Naturgy cierra el pleito de Egipto después de ocho años. La compañía que preside Francisco Reynés ha alcanzado un nuevo acuerdo con la italiana Eni y el Gobierno de Egipto para resolver el pleito que afectaba a Unión Fenosa Gas (UFG) y las instalaciones gasistas de Damietta. La compañía, en pleno proceso de reajuste de activos, recibirá una compensación de 500 millones de euros en efectivo y parte de los activos de UFG fuera de Egipto. El grupo acaba con un litigio que se alargaba desde 2012 y que llegó a los tribunales de arbitraje internacional, con un laudo a favor de UFG por 2.000 millones de dólares (unos 1.700 millones de euros) del Ciadi.
El acuerdo comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es similar al que las partes firmaron en febrero y que se vio alterado por la pandemia. Entonces, las empresas llegaron a un compromiso por el que Naturgy recibiría alrededor de 750 millones. La española y ENI valoraron en 1.363 millones de euros la compañía, de los que 1.200 millones correspondían a los activos en Egipto y los otros 300 millones al resto del mundo.
Reynés ha valorado "muy positivamente" la operación porque supone un avance claro en la estrategia de la empresa y permite liberar además al grupo de su contrato anual de aprovisionamiento de gas de alrededor de 3,5 bcm para suministrar a sus ciclos combinados en España, que finalizaba en 2029,. Según la compañía se resuelve "una situación compleja que se había prolongado desde 2012 y que la pandemia no permitió resolver en primavera".
La finalización de la transacción, prevista en los primeros meses de 2021 una vez cumplidas las condiciones habituales precedentes, incluido el reinicio de las operaciones en Damietta previsto para el primer trimestre de 2021, supondrá la salida de Naturgy de Egipto y el final de su empresa conjunta con Eni.
La salida Egipto se anuncia semanas después de que Naturgy aclarara otra de sus posiciones en África. A principios de octubre, la compañía alcanzó un acuerdo con la empresa argelina estatal Sonatrach para revisar los diferentes contratos de gas en vigor entre las partes, cerrados en algunos casos durante décadas. El acuerdo revisa los puntos fundametales en precios, volumen y duración.
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