La sombra del caso Villarejo y el BBVA es cada día más alargada y llega ya hasta algunas de las más altas instancias del Gobierno. Aparte de la preocupación mostrada este miércoles por la ministra de Economía, Nadia Calviño, fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que se está llevando a cabo una monitorización constante de la evolución del banco para atajar cualquier crisis reputacional y que no se produzcan unas consecuencias indeseadas en la economía del país. A los técnicos de Moncloa no se les escapa que BBVA es “un riesgo sistémico” para todo el sector financiero español, de forma que hay que lanzar todas las alarmas posibles ante una posible caída del banco por el efecto de un escándalo tan grave como el de las escuchas que contrató con el excomisario.
El hecho de que Francisco González sea ahora el presidente de honor de la entidad y haya dejado todas las funciones ejecutivas ha permitido que, por el momento, el impacto del caso Villarejo haya sido mínimo en su valor. Pero tanto desde Moncloa como en los ministerios más relacionados con el ámbito económico y judicial, se ha mostrado una gran inquietud por la deriva que puede coger el caso si se ve obligado a afrontar una avalancha de demandas civiles o querellas (vía penal) de los miles de afectados por los teléfonos intervenidos por Villarejo y los servicios de escucha y vigilancia realizados en virtud del contrato firmado con el BBVA.
Según las estimaciones técnicas externas que se manejan en el mercado, si González siguiera al frente del banco, un escándalo de esta envergadura (que puede dar lugar a procesos penales y de vulneración de los derechos fundamentales de mucha gente) podría haber causado un descalabro en su valor cercano al 20% en los primeros días. A pesar que ese cálculo sea solo una hipótesis económica, desde el ámbito público no se quiere correr ese riesgo de ninguna manera, de forma que fuentes distintas consultadas en el seno del Ejecutivo han asegurado que la desvinculación total de la entidad del todavía presidente de honor “es inminente”. “En la situación actual, damos por hecha la salida de FG del banco lo antes posible”, señalan fuentes no oficiales.
La ministra Calviño ha recordado este miércoles que, aunque se trate de un episodio más de todas las informaciones que se han dado sobre Villarejo y sus trabajos desde la empresa privada de investigación Cenyt, es algo que está dentro de un proceso penal ya abierto e investigado en la Audiencia Nacional, por el que le propio Villarejo lleva algo más de un año en prisión preventiva acusado de media docena de delitos graves. Es más, el juez ha ordenado requisar documentos en las dos publicaciones que transmiten en exclusiva las informaciones del entorno del excomisario (El Confidencial y Moncloa.com), para analizar si es necesario ampliar ese proceso con lo ocurrido con el BBVA.
Todo ello aparte de las acciones judiciales que puedan poner en marcha todos los afectados, entre los que se encuentran grandes empresarios españoles a quienes se tuvo investigados por orden del banco, junto a políticos y exministros, como Miguel Sebastián o la entonces vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega. “El caso es de una gravedad tremenda si tenemos en cuenta que además de atentar contra el Gobierno del país, se ha entrado a revelar secretos o a difundir datos personalísimos de algunas personas relevantes, algo que no se puede dejar pasar desde el punto de vista del Derecho”, aseguran fuentes ministeriales. “Incluso podemos admitir que se ataque a personas y ellas pueden defender sus derechos, pero de ahí a poner en riesgo una entidad fundamental para la economía del país, hay un trecho”, aseguran.
A vueltas con la prescripción
Una de las claves que hasta ahora han surgido sobre las investigaciones realizadas por Villarejo para el BBVA es la prescripción de los hechos, dado que han pasado más de diez años desde que se produjeron. Si bien es cierto que esa prescripción existe, fuentes jurídicas consultadas advierten que eso no obsta para que se pueda llevar a cabo una instrucción para delimitar las posibles responsabilidades de cada uno de los posibles implicados y la envergadura de los delitos cometidos.
“Hasta que toda esa investigación no se haya llevado a cabo no se puede dar por sentado que la prescripción evitará el proceso”, advierten expertos en ese ámbito judicial. Si de todo lo que se indague resulta un delito grave, pero no de gran alcance en cuanto a sus consecuencias y la pena que lleva aparejada, se puede determinar que los hechos han prescrito y cerrar el caso. Pero si el resultado es una serie de delitos acumulados o “algo más que una simple revelación de secretos”, como puede ocurrir en este proceso, será el juez quien decida si esa prescripción se amplia a diez años, o más.
Desde el BBVA ya se ha lanzado una investigación interna para delimitar las posibles responsabilidades jurídicas que a la entidad le pueden surgir por la contratación de la empresa Cenyt y las actuaciones que Villarejo hizo por encargo del banco. De ese proceso se derivará también la implicación que en todo ello tuvo el entonces presidente, Francisco González, o las que le pueden caer al actual equipo de Carlos Torres, si bien en todo ello van a jugar un papel importante las decisiones que tome el juez del caso Tandem, que enjuicia ya al excomisario, y el carácter de las demandas que se puedan poner a partir de ahora. "Lo que está claro es que una cosa será lo que ocurra en el banco, y otra lo que tenga que afrontar González", señalan fuentes cercanas.
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