Más de un año después del estallido del conflicto, Aena mantiene el pulso a aquellos inquilinos que se niegan a desembolsar las rentas correspondientes a los meses más duros del coronavirus. El último en sumarse a este bloque ha sido el gigante estadounidense McDonald's, quien considera que la crisis sanitaria provocó una situación de indefensión ante la firma semipública. Pese a que la famosa cadena de comida rápida no ha pedido medidas cautelares ante los tribunales, algo a lo que sí han accedido otros inquilinos de renombre como Áreas o Dufry, sí ha interpuesto una demanda y está a la espera de resolución judicial.
Un portavoz de la compañía explica a La Información que "la demanda interpuesta responde a la búsqueda de un adecuado reequilibrio de las relaciones comerciales que mantenemos con Aena, con quienes hemos venido cumpliendo íntegramente las obligaciones contractuales". Arrendador y arrendatario están actualmente en desacuerdo por lo exigido durante los primeros compases de la pandemia, lo que les ha llevado a fiar todo a la resolución judicial que llegará desde los juzgados de Palma de Mallorca, donde se ha iniciado el proceso, en los próximos meses.
Desde Aena matizan que han contestado y se ha incorporado en ella una cuestión de inconstitucionalidad, habida cuenta que la posibilidad de reequilibrar las relaciones comerciales entre el gestor aeroportuario y sus inquilinos, sean ya restaurantes o comercios, se ha garantizado tras una reforma del Congreso de los Diputados a la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre. En paralelo, Aena también ha encargado a Duff and Phelps el peritaje de las tiendas de McDonald's, como ya hizo con la de otros inquilinos rebeldes, para analizar su grado de solvencia.
No hay que olvidar que Aena está examinando desde hace meses la manera de invalidar los recursos de sus inquilinos rebeldes a través del Tribunal Constitucional. Para ello ya ha dado algunos pasos como contratar a Tomás De la Quadra Salcedo, exministro del gobierno socialista de Felipe González como titular de Administración Territorial, primero, y de Justicia, más tarde. El acuerdo es por cinco años y variará en función de las diversas actuaciones profesionales que podrán llegar o no a realizarse, de acuerdo a las fuentes consultadas.
Una propuesta que divide
Pese a las acusaciones a Aena de no ceder en un momento en el que la crisis de tráfico aéreo tenía efectos directos sobre la crisis de sus comercios, el gestor aeroportuario lanzó una oferta estructurada en varias etapas. La primera suponía una rebaja total, del 100%, de las rentas durante el primer estado de alarma; la segunda, otra reducción -en este caso a la mitad- desde el momento posterior hasta el 9 de septiembre de este 2022. La última etapa contemplaba recuperar el precio habitual de los alquileres desde el 10 de septiembre.
Pero la oferta, que para Aena suponía una pérdida de 500 millones en rentas, no recibió el visto bueno de todos los implicados. Hasta el pasado mes de septiembre, Aena ya había mantenido conversaciones con todos los operadores. El número de compañías que aceptaron rozaron el centenar, si bien las empresas de renombre, las que realmente pesan en la cuenta de resultados de Aena, no cedieron. Este es el caso de los restaurantes de Ibersol (Pans & Company), las tiendas libres de impuestos Dufry o la cadena de tiendas de ropa Desigual.
Un largo listado de pequeños comercios también se agrupó bajo el bloque del no a la oferta de Aena. Estas pequeñas empresas formaron AEOCA, organización que responde al nombre Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos. La agrupación se ha puesto bajo los servicios del bufete de abogados Fieldfisher, promotor de otras plataformas como la de Afectados por la Covid, y ha conseguido importantes victorias judiciales.
De perder la posibilidad de revertir la modificación de la ley de alquileres, Aena sufriría una merma significativa en sus resultados durante los próximos años. La compañía notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un primer momento que la reducción sería de 1.500 millones de euros a lo largo del periodo 2020-2025. No obstante, meses después reajustó el golpe con una estimación un 10% inferior a la calculada en el inicio.
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