Más movimientos dentro del máximo órgano de admnistración de Moove Cars, el gigante de las licencias de vehículo con conductor (VTC) promovido e invertido por el empresario Jaime Castellanos, expresidente del grupo Recoletos y presidente del banco de inversión Lazard. Salen del consejo de administración dos de los fichajes que hizo hace casi dos años: el que fuera presidente de Mercedes Benz España, José Luis López-Schummer, y la abogada especializada en el área inmobiliaria María Segimón de Manzanos. El grupo se encuentra inmerso en una crisis profunda tras el parón causado por la pandemia del coronavirus. A ello se une la falta de actividad en Cataluña y Valencia ante la salida de Uber de ambos mercados por la regulación más estricta impuesta por los gobiernos regionales.
Ambos fueron fichados como consejeros 'independientes' dentro de todo el entramado de sociedades con las que el grupo controla más de 4.000 licencias VTC repartidas por toda España, lo que la ha situado como la mayor flota del país. Se incorporaron junto a Alfredo Ruiz Plaza, que ha asumido labores ejecutivas dentro del grupo de la mano de Manuel Puga, consejero delegado y ex directivo de Adif y también exjefe de la patronal ferroviaria -donde se vio envuelto en un escándalo al desvelarse su sueldo y el del 'número 2' que sumaban más de 600.000 euros-. Este fue el intento a principios de este año de profesionalizar una cúpula con una experiencia relativamente limitada en el mundo de la VTC y más centrada en las finanzas y los negocios más 'tradicionales'.
Otro de los movimientos significativos hay que encontrarlo en el lado legal. Cuatrecasas fue el bufete de abogados elegido por Uber, socio de referencia de Moove Cars para explotar sus licencias, y también por el propio gestor de flotas. De hecho, aterrizó como secretario no ejecutivo del consejo el socio Cristóbal Cotta Martínez de Azagra. Según ha comunicado oficialmente la empresa, este abogado sale y le releva Ignacio Zarzalejos Toledano, que hasta 2019 era abogado del bufete Uría y Menéndez. En esa fecha salió para incorporarse al departamento del bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo.
¿Quién queda en el consejo? Se mantiene como presidente Nicolás Guardans Bonet, director general de King Street Capital Managament, el 'hedge fund' que tiene la mayoría accionarial de todo el grupo y financió la compra de buena parte de las licencias en 2018 por más de 140 millones de euros desde un entramado societario con sede en Luxemburgo y que acaba en Las Islas Vírgenes Británicas, considerado por la Agencia Tributaria un paraíso fiscal. Y como consejeros están Rafael García-Tapia, procedente del fondo de inversión Corpfin Capital que ha perdido labores ejecutivas, junto con Pedro Del Corro García Lomas, asesor financiero de Torreal, la sociedad de inversión del empresario español Juan Abelló.
Castellanos también se mantiene como consejero. No en vano es el que lidera la sociedad Mirtosan Spain SL, que controla el 30% de las acciones de todo el grupo. Aún no hay cuentas del año 2019 de esta compañía, pero entre los accionistas se encuentran algunas sociedades donde tiene presencia su mujer, Patricia O`Shea. La inversión ha sido de varias decenas de millones de euros. El otrora presidente de Grupo Recoletos aterrizó en el sector de las VTC en el año 2017, adquiriendo una filial de Cabify -llamada Yirmi UC Fiesta Omnibus- que contaba en aquel momento con 75 licencias. Y sumó otras adquisiciones que sumaron sólo ese año un pago de más de 22 millones de euros. Era sólo el principio. Hubo más adquisiciones y más desembolsos. Muchos inversores ajenos al mundo del transporte llegaron atraídos por el ansia de 'pelotazo', pues se esperaba un aluvión de este tipo de autorizaciones tras las sentencias favorables del Tribunal Supremo. Unas autorizaciones que llegaron a disparar su valor en el mercado.
Los números del sector
Toda esta inversión se produjo después de que sucedieran dos hechos que han trastocado los planes del grupo. Por un lado, la nueva regulación impuesta en comunidades como la Valenciana o Cataluña, donde se ha exigido un tiempo de precontratación a plataformas como Uber o Cabify, que llevó a la primera a cerrar la puerta en esos territorios. Moove Cars tiene con la multinacional estadounidense un acuerdo de exclusividad. Por otro lado está el estallido de la pandemia global del coronavirus, que congeló la actividad durante varios meses y que, posteriormente, la ha dejado al ralentí, lo que ha llevado a mantener varios ERTEs significativos en el grupo.
El grupo de VTC no ha enseñado aún los números del año 2019, por lo que no se puede ver el impacto de la paralización en Barcelona -uno de los mercados clave- ni su valoración sobre el desplome por la Covid-19. Pero sí que pueden valer como muestra los de Tibus, la 'joint venture' que crearon el holding de transporte Alsa junto con la propia Moove Cars para operar precisamente en la Ciudad Condal. La facturación pasó de 9,1 millones de euros -procedentes de los viajes ejecutados a través de Uber- a algo menos de medio millón, lo que llevó a pérdidas de 1,6 millones.
Mientras el negocio sigue a la espera de una recuperación, el valor de esas licencias por las que Castellanos y el resto de inversores se peleaban hace tres años es más reducido precisamente por la regulación impuesta tras el 'decreto Ábalos'. Éste le impuso una fecha de caducidad de cuatro años y le dio la llave a las comunidades autónomas que son las que tienen la capacidad de dibujar las nuevas normas. Hay algunas de ellas como Madrid que ya han dicho que van a regular, lo que pararía el reloj. Otras, como Cataluña o Valencia, guardan silencio. Entretanto, algunos de los empresarios miran al Tribunal Constitucional como la manera de frenar el decreto del Gobierno.
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