Ni un paso atrás. El ministro de Energía Álvaro Nadal ha decidido ignorar la avalancha de críticas lanzada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) contra el borrador de Real Decreto con el que pretende controlar el cierre de centrales de generación que piden algunas empresas. Nadal mantiene la norma, sostiene que la regulación de los cierres de instalaciones es urgente y considera que tiene anclaje legal suficiente para superar el próximo examen del Consejo de Estado, según han explicado fuentes ministeriales.
Los que sea necesario, sostienen en el ministerio, para evitar cierres indiscriminados de centrales -de carbón, pero también nucleares- que encarezcan el recibo de la luz. Incluso no considerarían descabellado que operadores internacionales se hicieran cargo de las nucleares que compañías como Iberdrola ya no consideran un buen negocio. Al fin y al cabo, la italiana Enel -a través de Endesa- ya controla la mitad del parque.
El responsable del Ministerio de Energía ha dado pruebas desde su nombramiento de que es poco dado a modificar posiciones una vez tomadas. Tampoco en esta ocasión. Tras el aluvión de reproches de Competencia, el Ministerio de Energía sólo introducirá en el decreto de la discordia retoques de carácter técnico en algunos de los puntos cuestionados por la comisión que preside José María Marín Quemada.
Habrá un nuevo texto antes de que el borrador llegue al Consejo de Estado para su informe. Pero los cambios serán menores. Afectarán al sistema de subastas planteado por Energía para las centrales a las que se niegue el cierre, que se simplificará; afectarán también a la posibilidad, que no se contempla ahora, de que determinadas centrales "hibernen" temporalmente en lugar de cerrar y al análisis de los hipotéticos cierres sobre la competencia.
Pero no será un movimiento de retroceso. Cuestiones como la retroactividad del decreto -tendría efectos desde septiembre de 2017- o la inadecuación de la norma a la legislación española y comunitaria ni se plantean. Sostenella y no enmendalla.
El entorno de Nadal está convencido de que la CNMC se ha metido en aguas que no le correspoden al cuestionar el encaje legal de la norma y concluir que puede chocar con disposiciones de rango superior como la Ley del Sector Eléctrico. Para el Ministerio, aunque hubiera deseado regular los cierres con una norma más "noble", el decreto tiene "un fundamento legal razonable". En su opinión, ese fundamento debe ser examinado en un órgano como el Consejo de Estado mejor que en un organismo técnico como es la CNMC.
Nadal, sin apoyos
El hecho cierto es que el Ministerio de Energía está solo en la defensa de una norma que amplía las razones por las que el Gobierno puede intervenir en el mercado de generación ya que, a la seguridad del suministro, añade cuestiones económicas como el impacto de los cierres en los precios o la repercusión en el medio ambiente.
Esa soledad impidió regular la clausura de instalaciones por decreto ley. No sólo de las centrales de carbón, sino también de las nucleares. Hubiera bastado, sostienen en el Gobierno, el apoyo del PSOE, que gobierna en comunidades muy vinculadas al carbón. Pero Nadal está sólo. Pese a ello, las fuentes ministeriales consultadas, no tienen claro si intentarán negociar un nuevo texto. "Lo estamos valorando y tenemos que tomar decisiones" aseguran.
La polémica amenaza con continuar. El envío del nuevo texto al Consejo de Estado, su examen y el informe final puede llevar meses. ¿Cuántos? Al menos tres y posiblemente el doble, según señalan las fuentes al tanto del proceso. El informe del Consejo de Estado, como el de la CNMC, es preceptivo pero sus conclusiones no son vinculantes. No obstante, si el Consejo propinara otro varapalo al decreto redactado por los responsables de Energía, sería muy difícil de defender.
Enfrentamiento abierto
En pocas ocasiones la tramitación de una norma ha dado lugar a un enfrentamiento tan abierto como el que protagonizan en estos momentos la CNMC y el Ministerio de Energía. La Comisión ha denunciado ante el Supremo lo que considera injerencias del Gobierno en sus funciones y ha decidido cargar con todo contra decisiones que, en su opinión, crean inseguridad jurídica y aumentan la discrecionalidad del Gobierno para intervenir en un mercado liberalizado.
De ahí la contundencia de las afirmaciones de su último informe. Una frase puede resumir el tono de las críticas: para la CNMC, el decreto que pretende aprobar Nadal implica "una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios