No es un secreto. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, y el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, están enfrentados. Mucho. Y probablemente lo van a estar más. El Ministerio de Energía quiere que la CNMC decida cómo se aplica la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha dejado en el aire el pago de 1.350 millones a los bancos Santander, Caixabank y Bankia por el cierre del almacén de gas Castor.
La cuestión más sensible para la CNMC es si, en cumplimiento de la sentencia del TC, reclama o no a las entidades en torno a 150 millones que ya han cobrado por el almacén desde 2015, lo que expondría al organismo a las demandas que ya preparan los acreedores.
La CNMC, según fuentes del organismo, no ha abordado formalmente su papel en el polémico asunto. Aunque lo estudia y ya ha habido choques internos. La Comisión paralizó la semana pasada derechos de cobro mensuales (6,7 millones) de la banca como había adelantado Lainformacion. Pero lo hizo con retraso. La razón es que alguno de los consejeros defendió aprobar la liquidación "provisional" de ingresos y gastos del sector gasista y, por lo tanto, seguir pagando a los bancos. Finalmente, se optó por la congelación.
En lugar de amainar, la tormenta arrecia. En la última comparecencia en el Congreso, Nadal se puso de perfil en el espinoso asunto de Castor. Se limitó a señalar que había trasladado la sentencia de diciembre del Constitucional a la CNMC nada más ser publicada en el BOE y que es a Marín Quemada a quien corresponde decidir cómo aplica la demanda en toda su extensión.
Devolución con intereses
En un momento en que los bancos acreedores deben decidir a quién reclaman el cobro de la deuda que asumieron a cambio de jugosos intereses -4,3% durante 30 años-, Nadal ha colocado a la CNMC en el escaparate. Lo admiten fuentes del Ministerio de Energía: es posible que la banca plantee sus demandas a quien ha cortado el grifo de los pagos, es decir, la CNMC.
La banca acreedora tiene otras opciones. Entre ellas, demandar a las empresas que realizaron el proyecto Castor (ACS y la canadiense CLP) o demandar a Enagás, el gestor del sistema gasista -5% de la SEPI- que se hizo cargo de la deuda de Castor y la vendió a la banca. Todo está por decidir, salvo el hecho de que si no cobran, habrá demandas coordinadas.
Pase lo que pase, Castor se ha convertido en otro motivo de fricción entre el Ministerio de Energía -léase Nadal- y la CNMC. El ministerio pasa el balón de Castor a la Comisión porque argumenta que es el organismo encargado de liquidar ingresos y gastos de electricidad y gas. Pero en la CNMC recuerdan que tal competencia fue una cesión -temporal- del anterior Ministro de Industria, José Manuel Soria, siendo secretario de Estado de Energía Alberto Nadal, hermano del ministro.
Esas liquidaciones forman parte, precisamente, del paquete de competencias que Energía quiere recuperar con el Real Decreto 903/2017, por el que el ministerio asumía funciones que hasta ahora corresponden al regulador. Contra esa norma, la CNMC interpuso en el Tribunal Supremo en diciembre pasado un recurso contencioso-administrativo. Es una pelea, cruda, por decidir quién manda en la determinación de la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos, que son la base para fijar el 40% del recibo de la luz.
Una disputa a varias bandas
La disputa el cierre de Castor es a varias bandas, del ministerio con la CNMC, de los bancos con el ministerio y, cosa probable, de los bancos con la CNMC. Y puede ir a más si Nadal no cede e intenta pactar en el Congreso una norma que cierre la polémica de una vez. En el PSOE dan por seguro que las reformas en el sistema eléctrico y gasista que impulsa el Ministerio de Energía acabarán siendo debatidas en el Parlamento.
El debate está abierto. Los bancos acreedores han hecho llegar al Gobierno la conveniencia de arreglar el problema mediante una norma negociada y pactada. De momento, Nadal se resiste. Cree que el polémico asunto del almacén, clausurado en 2013 por los terremotos que provocaba frente a las costas de Castellón, es un asunto que compete al PSOE. Fueron gobiernos socialistas quienes lo autorizaron, sostiene su departamento. Rajoy, según su versión, se limitó a pagar la indemnización por orden del Tribunal Supremo. Aunque, según el Constitucional, con un instrumento equivocado, un Real Decreto con carácter de urgencia, convertido ya en espoleta de una nueva polémica.
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