Gas Natural Comercializadora S.A (Naturgy) se ha adjudicado el contrato de suministro de gas de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, adscrita al Ministerio del Interior. Según el anuncio de formalización de contrato, consultado por La Información, el importe de la adjudicación es de 19,6 millones de euros (23,7 millones con impuestos).
La Plataforma de Contratación del Sector Público revela que el contrato se formalizó este mismo miércoles y que tan solo recibió dos ofertas. La tramitación se ha llevado a cabo por procedimiento urgente. La justificación de este "procedimiento acelerado" que da la institución es porque resultaba necesario asegurar el debido suministro y evitar períodos sin cobertura contractual.
Para ponerse en contexto, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias formalizó con Endesa Energía SA en agosto el contrato para el suministro de gas natural y gas natural licuado a 21 prisiones y 16 Centros de CIS para un periodo de cinco meses por 8,11 millones de euros (IVA incluido). El contrato establecía que durante el plazo de ejecución se incluirían automáticamente los nuevos establecimientos que fueran dotados de acometida de gas natural y se excluirían aquellos que cerraran sus puertas o fueran transferidos a otra administración, según publicó El Independiente.
Interior acelera una nueva contratación "por razones de interés público"
En teoría, Interior se garantizaba el suministro para dichos centros hasta el próximo 3 de enero. Sin embargo, el presupuesto le ha permitido llegar hasta el 25 de diciembre y se ha visto obligado a acelerar una nueva contratación "por razones de interés público". El actual contrato firmado con Naturgy, que va del 26 de diciembre al 30 de junio de 2023, es muy superior al último que se adjudicó antes del inicio de la invasión rusa, de 16,2 millones de euros por un año completo. Instituciones penitenciarias dice que el precio "se ha adaptado a las circunstancias actuales del mercado en la medida de lo posible".
Consumo de 55 millones de MWh
Interior estima que los centros penitenciarios consumirán unos 55 millones de megavatios hora (MWh) de gas natural y 7,2 millones de MWh de GNL durante los seis meses del contrato, entre los que se incluyen los meses más frío del año, para el funcionamiento de las cocinas, calefacción y agua caliente. Determinados establecimientos penitenciarios disponen de instalaciones de gas natural o de gas natural licuado (GNL).
Por centros, y según se recoge en el pliego del contrato, destaca la prisión de Zaragoza con un consumo estimado de 7,3 millones de MWh, seguida de la de Dueñas (Palencia), con 7 millones de MWh, y la de Mallorca, con 4,2 millones de MWh. Por su parte, los tres centros con menos consumo previsto los son Córdoba (47.800 MWh), Teruel (42.430 MWh) y Segovia (10.600 MWh).
Naturgy también se llevó en septiembre el contrato de suministro de gas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en Madrid. En este caso el importe fue de 214.000 euros.
Lío con la tarifa regulada de gas
La empresa que preside Francisco Reynés ha anunciado recientemente la simplificación del procedimiento de cambio a la Tarifa de Último Recurso (TUR), que al estar regulada -y topada y subvencionada por el Gobierno- es mucho más barata que las que se ofertan en el mercado libre. En total, 2,3 millones de clientes de la gasista podrán solicitar el traspaso. Desde julio, la compañía ha gestionado casi 150.000 altas en la TUR, una cifra más alta que en el conjunto de los ejercicios 2020 y 2021 y el primer semestre del curso actual.
De este modo, los hogares con un consumo inferior a los 50.000 kWh/año que tengan contratos en el mercado libre podrán solicitar el cambio de forma automática mediante un formulario disponible en la web de la compañía, sin tener que hacer ninguna otra gestión adicional. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha exigido a las empresas que aceleren el trasvase de clientes visto que continúa el atasco de solicitudes.
Las cuatro compañías energéticas que por ley ofrecen la TUR (las comercializadoras reguladas de Naturgy, Iberdrola, Endesa y TotalEnergies) han advertido de que no podrán absorber por sí solas la enorme demanda de traspasos y han reclamado al Gobierno que impulse medidas que ayuden a desatacar los cuellos de botella provocados por la decisión de subvencionar esta tarifa.
En este sentido, Sedigas ha instado al Ejecutivo a encontrar una solución que agilice los cambios de los consumidores a la tarifa regulada y a que cualquier compañía del mercado libre pueda ofrecerla. En la misma línea, las comercializadoras independientes de electricidad y gas englobadas en la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) han trasladado al Gobierno la difícil situación que atraviesa el sector y avisan del "riesgo de desaparición de la competencia en los mercados eléctrico y gasista tras las últimas reformas legales impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico".
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