Moove Cars pasa, al igual que todo el sector del transporte y del taxi, por un momento complicado. El mayor dueño de licencias VTC, utilizadas para ofrecer servicios en plataformas como Uber o Cabify, ha presentado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para prácticamente todas las filiales de su grupo. Lo han hecho también sus rivales. Pero en su caso se ha encontrado con algo llamativo: tres han sido rechazados por la autoridad laboral de la Comunidad de Madrid, mientras que otros han sido aprobados. Todos ellos tienen una estructura y justificación "idénticas", algo que demuestra que no hay un solo criterio.
La compañía, cuyo máximo accionista es el fondo de inversión con sede en Londres King Street Capital y que tiene entre sus consejeros y socios a Jaime Castellanos, cuenta con más de 4.000 autorizaciones de VTC adquiridas desde el año 2017 a todo tipo de pequeños propietarios. Es el proveedor prioritario y exclusivo de Uber en este páis. Es decir, todos sus conductores prestan servicios de viajes en las diferentes ciudades a través de la plataforma de la multinacional estadounidense. En esta semanas ha visto cómo su negocio se ha desplomado por el confinamiento y las restricciones a la movilidad tras el estado de alarma decretado por el Gobierno. Esa caída importante es la que ha servido de justificación para esos expedientes presentados no sólo en Madrid y a nivel estatal, sino también en otras comunidades donde opera como Andalucía o Comunidad Valenciana.
En este contexto, la compañía ha presentado sólo en Madrid más de una quincena de ERTE, según confirma a La Información la secretaria general de Transportes de UGT en Madrid, Rosa Palomar. El sindicato tiene presencia en la mayoría de las compañías del grupo. En ese grupo de expedientes ha sucedido algo llamativo: la Comunidad ha dado luz verde a cuatro de manera expresa y ha rechazado tres, mientras que no se ha pronunciado respecto al resto (en todos estos casos, el silencio administrativo es positivo).
Esta diferencia de criterio se da en expedientes que, precisamente, tienen la misma base argumental y la misma justificación para que sea por 'causa de fuerza mayor'. La empresa ha alegado el desplome de la actividad en el mercado español y, por tanto, en la falta de viajes que justifiquen la actividad de los conductores y parte del personal de apoyo y administración. Sin embargo, la Inspección de Trabajo los ha frenado, según apuntan desde UGT, que insiste en que la empresa está manteniendo contacto con el organismo público para entender las razones de esas diferencias en las decisiones tomadas y subsanar los posibles errores.
Quiénes controlan y financian
Moove Cars se limita exclusivamente al transporte de viajeros con las licencias VTC. Todo el grupo está conformado por decenas de sociedades filiales que fueron adquiridas durante varios años a propietarios privados y que eran las que contenían las autorizaciones. La mayor adquisición fue la de Ares Capital, a los hermanos Ortigüela, que supuso un desembolso de unos 140 millones de euros. Para financiar todas estas compras y la operativa, su máximo accionista, King Street Capital, puso sobre la mesa en forma de inyección de más de 155 millones. Pero además 'reservó', a través de su entramado de compañías con sede en Luxemburgo, otros 350 millones de préstamo libre de intereses y no convertible en acciones, tal y como desveló La Información. Esas cifras eran a cierre de 2018. Se desconoce cuánto de ese dinero ha sido utilizado por los gestores.
Hay que recordar que el grupo tiene junto a King Street a una serie de inversores conocidos en España. En la cúpula se mantiene Jaime Castellanos, expresidente del grupo mediático Recoletos y presidente del banco de inversión Lazard, como consejero y accionista. Fue quien inició la andadura del grupo a mediados de 2017, cuando compró a Cabify la compañía inicial llamada Yirmi UC Fiesta Omnibus SL, junto a otros empresarios como Jon Riberas, presidente de Gonvarri y hermano del presidente del presidente de Gestamp, Francisco Riberas; Manuel Puga, exdirectivo de Adif, o Pedro del Corro, director general de Torreal, firma de inversión de Juan Abelló. Todos ellos, excepto Riberas, se mantienen en el consejo, donde también están otros empresarios VIP.
En este tiempo, Moove Cars, y otros grandes gestores de flotas de conductores y vehículos, han recibido críticas por las condiciones de trabajo de sus plantillas. Según confirman fuentes del sector, los salarios van desde algo más de 1.000 a los 1.250 euros brutos (cada coche tiene dos turnos). A esto habría que sumar los pluses por productividad y facturación, por calidad de servicio o ausencia de accidentes, que pueden elevar entre 300 y 400 euros esa cantidad. Las jornadas, según denunciaban los sindicatos, superaban las 12 horas diarias, tanto en este operador como en otros. Sólo el grupo que trabaja para Uber en exclusiva cuenta con una plantilla de varios miles de chóferes.
El de Moove Cars no es el único actor destacado de este mercado que se ha visto seriamente afectado y que también ha presentado ERTE para la práctica totalidad de su plantilla. Hoy el terreno de juego de las VTC está controlado por tres grandes actores, que gestionan más del 70% de la actividad: Cabify, que cuenta con más de 2.000 licencias VTC de manera directa tras la compra de Vector Ronda a Rosauro Varo, la propia Moove Cars y Auro New Transport. Esta última está liderada por el exjefe del taxi, José Antonio Parrondo, junto a una serie de inversores del sector de internet como Zaryn Dentzel (Tuenti) o Félix Ruiz (Jobandtalent). Tanto Vector Ronda como Auro también han presentado ERTE para sus respectivas sociedades.
El taxi y Cabify
Además del ERTE de Vector Ronda, dueño del mayor número de licencias de Cabify, esta última también presentó un ERTE para reducir la jornada laboral de su plantilla en España, que suma 450 empleados. En principio el recorte era del 50%. Según confirman fuentes oficiales, de momento el proceso "ha seguido el curso de aprobación normal". La compañía se ha visto envuelta en una polémica, después de que se lanzara a poner en marcha Envíos, un servicio para hacer entregas de paquetes con sus vehículos, algo que ha sido denunciado no sólo por federaciones de transportistas ante la Comunidad de Madrid, sino también por el sector del taxi ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Su objetivo es tratar de explotar esa red de conductores que hoy está parada y lograr ingresos de manera urgente. No cuenta con alternativa de entrega de comida a domicilio, como sí tiene Uber con su división Eats.
Más allá de las VTC, este parón también ha pasado, lógicamente, seria factura al taxi. Según explicaba recientemente Fedetaxi, los desplomes en las ventas de los profesionales ha llegado a ser de más del 80% desde que se iniciara el estado de alarma por la pandemia. A finales de marzo, esta organización reclamó al Ministerio de Transporte y al de Trabajo y Seguridad Social que las ayudas "se extiendan sin traba alguna" a este colectivo, sin proceder a la comprobación documental de la reducción de facturación. También pidieron suspender las cotizaciones sociales.
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