Mediaset y Vivendi tienen una nueva oportunidad para entenderse antes de la vista en Italia. La justicia española les ha convocado a una audiencia previa el próximo día 15 de enero en la que cada compañía presentará sus propuestas para tratar de llegar a un acuerdo. Todo ello se producirá apenas una semana antes de que la justicia italiana, a través de un tribunal de Milán, celebre la vista en la que se dirimirá sobre el procedimiento iniciado por el grupo francés para la suspensión de la fusión de la italiana.
En este acto de conciliación, cada una de las partes hará sus alegatos a favor de las modificaciones y propuestas para solucionar el conflicto que se inició tras las juntas de accionistas de Italia y España el pasado mes de septiembre. Mediaset ha puesto sobre la mesa, y comunicado a la CNMV, la modificación de los puntos más arduos de los estatutos de Media For Europe (MFE), el gigante audiovisual que quiere crear la compañía italiana con sede en Países Bajos al fusionar la firma española y la del país alpino.
Los puntos más importantes que ha modificado tienen que ver con las limitaciones a los accionistas para vender libremente sus acciones de confianza, recogidas en el artículo 42 de los estatutos de la nueva sociedad. Del mismo modo, también se elimina la obligación de tener que lanzar una opa en el caso de que se supere el umbral del 25% de los derechos de voto, aumentando este margen hasta el 30% que recoge la ley holandesa, país en el que se asentará la futura sociedad.
Del mismo modo, también ha modificado algunos de los nombres de los consejeros que se habían puesto sobre la mesa al desvelar el proyecto. Así, la compañía prescinde de Borja Prado -el expresidente de Endesa fue uno de los valedores de Silvio Berlusconi en el proyecto contra Bolloré y es consejero de la firma- y Francesca Mariotti. En su lugar, el grupo audiovisual ha incluido a Javier Díez de Polanco -hasta ahora consejero independiente de Mediaset España- y Alessandra Piccinino.
La compañía capitaneada por Vicent Bolloré, Vivendi, propuso la venta de una parte de su participación en la compañía italiana, por la que se originaron las demandas, en concreto alrededor del 20%. Eso sí, lo haría con una condición, el precio de venta de la acción sería de 3,25 euros. Esta cantidad supone una prima superior al 20% con respecto al cierre de la sesión del día en el que se anunció, cuando terminó la sesión a 2,68 euros por acción. Pese a ello, el precio que pide Vivendi por ese porcentaje de sus acciones es aún un 12% inferior al pagado por los títulos en el momento de su compra, en 2016, cuando se situaban en el margen de los 3,7 euros.
La audiencia previa que se llevará a cabo en nuestro país el próximo día 15 de enero tiene que ver con el procedimiento principal solicitado a instancias de Vivendi. Por otra parte, existe otra causa relativa a las medidas cautelares solicitadas por el grupo francés que solicitó y consiguió la paralización de la fusión tras una audiencia celebrada el 2 de octubre de 2019. Fue entonces cuando el juez acordó la suspensión de los acuerdos adoptados en la junta del mes de septiembre también con respecto a la anotación preventiva de la demanda en el Registro Mercantil.
Mediaset España, en disconformidad con el fallo del juez, presentó el 8 de noviembre un recurso de apelación contra el auto ante la Audiencia Provincial de Madrid. Este procedimiento aún sigue su curso y no se ha resuelto. En paralelo, existe otra causa en Italia, donde se iniciaron las acciones de impugnación de Vivendi y Simon Fiduciaria para la anulación del acuerdo de la junta celebrada en el país alpino. Estas se han acumulado y están pendientes ante el Tribunal de Milán que celebrará la primera vista el 21 de enero.
En este sentido, la justicia italiana ha intentado la conciliación entre ambas compañías para lo que se han fijado varias fechas en las últimas semanas. Mediaset señalaba en la documentación enviada a la CNMV el pasado jueves que la postergación de esta reunión permitía que ambas partes continuasen "evaluando la posibilidad de alcanzar una solución amistosa a la controversia", manteniendo la suspensión provisional del acuerdo de fusión hasta que se celebre la vista.
Los antecedentes
El pasado 4 de septiembre Mediaset Italia y España aprobaron en dos Juntas de Accionistas extraordinarias paralelas su fusión, a pesar de la oposición de Vivendi, que tiene el 28,8% del capital de Mediaset Italia y el 1% de Mediaset España. En el caso de la convocatoria celebrada en Italia solo se permitió a Vivendi participar en la reunión en Italia con el equivalente al 9,99% de sus derechos de voto directos, y no con el 19% restante que tiene Simon Fiduciaria desde 2017 y por orden de los reguladores italianos, que ordenaron el traspaso de estos derechos por preocupaciones antimonopolio, ya que Vivendi también tiene cerca del 24% de Telecom Italia.
La compañía de Vincent Bolloré consideró "ilegal" que su fideicomiso no pudiera participar y por eso el grupo galo y Simon Fiduciaria presentaron un recurso ante la Justicia italiana para que suspendiera de forma cautelar la fusión entre Mediaset y su filial española. Para asegurarse la paralización, el grupo francés hizo lo mismo en España y en Holanda, donde está planificada la sede de MFE. Fue a partir de entonces cuando se desarrollaron los diferentes procedimientos judiciales en los países afectados.
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