Naturgy teme que la opa parcial del fondo australiano IFM sobre el 22,69% de las acciones de la compañía se convierta en una herramienta que facilite el troceamiento de la empresa. El temor a que los grandes accionistas de la sociedad, los fondos CVC (20%) y GIP (20%), mantengan una comunión de intereses con IFM en la búsqueda de la máxima rentabilidad para sus participaciones, está detrás de la calificación de la oferta de compra australiana como "no solicitada" y de la extrema cautela con la que el primer accionista, la Caixa (24,8%), ha acogido la oferta.
"Se necesita un tiempo para madurar la operación", apuntan fuentes del grupo Caixa, "y un examen detallado del folleto de la opa que deben presentar (IFM) para ver las motivaciones de la oferta". La prevención es máxima. Tanto como los recelos ante una OPA cuya presentación, destacan fuentes del grupo, fue acompañada por sendas cartas de los fondos CVC y GIP explicando que “se han obligado con el oferente a no aceptar la oferta”. GIP, CVC y los March controlan un 41,3% de las acciones de Naturgy. GIP tiene un 20,6% de Naturgy y CVC -junto a los March-, otro 20,7% que adquirieron en 2018 a Repsol.
Para la compañía que preside Reynés y para su primer accionista Criteria-Caixa, la opa supone un dilema. No acudir a la oferta -caso de que supere los múltiples filtros pendientes- puede dirigir toda la compra hacia el mercado y reducir las acciones negociables de la compañía, el free float que está en torno al 34%, hasta empujar a la compañía prácticamente fuera del Ibex 35. Un escenario de pesadilla para el valor. Por esa razón, la Caixa sopesa otro espacio de defensa: vender parte de su 24,4% y reducir el peso de la cartera industrial para mantener posiciones y asegurar la cotización en Bolsa.
El brazo inversor
El brazo inversor de la Caixa, Criteria, maneja una cartera industrial valorada en más de 8.000 millones, de la que forman parte, además de Naturgy (24,4%), participaciones en Suez, Telefónica, Cellnex y Saba, entre otras. El peso de los activos industriales en el conjunto de la cartera de inversiones ronda el 45%, lo que tiene su contrapartida bancaria en forma de provisiones y cobertura de riesgos.
IFM sabe de los recelos de la Caixa. El vicepresidente del fondo australiano, Jaime Siles, abundó el día de presentación de la oferta en el carácter suave de la operación, al plantearla, dijo, como una inversión "a largo plazo". El fondo australiano asegura también que no prevé hacer cambios en el equipo gestor de la energética —capitaneado por Francisco Reynés— y espera que Criteria se mantenga en el accionariado.
Pero las corrientes van por el subsuelo a la espera de que el Gobierno de coalición resuelva el nuevo debate abierto: poner pie en pared ante las maniobras especulativas de los grandes fondos como defiende Unidas Podemos o afinar en las posturas para no espantar el dinero del exterior en una delicada situación económica como argumentan en los ministerios más económicos.
Carácter estratégico
Tras el debate está el carácter estratégico de la compañía que, además de los tubos del gasoducto Medgaz (Naturgy controla el 49% de las acciones), es la contratante del gas argelino que tiene como destino la tarifa de último recurso (TUR) que pagan los hogares. Quienes reclaman la intervención del Gobierno para conjurar amenazas esgrimen dos argumentos: la historia de cómo el grupo italiano Enel engulló Endesa tras una batalla cruzada de OPAs y la intervención del Gobierno francés para parar la compra de Carrefour.
A la operación le queda por cubrir una auténtica gincana administrativa. El procedimiento administrativo común le da al Gobierno hasta seis meses para resolver la solicitud pero, hasta la fecha, el Ejecutivo no ha agotado ese plazo. La posibilidad de vender empresas españolas está limitada desde marzo de 2020 por el Real Decreto 436/2020, de 14 de marzo, y por el RDL 34/2020 de 17 de noviembre, que extiende la limitación también a los inversores europeos.
Además del Gobierno, la oferta de IMF tendrá que afrontar el escrutinio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para descartar una acción concertada y la posible intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Comptencia (CNMC). El organismo que preside Cani Fernández asegura que se está analizando ya si la operación planteada supone un cambio estable en la estructura de control. Otras fuentes en el organismo destacan que Naturgy ejerce actividades reguladas en el sector eléctrico y en el gasista, lo que podría dar lugar a imponer condiciones.
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