Las medidas aprobadas por el Gobierno para favorecer la actividad industrial y evitar la fuga de empresas no convencen a las comunidades más afectadas por los anuncios de cierres como Asturias o Galicia. En diciembre, el Ejecutivo aprobó un decreto que reconoce la figura del consumidor electrointensivo y que, además, abre la posibilidad de que las industrias agrupen su demanda eléctrica en puntos geográficos concretos (redes cerradas) para abaratar la factura. Ninguna de las medidas, pendientes de concreción y desarrollo, satisface a las comunidades afectadas por cierres industriales sonados como el de las factorías de Alcoa en A Coruña y Avilés, que se mantienen.
Los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijoo y de Asturias, Javier Fernández han trasladado a las ministras de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de Industria, Reyes Maroto, su inquietud por la situación de las grandes empresas consumidoras de electricidad en sus comunidades. Sólo en Galicia, 10 compañías entran en la liga de los grandes consumidores con 5.000 empleados en nómina.
En plenas negociaciones para evitar el cierre de la multinacional Alcoa, las comunidades autónomas cuestionan las medidas aprobadas por decreto a fin de año por inconcretas. La norma prevé un plazo de seis meses para desarrollar tanto la figura del consumidor electrointensivo como las redes cerradas de distribución que se limitan a la actividad industrial. Las redes cerradas permiten abaratar la factura eléctrica de grandes consumidores agrupando consumos.
Una directiva antigua
En teoría, el decreto de diciembre incorpora a la legislación española normativa comunitaria. Es el caso de las redes cerradas de distribución eléctrica, recogidas en una directiva (2009/72/CE) que tiene una antigüedad de nueve años. Pero esa incorporación no es completa. La directiva europea apuesta por redes cerradas no sólo en la industria, sino también para zonas comerciales o de servicios, lo que se ha descartado en España, al menos por el momento.
El texto publicado en el BOE el 7 de diciembre detalla que la directiva comunitaria "admite la posibilidad de la existencia de redes de distribución cerradas, definidas como redes de distribución que suministran energía eléctrica a una zona industrial, comercial o de servicios compartidos reducida desde el punto de vista geográfico".
Pero la norma aprobada finalmente limita a la industria esas redes que permiten abaratar la factura de los grandes consumidores al sumar su demanda. El decreto restringe esas redes "para el suministro de electricidad a actividades industriales que, por razones fundamentalmente de seguridad, se encuentren integradas en ámbitos geográficos reducidos".
La idea de redes cerradas en España la defienden partidos diversos -del PSC, a ERC, pasando por Ciudadanos-, pero en alguna de las comunidades afectadas por cierres industriales hay muchos recelos porque fueron los independentistas catalanes los primeros en presentar proyectos legislativos sobre la cuestión.
Descentralización
La suma de demandas de energía de grandes consumidores supone, según los expertos, un avance en la descentralización del sistema eléctrico. Pero no debería limitarse a la actividad industrial. En Holanda, donde más extendido está el sistema de redes cerradas, hay más de un centenar que están en lugares como el Aeropuerto de Schiphol en Amsterdam o en gran puerto de Roterdam. Fuentes de las comunidades autónomas explican, no obstante, que las redes cerradas no solucionan el problema de la estabilidad de precios que reclama la gran industria para todas las instalaciones.
Las grandes empresas se han quejado durante meses de los elevados precios de la electricidad. Los datos de cierre de año refuerzan esas quejas. El último barómetro energético de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía recoge que el precio medio del mercado eléctrico español en 2018 fue de 57,3 €/MWh, un precio 9,8% mayor que el de 2017. Se así que 2018 es el segundo año con el precio medio del mercado eléctrico más caro desde 1998.
En 2017, el apoyo a la gran industria a través de la interrumpibilidad costó 525 millones. En 2018, la rebaja ha sido importante-reducción del 40%-, pero también han sido drásticos los anuncios de cierre registrados en el sector industrial. Las grandes compañías industriales han ingresado desde 2008 por la interrumpibilidad -disposición a desconectarse de la red en caso necesario- en torno a 4.400 millones de euros.
Para hacer frente a las quejas, el Gobierno ha analizado los mecanismos que Francia y Alemania han empleado para favorecer a su industria sin vulnerar las normas de Bruselas, contenidas en las "Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y Energía 2014-2020". Esos mecanismos implican reducciones o compensaciones de costes en prácticamente todos los conceptos que forman el precio final del suministro eléctrico. El decreto recién aprobado no concreta tanto.
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