Cerrar el parque nuclear durante los próximos 15 años no va a ser ni fácil, ni barato. La asociación Foro Nuclear calcula que la gestión de residuos y clausura de instalaciones costará en torno a los 19.000 millones de euros. Eso en el mejor de casos y siempre que el Gobierno adopte las soluciones menos costosas para hacer frente al cierre de los siete reactores entre 2027 y 2035. Con el nuevo Plan General de Residuos Radioactivos aún pendiente de aprobación, el Ministerio de Transición Ecológica baraja la posibilidad de abandonar definitivamente el proyecto de almacén temporal centralizado (ATC) de Villacañas (Cuenca), paralizado desde 2018. En su lugar estudia la construcción de almacenes temporales descentralizados (ATDs) para gestionar los residuos acumulados ahora en cada central.
Los nuevos ATDs son como los almacenes individuales de cada instalación, pero mejorados. Dispondrán, entre otras cosas, de "celdas calientes", recintos blindados y con ventilación controlada, en los que se ejecutan operaciones con materiales de radiactividad elevada. Aunque los "minialmacenes" podrán concentrar los residuos de varias centrales, no dejarán de ser otro parche temporal como lo fueron las piscinas de almacenamiento. Aunque facilitarán algo importante: prescindir del gran almacén proyectado en Villar de Cañas (Cuenca), que defiende la empresa pública de residuos Enresa.
Los nuevos almacenes ATDs, de llevarse a cabo, permitirán hacer frente al apagón nuclear previsto -y pactado con las eléctricas entre 2027 y 2035- y ganar tiempo hasta decidir dónde enterrar definitivamente los residuos generados en medio siglo de actividad por los reactores que llegaron a cubrir el 20% de la demanda eléctrica del país. El destino final de los residuos y el combustible gastado debería ser un Almacén Geológico Profundo(AGP), un sarcófago natural y sin fugas para enterrar material peligroso durante miles de años.
La empresa pública Enresa aún defiende un almacén centralizado (ATC) para la gestión de toda la basura nuclear antes de decidir una localización definitiva, algo que podría llevar décadas -maneja el año 2073-. Pero el Gobierno no lo ve tan claro. Hace dos años, paralizó el ATC de Villar de Cañas (Cuenca) que había impulsado el Ejecutivo de Rajoy por dudas sobre el emplazamiento y por las protestas de la Comunidad de Castilla-La Mancha.
El proyecto sigue aparcado. En él se invirtieron 49.000 horas de trabajo de técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y 43 millones de euros del presupuesto de Enresa. La mayor parte de esta cantidad, el 58%, fue a parar a la filial de ingeniería Iberinco, filial de Iberdrola, a cuyo consejo se incorporó en 2012 Ignacio López del Hierro, el marido de la ex ministra de Defensa y expresidenta de Castilla La Mancha, Maria Dolores de Cospedal.
La mayor parte del dinero se pagó entre los años 2013 y 2015. Fueron un total de 36, 9 millones de euros repartidos entre las empresas Iberinco (filial de Iberdrola); Gas Natural Fenosa y Westinghouse. El Gobierno de Rajoy incluyó en el proyecto de Presupuestos para 2018 una partida de 144 millones para impulsar el ATC. Con el nuevo Ejecutivo y la paralización del proyecto, la partida quedó en el aire.
El borrador del VII Plan General de Residuos Radioantivos (PGRR) mantiene como estrategia de gestión del combustible gastado el denominado “ciclo abierto”;no contempla el reprocesado sino el almacenamientode los residuos generados por las plantas. Según el borrador del plan, el fondo total que se prevé acumular asciende a unos 23.000 millones hasta 2100, y desde 1985, el año que comenzó a recaudarse. Los cálculos de la asociación Foro Nuclear son similares, aunque parten del año 2010. De acuerdo con la asociación (ver gráfico), la gestión de los residuos costará 18.660 millones. De ellos, la mayor parte, 9.126 millones, corresponden al combustible gastado y a los restos de alta actividad.
Los últimos datos de almacenamiento de residuos muestran que las piscinas están ocupadas en casi un 86% de media y los almacenes temporales individuales (ATI) de las centrales en un 40%. Son los porcentajes que enmarcan la tramitación del nuevo plan de residuos, cuya aprobación definitiva puede llevar aún más de un año. Los retrasos en la tramitación del Plan son caros. Un ejemplo: El 1 de julio de 2017 finalizó el acuerdo de España con la compañía francesa Areva (ahora Orano) para almacenar en Francia los residuos radiactivos de la central Vandellós I, clausurada en 1989. Y cada cada día transcurrido sin que España repatríe la basura nuclear conlleva una penalización de 73.000 euros.
