Los cierres de los hoteles motivados tras el primer estado de alarma por la Covid llevaron en marzo de 2021 a la hotelera Meliá a entablar con la administración la posibilidad de reparar la decisión con una acción de responsabilidad patrimonial. El tiempo se ha ido agotando durante estos meses y las respuestas por parte de distintos ministerios a la opción planteada por la hotelera mallorquina han sido negativas. La única solución posible ahora para la cotizada española es abrir la vía del contencioso-administrativo contra el Estado.
Así lo trasladan desde la compañía a preguntas de La Información, en las que especifican que desde los trámites iniciados el pasado mes de marzo el Ministerio de Presidencia y el de Sanidad enviaron distintos informes denegatorios. A ambos, Meliá presentó sus alegaciones, sin haber obtenido respuesta hasta el momento. "Una vez ha transcurrido el plazo legalmente establecido sin haber recibido respuesta expresa de la Administración a nuestra reclamación o a las alegaciones presentadas, entendemos que se ha producido el Silencio Administrativo Negativo, por lo que nos veremos en la obligación de presentar el correspondiente Recurso Contencioso-Administrativo", afirman desde la compañía.
Aunque la administración cuenta con un año para contestar, legalmente se establece que si transcurren seis meses desde que se inicia el expediente sin haber obtenido una resolución expresa, el interesado puede entender por desestimada la reclamación formulada y explorar otras vías. "Salvo contadas excepciones, el Estado acostumbra por norma a desestimar este tipo de peticiones", explica al respecto el abogado José Ignacio Vega, del bufete Ramón y Cajal.
El momento es muy importante, sobre todo porque desde el inicio de la reclamación hasta ahora el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el primer estado de alarma y lo ha tachado de inconstitucional. No obstante, la propia sentencia matiza que "al tratarse de medidas que los ciudadanos tenían el deber jurídico de soportar, la inconstitucionalidad apreciada en esta sentencia no será por sí misma título para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas".
En un momento inicial, la intención de Meliá era obtener una compensación cercana a los 116 millones de euros. Pese a tratarse de la petición más lógica por ser la primera hotelera por número de establecimientos (140) y habitaciones (35.187) en España, su reclamación no fue la única. Otras compañías del sector también secundaron estas iniciativas, empezando por algunos propietarios de hoteles gestionados por el grupo Barceló. También hizo lo propio la cadena española NH, que pidió una cifra similar a la firma española. A preguntas de este medio, la firma controlada por la tailandesa Minor trasladó que, por su parte, mantiene abierta la vía administrativa.
Golpe y recuperación
En el caso de Meliá, la reclamación de responsabilidad patrimonial abarca el periodo comprendido entre marzo y junio de 2020, meses en los que las cadenas hoteleras -también los restaurantes, los comercios y los espacios culturales- no pudieron desarrollar ningún tipo de actividad y vieron cómo sus ingresos cayeron a cero. La hotelera terminó dicho ejercicio con pérdidas de 596 millones de euros, firmando el peor año de su historia. El primer año de pandemia se saldó además con una caída de los ingresos del 71% respecto al ejercicio anterior, debido a las restricciones a la movilidad impuestas que siguieron más allá del verano.
Afortunadamente, la evolución durante 2021 ha sido más positiva. La compañía ha logrado generar caja positiva desde esta campaña de verano y ha obtenido la liquidez necesaria con la venta de ocho establecimientos en los que no ha perdido su explotación. En paralelo, han mejorado las ventas y los números rojos se han ido reduciendo trimestre a trimestre. A falta de conocer cómo ha impactado la variante ómicron al cierre del ejercicio, todo apunta a que la situación financiera de la hotelera habrá mejorado ostensiblemente respecto al año anterior.
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