El expresidente de la Generalitat José Montilla y el exministro de Fomento y exvicesecretario general del PSOE José Blanco se perfilan como nuevos consejeros de Enagás, la compañía que gestiona la red de gas y que está participada en un 5% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Los nombramientos se completan con el del científico Cristóbal Gallego, según ha sido aprobado por el consejo de amnistración, que se amplía a 15 miembros y que está presidido por Antonio Llardén.
La incorporación de los dos exministros sigue la tradición. El Gobierno del PP de Mariano Rajoy también incorporó en su día a destacados miembros del partido como Isabel Tocino, Ana de Palacio, Antonio Hernández Mancha o el expresidente del Tribunal de Cuentas Gonzalo Solana que permanecerán en sus cargos hasta 2022, según informó Crónica Global.
Los nuevos consejeros se incorporan a la compañía en un momento complicado por los cambios regulatorios que afectan a los ingresos regulados del grupo. Tras intensas negociaciones, Enagás decidió no pelear en los tribunales contra el recorte de ingresos -10,5%- propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y aprobado por el Gobierno para el periodo 2021-2026.
La compañía, participada en un 5% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), evita así un choque con el Ejecutivo en pleno debate sobre el papel que debe jugar el sector público en empresas como Red Eléctrica de España (REE) o la propia Enagás.
El presidente de Enagás, Antonio Llardén es un auténtico superviviente. Fue nombrado en la etapa de Gobierno de Rodríguez Zapatero y lleva 13 años en el cargo. Llardén, apoyado en una buena gestión, se mostró muy combativo el pasado año contra las propuestas de recortes a las actividades reguladas en el sector de la energía de la CNMC.
En julio pasado, la compañía advirtió de que adoptaría las acciones y medidas jurídicas "que resulten pertinentes en todo momento en la defensa de sus intereses y los de sus accionistas". La compañía cargó con dureza contra la reforma porque en su opinión, ponía en riesgo "las inversiones futuras en nuevos servicios y los objetivos comprometidos de lucha contra el cambio climático".
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