El Ministerio de Energía que dirige Álvaro Nadal ha elegido la estrategia del silencio administrativo para hacer frente a la polémica desatada por la clausura en 2013 del almacén de gas Castor. El silencio administrativo favorece generalmente a quien reclama, excepto cuando el caso afecta a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones, como sucede con el fiasco del proyecto gasista. Los bancos, que reclaman 1.350 millones de euros, dan por hecho que habrá batalla en los tribunales mientras la CNMC prepara la reclamación "de oficio" de los 150 millones ya cobrados por las entidades.
Hace seis meses el Tribunal Constitucional tumbó el decreto por el que el Gobierno compensó en 2014 a la constructora ACS y a sus socios canadienses de CLP pese al fiasco del proyecto. De paso, dinamitó toda la operación de financiación montada con la banca -Caixabank, Santander y Bankia- para cubrir en 30 años el gran agujero del almacén.
Desde entonces, las reclamaciones se suceden. Los tres bancos afectados han presentado ante el Ministerio de Energía una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que argumentan "enriquecimiento injusto del Estado". Y varias plataformas ciudadanas han presentado una querella en la Audiencia Nacional -pendiente de admisión- contra media docena de exministros del PSOE y del PP, contra el presidente de ACS Florentino Pérez y contra Recaredo del Potro, presidente de la sociedad Escal que llevó a cabo el proyecto.
Silencio con consecuencias
Frente a las reclamaciones, Nadal ha elegido el silencio. No es sólo una estrategia. En derecho administrativo, el silencio tiene consecuencias. En general, cuando la Administración no contesta en un procedimiento iniciado a instancias de interesados -en este caso la banca-, se considera que tiene sentido positivo. Pero hay excepciones. Entre ellas, que se trate de un procedimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Justo de lo que se trata en el caso Castor.
El Ministerio de Energía explica que el caso que enfrenta al Gobierno y a la banca está todavía en fase de consulta al Consejo de Estado. El informe del órgano consultivo, que no es vinculante, puede llevar meses, por lo que no hay decisión tomada. Pero fuentes de la Administración cercanas al caso dan por hecho que Nadal dará la callada por respuesta, lo que empujará el caso del Castor a los tribunales.
Los bancos lo tienen asumido. Esta misma semana, una de las tres entidades reclamantes ha solicitado al Ministerio información sobre el estado sobre la reclamación que plantearon conforme a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. No ha habido respuesta.
Refuerzo del frente legal
Los bancos tienen tan claro que habrá batalla que han reforzado el frente legal común. Bankia, Santander y Caixabank han coordinado su estrategia y han contratado asesores externos. El despacho legal elegido para preparar el caso ha sido el británico Linklaters, con una amplia experiencia en pleitos y arbitrajes internacionales. Linklaters ha intervenido, entre otros asuntos, en la suspensión de pagos y reestructuración de deuda de Abengoa.
Los bancos se juegan en la pelea con la Administración un bonito negocio. Asumieron -de la gestora de la red gasista Enagas- la carga de indemnizar a ACS y sus socios con 1.350 millones. A cambio, iban a recibir un interés del 4,3% durante 30 años. Negocio redondo y milmillonario. Sólo han recibido, en mensualidades visadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), en torno a 150 millones de euros. Y no están seguros.
Fuentes de la CNMC aseguran que el organismo emprenderá acciones "de oficio" para recuperar el dinero ya pagado en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre. Oficialmente, la Comisión no lo confirma. "No hay novedades en el caso" asegura un portavoz.
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