La imputación como persona jurídica del BBVA por los delitos de cohecho, descubrimiento, revelación de secretos y corrupción entre particulares en el marco de la causa que investiga la red de espionaje articulada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo a instancias del banco ha encendido todas las alarmas en el Palacio de la Moncloa, que sigue con mucha atención la crisis reputacional de la segunda entidad financiera del país a fin de poder atajar cualquier tipo de consecuencia indeseada para la economía española.
Pese a que el escándalo, que se ha cobrado la presidencia de honor de Francisco González (FG), aún no se ha hecho notar sobre el negocio de BBVA o sobre su cotización en bolsa, en las altas instancias del actual Ejecutivo en funciones subrayan que siguen "muy atentos" el desarrollo de los acontecimientos, siempre sin interferir en las decisiones de la Justicia. "Es un asunto muy importante", recalcan fuentes socialistas, que ponen de manifiesto que el seguimiento que se hace del asunto en el Ministerio de Economía tiene su continuación en el Palacio de la Moncloa.
Es más, como recuerda un alto funcionario de Economía, el Gobierno está efectuando una monitorización constante de la evolución del banco desde que se conoció que, por orden del BBVA, Villarejo habría realizado seguimientos personales y miles de pinchazos telefónicos ilegales a empresarios, políticos y periodistas durante la etapa de González como presidente ejecutivo del banco. Y es que la entidad vasca, que reconoce que el caso puede afectar a su actividad, no solo representa un "riesgo sistémico" para el sector financiero español, sino también para el europeo.
El BCE rebaja el tono
De hecho, el Banco Central Europeo (BCE), el supervisor bancario de la zona euro, fue quien elevó en reiteradas ocasiones la presión sobre la cúpula actual de la entidad para que se investiguen a fondo y con la máxima celeridad posible los hechos supuestamente delictivos. "La reputación es vital para un banco", llegó a decir Luis de Guindos, actual número dos de Fráncfort, el pasado mes de febrero, pocos días antes de la dimisión de FG como presidente de honor.
No obstante, una vez que el banco ha reconocido públicamente que está colaborando con los tribunales y que ha trasladado los "hallazgos relevantes" de su 'forensic' a la investigación que lidera el magistrado Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional, el organismo monetario, cuyo portavoz oficial en el asunto es el propio Guindos, ha rebajado el tono y se ha limitado a señalar que la cuestión está en manos de la justicia española y que hay que esperar a las decisiones del juez.
En este sentido, basta con que el juzgado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 señale como investigado a cualquier miembro de la cúpula actual del BBVA (consejo de administración y alta dirección) para que el BCE intervenga de forma casi automática en el caso. Sería a través del 'fit & proper', un proceso mediante el cual el supervisor evaluaría de nuevo la idoneidad de los directivos implicados, pudiendo forzar su salida, para valorar la importancia de los hechos y su impacto en la reputación de la persona y de la entidad financiera.
Otra de las vías de actuación que tiene el BCE es a través del proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP, según sus siglas en inglés), un mecanismo que el supervisor ya amagó con utilizar durante el plan de sucesión de FG y que mediante el cual Fráncfort podría imponer recargos de capital al banco si aprecia que no ha depurado responsabilidades y que su gobernanza no es la óptima ni la adecuada.
Pagos de 10 millones a Villarejo
A primera hora de la tarde de ayer, trascendió la imputación como persona jurídica de la entidad por los delitos de cohecho, descubrimiento, revelación de secretos y corrupción entre particulares después de que la Fiscalía Anticorrupción así lo solicitara, lo que supone que el banco tiene que designar un representante legal para que le represente en este procedimiento penal en el cual no podrá personarse como perjudicado.
De este modo, García Castellón, atiendía el criterio de los dos fiscales al frente de esta macrocausa. Los mismos consideran que, tras el análisis de toda la documentación que obra en el sumario proveniente de los registros efectuados tras el estallido de la operación y de la propia entidad, quedarían acreditados los pagos ilícitos al entramado empresarial de Villarejo por importe superior a los 10 millones de euros. "Como ya dije en enero y he reiterado en múltiples ocasiones desde entonces, nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia y así seguirá siendo", ha comentado Carlos Torres, presidente actual de BBVA, al respecto.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios