Puede acabar con la empresa en Pontevedra

Máxima tensión: un artículo de la Ley del Clima amenaza 'de muerte' a Ence

La relación de la 'pastera' con la Administración nunca ha sido fácil, especialmente tras los vertidos a la ría. De salir adelante en su redacción actual, el texto supondrá el "cierre inminente" de su planta en Lourizán.

EFE
Máxima tensión: un artículo de la Ley del Clima amenaza 'de muerte' a Ence
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Una referencia, una palabra mal puesta, incluso una coma en el sitio inapropiado puede causar daños muy graves en la economía de una empresa. Si esto mismo se produce en el articulado de una ley, los perjuicios pueden llegar a ser irreparables y acabar definitivamente con la actividad de una compañía o una industria.

Esto es exactamente lo que puede ocurrir entre la fábrica de pasta de celulosa de Ence en Lourizán (Pontevedra) y el artículo 18.4 del proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética. El literal de la redacción del artículo en controversia recoge que "los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre se computarán en todo caso desde su otorgamiento e incluirán todas sus prórrogas… sin superar los plazos máximos establecidos… siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados en incumplimiento de lo previsto en este artículo". Las leyes afectadas por el mismo son la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas y la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Detrás de la literalidad legal hay una empresa y unos trabajadores directamente afectados. Este complejo jurídico esconde la posibilidad de que la planta de Lourizán tenga que abandonar la parroquia gallega en 2033 y con ello una actividad que se remonta a 1957, año en que las autoridades franquistas decidieron construir una fábrica papelera en el lugar. Desde entonces, el plazo máximo de concesión comenzó a correr, siendo los 75 años la línea roja que marca el límite de operación de la planta.

A juicio de la empresa, de salir adelante en su redacción actual, el texto supondrá el "cierre inminente" de la planta de Ence en Lourizán. Así de contundente se expresaba el presidente de la compañía, Ignacio Colmenares, cuando se dirigía a su plantilla para explicar los trágicos efectos que tendría la disposición si fuera aprobada.

La relación de la 'pastera' con la Administración nunca ha sido fácil, especialmente tras los vertidos realizados a la ría pontevedresa hasta 1994 y de los que resultó condenada por delito ecológico. Sin embargo, la compañía argumenta que ha invertido decenas de millones de euros, casi 50, desde entonces para mitigar el impacto ambiental que tiene su actividad sobre la ría, además de ir renovando su autorización puntualmente.

Las nuevas exigencias medioambientales, criticadas por los ecologistas por laxas y de abusivas por la compañía, imponen nuevas inversiones en Lourizán, imposibilitando el retorno de la inversión en 2073. Este sería un plazo muy corto para poder amortizar los 200 millones que la compañía se ha comprometido a invertir ante la Xunta hasta 2033, año en el que finalizaría, según la empresa, la prórroga de operación, en una concesión otorgada por el Gobierno popular en 2016. Así, quedarían en el aire tanto el dinero prometido para Galicia como el plazo de autorización para la empresa.

En este frente, sindicatos y patronal parecen ir de la mano para salvar los más de 400 puestos de trabajo directos y más de 5.000 indirectos que genera la planta y que aporta 460 millones de euros al conjunto de la economía gallega, según un informe de KPMG de 2013.

Espadas en alto para el miércoles

La tensión ha subido radicalmente en los últimos días. El jueves pasado un grupo de trabajadores se encerraron en el Ayuntamiento de Pontevedra para expresar su protesta ante la demanda interpuesta por la entidad contra la prórroga de la concesión de la planta y contra la aprobación del artículo 18.4 del Proyecto de Ley. El alcalde del BNG, Miguel Anxo Fernández Lores, tuvo que salir del Ayuntamiento escoltado por la Policía Local ante las increpaciones de los sindicalistas, que entraron en el edificio municipal.

Los representantes sindicales acudirán a la cita para argumentar ante Ribera que no sólo Ence perderá, también lo hará todo el sector forestal de Galicia

Las reivindicaciones de los trabajadores no se han detenido en Galicia. El Secretario de Organización Comarcal de Comisiones Obreras, José Luis García Pedrosa, acusó a la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, de "estar persiguiendo y dando caza" a Ence. Como respuesta a este movimiento, el sindicalista gallego amenazó con tomar el camino de la "lucha combativa" en Madrid. Algo que ocurrió el pasado viernes, cuando la presidenta del Comité de Empresa de Ence, Ana Cedeira, anunció que, ese día, "vamos a montarla en Madrid".

Dicho y hecho. Decenas de trabajadores de la empresa se manifestaron ante la sede del Ministerio de Transición Ecológica equipados con cascos, botes de humo y lazos verdes para reclamar que "Ence non se pecha". Las protestas surtieron el efecto esperado, ya que fueron recibidos por el Secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, quien, tras recibirlos y mantener un intenso debate, les anunció que la ministra y vicepresidenta cuarta les recibirá mañana miércoles. Los representantes sindicales acudirán a la cita para argumentar ante Ribera que, si el artículo 18.4 sale adelante, no sólo Ence perderá, también lo hará todo el sector forestal de Galicia.

Por su parte, la empresa se mantiene oficialmente ajena a estas protestas, negando que esté detrás de ellas y manifestando su disposición al diálogo con la ministra o cualquier otra administración o grupo político que pueda modificar el literal del artículo y deje fuera cualquier tipo de interpretación retroactiva que cierre en 2033 la planta y, con ello, los efectos definitivos que tendría para Ence y la economía gallega.

De momento, el artículo 18.4 sigue tal y como se redactó, a la espera de una reunión y de alguna enmienda que ponga paz en la ría pontevedresa más allá de 2033.

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