Unos 13.000 ganaderos se mantienen a la espera de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre uno de los casos más importantes relativos a la falta de competencia en el mercado alimentario. La sentencia al llamado 'cártel de la leche', retrasada desde el año 2015, mantiene en vilo a miles de productores de lácteos españoles agrupados en varias demandas colectivas contra las grandes industrias lácteas del país, a las que pedirán cerca de 1.200 millones de euros por prácticas anticompetitivas.
Para entender este proceso hay que retroceder hasta el año 2012, cuando la CNMC comienza una investigación contra las principales compañías lácteas españolas por alterar las condiciones de libre mercado entre los años 2000 y 2013. El organismo consideró probado que ocho grandes compañías y dos asociaciones del sector, entre las que se encontraban nombres como Puleva, Pascual, Lactalis o Danone vulneraron los principios de competencia al compartir información que se presuponía confidencial.
Entre los hechos constitutivos de estas prácticas se encontraban el compartir información relativa a los precios a los que compraban la leche a los ganaderos o las rutas que establecían los transportistas de la misma. Posteriormente establecían un umbral de precios entre todas ellas o impedían a sus clientes cambiar a otro proveedor, evitando hacerse cargo de esa producción si formaba parte de la cartera de alguna otra.
Aunque las sancionadas alegaban estar compitiendo en un mercado transparente y que la información intercambiada no tenía ningún tipo de valor, Competencia estimó que esos hechos les permitían obtener una ventaja competitiva y resolvió en su contra en 2015. Las grandes lácteas eran reincidentes, ya que en 1997 también fueron sancionadas por prácticas similares. Pero tras recurrir la multa, un problema al tramitar el expediente acabó devolviendo el procedimiento al punto de partida, anulando la anulación de la multa impuesta.
Un recurso pendiente desde 2019
En 2019, Competencia reanudó el procedimiento y emitió una segunda sanción de 80,6 millones de euros a los participantes del cártel, que volvieron a recurrirlo ante la Audiencia Nacional. Este recurso sigue sin ser resuelto por sus magistrados, a la espera de que se unifique el criterio de actuación. Mientras tanto, algunos afectados han comenzado a solicitar sus indemnizaciones, saldándose una a favor del demandante y otras dos en contra por prescripción y rechazo, esta última al desestimar cualquier reclamación de daños hasta que no hubiera sentencia definitiva.
Pendientes de esta respuesta están más de 13.000 ganaderos que se han personado como afectados a través de varias demandas colectivas, sobre un total de 52.000 que operaban entonces en el mercado español, según cifras de Eskariam, el bufete que representa a más de la mitad de los afectados. Tras defender a un único afectado en el primer procedimiento, los abogados de este bufete volvieron a sumarse a la causa al reiniciarse el procedimiento y arrancaron una campaña de comunicación para que todos aquellos que se consideraran damnificados por el cártel pudieran reclamar.
"Los productores estaban sometidos a una enorme presión, ya que les amenazaban con no recoger la leche. Si las vacas producen dos veces al día, ¿qué haces con ella? Si la tiras estás causando un problema al medio ambiente, si la llevas a un refrigerador te cuesta dinero. Sufrían una situación de indefensión y han estado perdiendo dinero", explica el abogado Juan Álvarez, quien se personó en defensa de la resolución de la CNMC y trabaja mano a mano con la Abogacía del Estado.
La gran mayoría de productores están esperando a la sentencia definitiva para solicitar sus indemnizaciones. Estas podrían superar los 100.000 euros de media por ganadero, lo que elevaría el importe a satisfacer por las grandes lecheras a más de 1.200 millones de euros. El cálculo de las reclamaciones estima que el daño producido suponía entre un 10% y un 12% del precio de venta del período investigado, que entonces estaba en unos 0,31 euros por litro, lo que dejaría la cifra en unos 3 céntimos más intereses. En números grandes, la cifra supondría el 10% de la facturación de cada ganadero durante esos 13 años.
Esta cifra podría incrementarse si se suman más ganaderos a las demandas colectivas. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el plazo de prescripción del procedimiento empezará a contar cuando la Audiencia Nacional emita su sentencia, por lo que los bufetes que iniciaron estas demandas colectivas siguen cogiendo ganaderos a día de hoy.
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