definitiva sentencia del tribunal.
Otras profesionales liberales también son vigilados al milímetro por Hacienda. Los abogados siempre han estado en el radar. Y ahora la Agencia Tributaria relanza los controles sobre los socios de los bufetes. No son los únicos.
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