En España hay al menos un centenar de alcaldes más inquietos de lo habitual. Son los regidores de las localidades cercanas a las centrales nucleares, agrupados en la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC). Temen una caída de ingresos por los cambios que introduce la futura Ley del Clima para reducir el control municipal en las obras relacionadas con el desmantelamiento de centrales hasta 2035 y el almacenamiento de residuos. El presidente de AMAC, Pedro Sánchez, explica que la asociación estudia acciones legales por si se confirman los cambios pactados por el PSOE y Unidas Podemos en la tramitación de la Ley. Pese a los recelos, AMAC ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica para desarrollar en Zorita (Guadalajara), el primer Convenio de Transición Justa en una zona postnuclear.
Menor control municipal equivale a posible eliminación de permisos, autorizaciones y licencias; en suma, menos ingresos para las corporaciones. Según Sánchez, los recortes podrían afectar especialmente a los "municipios cabecera". Hay 72 municipios situados a menos de 10 kilómetros de una central nuclear, con una población de 40.000 personas que podrían verse afectados. "Hemos pedido informes jurídicos a nuestros servicios como hacemos siempre que hay una medida que nos afecta" explica Sánchez.
El presidente de AMAC, alcalde de la localidad de Yebra (Guadalajara), apela a la búsqueda "de fórmulas de entendimiento" con el Gobierno y los impulsores de la reforma legal aprovechando una interlocución que "siempre ha sido muy buena". Ante todo, los responsables de la asociación quieren que el flujo de fondos que han recibido desde hace 25 años no se corte.
Pagos desde 1989
La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha pagado al centenar de ayuntamientos cercanos a las centrales nucleares (los situados en torno a 20 kilómetros) más de 580 millones de euros entre 1989 y 2018, según datos oficiales de la empresa pública. Los municipios quieren asegurarlos con planes alternativos de desarrollo económico rubricados por el Gobierno.
La inquietud municipal se centra en la posible modificación por la Ley del Clima de otra norma, la Ley 25/1964 de 29 de abril de Energía Nuclear, para que las obras de construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación o desmantelamiento en el marco del Plan General de Residuos del Gobierno, sean consideradas obras de interés general que "no están sometidas a ningún acto de control municipal" de los que figuran en la ley reguladora de las bases del régimen local.
El primer choque, el que ha encendido las alarmas, ha tenido lugar en la localidad de Hornachuelos (Córdoba), donde se ubica el cementerio nuclear de El Cabril. Enresa comunicó al Ayuntamiento de la localidad que el desmantelamiento de centrales previsto entre los años 2027 obligará a ampliar las instalaciones, en un primer paso, con 12 nuevas celdas de almacenamiento de basura nuclear de media y baja intensidad para el ejercicio 2028. El ayuntamiento cordobés teme que la ampliación se apoye en la nueva ley e invoque "el interés general", lo que excluiría al Ayuntamiento de cualquier tipo de control preventivo municipal (urbanístico) sobre las obras de construcción, ampliación o reparación por parte de Enresa.
El municipio (4.497 habitantes) que dirige la independiente Maria Pilar Hinojosa, ha explicado que si finalmente se aprobara la declaración de interés general de las obras de Enresa, implicaría que la empresa tendría vía libre para realizar cualquier tipo de construcción sin tener que solicitar licencia de obra al Ayuntamiento y, además, significaría también que se vería liberada de abonar al municipio las tasas por licencia y el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) Menos dinero.
Control del gasto
Los cambios legislativos previstos no sólo pueden afectar a las vías de ingresos,sino también al control del gasto, según las fuentes consultadas. Los municipios nucleares reciben ayudas desde el año 1989, y por mandato de sucesivas Órdenes Ministeriales. La última orden data de 2015. Regula las asignaciones con cargo al fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radioactivos. Lo más interesante es que hace un somero examen de lo logrado con el dinero entregado a los ayuntamientos desde el inicio, a finales de los años 80. Y no es muy optimista sobre los efectos de los 580 millones canalizados.
Según recoge la orden "transcurridos 25 años desde el origen de este tipo de ayudas", Industria constata que los municipios "aún mantienen una marcada dependencia económica de las nucleares", debido "a la baja incidencia" que estas ayudas han tenido en su desarrollo por su "escasa" aplicación a proyectos de inversión para generar economías alternativas. Para suavizar las consecuencias de los cierres previstos en nucleares y centrales de carbón, Transición Ecológica ha anunciado una Estrategia de Transición Justa que tendrá en cuenta recomendaciones aprobadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el documento 'Directrices para una Transición Justa' del año 2015. El primer protocolo para Zorita (Guadalajara) se ha firmado esta semana.
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