El sistema gasista hace agua por muchos agujeros. No es una opinión. Lo dice el Boletín Oficial de Estado (BOE). A horas de que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, acuda al Congreso para explicar el espinoso asunto del almacén de gas Castor, la lupa está sobre las cargas que soportan los usuarios. La orden ministerial de peajes para 2018 publicada el 27 de diciembre pasado es un relato pormenorizado de cómo una gestión discutible desde hace más de una década ha descargado sobre el bolsillo de los ciudadanos 338 millones de agujero -a cubrir este año- en el negocio del gas. Esa cifra supone en torno al 10% de los costes previstos del sistema.
Las páginas del BOE detallan, artículo por artículo y disposición adicional tras disposición adicional, cómo la mezcla de decisiones empresariales erróneas y políticas discutibles acaban por afectar al usuario de a pie. En el boletín está todo: el fracasado almacén de gas Castor; la ampliación de regasificadoras (Cartagena y Huelva); el laudo arbitral de 2010 que encareció las importaciones de gas de Argelia o la paralización de la regasificadora de El Musel (Gijón). Millones que caen como martillazos en el recibo y que tendrá que explicar Nadal en el Congreso.
Artículo a artículo (4, 5 y 7) , la orden ministerial describe los remiendos aplicados a rotos sucesivos. El primero lo recoge el artículo 4. Fija en más de 23 millones de euros la retribución a percibir por Enagás, gestor del sistema gasista, por operar y mantener la regasificadora de El Musel (Gijón). La instalación fue paralizada por orden judicial al haber sido construida a menos de dos kilómetros de un área habitada.
Los 23 millones de El Musel palidecen al lado de lo que recoge el artículo siguiente, el cinco. La anualidad para 2018 derivada del desastre Castor. Son derechos de cobro (80,6 millones) de los bancos y de Enagás (15,7 millones) para cubrir las obligaciones por los 1.350 millones devueltos a la constructora ACS y su socio canadiense CLP por el cierre de la instalación. El Tribunal Constitucional cuestionó la devolución en diciembre y el ministerio todavía no ha detallado cómo afecta la sentencia al compromiso suscrito con la banca -Caixa, Santander y Bankia- para extender durante 30 años, al 4,3% de interés, la cobertura del gran agujero.
Crisis y demanda
El artículo 7 de la Orden describe un roto de otra naturaleza. Como la crisis afectó a la demanda de gas y las cosas no volverán a sus niveles hasta el año 2020, los ingresos del sistema no cubren todos los gastos. Un problema. La Ley 18/2014 establece que en caso de insuficiencia (agujero), los peajes se revisarán para cubrir el roto. Y por ello, la norma reconoce un déficit del sistema gasista correspondiente a 2016 de 90 millones que se cubrirá por anualidades hasta 2022. En otra disposición adicional -la tercera- se reconocen por las mismas razones los déficit del año 2014, 79 millones y de 2015, 5,4 millones.
En 2022 acabará también el pago a Enagás de otros 60 millones, en cuotas anuales, por la ampliación de las regasificadoras de Cartagena y Huelva.
No acaba aquí el relato de los remiendos aplicados cada año en el sistema. La disposición adicional segunda de la Orden del BOE recoge el pago de 33,5 millones para cumplir con el laudo del Tribunal Internacional de Arbitraje de París de 2010 que dio la razón a Sonatrach para elevar los precios y acabó en un recargo en la factura para compensar a Gas Natural con un total de 163 millones. Gas Natural había heredado el polémico contrato de Enagás, que lo firmó en un lejano 1994.
Todas los jirones del sistema, los remiendos y las cargas se analizarán en la comparecencia de Nadal en la comisión de Energía del Congreso. El ministro dará explicaciones a petición de los grupos Socialista; Confederal de Unidos-Podemos-En Comú Podem-En Marea y Mixto.
La cuestión de los precios
Además de la sentencia del Constitucional sobre Castor, los grupos interrogarán al responsable de Energía sobre la evolución de la tarifa eléctrica y sobre el proyecto Marismas de Gas Natural en el Parque Natural de Doñana. El Ministerio de Energía guarda silencio sobre los argumentos que utilizará Nadal sobre el cierre de Castor y sus consecuencias.
Sí está más claro, sin embargo, cómo hará frente Nadal a las críticas por la evolución de los precios de la electricidad: con los datos favorables de enero. El precio del kilovatio en el mercado mayorista ha sido un 30% más barato este mes que la media del mismo periodo del año pasado y está un 14% por debajo de la previsión del mercado de futuros en diciembre.
Con la polémica de Castor, Nadal lo tendrá más difícil. El almacén no se volverá a abrir y la compensación no tiene vuelta atrás. Pero, ¿quién paga? Lo más probable, coinciden, es que los 80 millones anuales durante tres décadas acaben pagándolos todos los contribuyentes y no sólo los clientes de gas vía presupuestos generales. Y eso, sin duda, conllevará críticas.
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