Netflix y HBO afrontan hasta 40 millones de pagos al cine para igualarse a las teles

  • Esa es la factura que tendrían que abordar grandes plataformas para abonar lo mismo que las televisiones tradicionales y operadoras de telecos.
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Es una de las grandes reivindicaciones de los principales operadores audiovisual: que las grandes plataformas tecnológicas, como Netflix o HBO, pasen por caja y financien al cine español (y, también, a la Radio Televisión Española) con sus ingresos en España. Y el sector le pone cifras: estiman que todas estas compañías multinacionales deberían afrontar una factura anual de unos 40 millones de euros. La cuenta atrás para la aprobación por el Congreso en España de la nueva Ley Audiovisual, que incluirá la nueva fiscalidad para estas compañías y la transposición de la directiva europea, ya ha comenzado.

Según esa legislación, los prestadores de servicios audiovisuales deben contribuir a la financiación anticipada de la producción europea de determinadas obras con el 5% de los ingresos devengados en el ejercicio anterior, conforme a sus cuentas de resultados (el 6% en el caso de RTVE). La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó la última cifra actualizada de esta aportación conjunta de televisiones tradicionales y operadores de telecomunicaciones dueños de la televisión de pago: 410 millones de euros a lo largo del año 2017 (un 52% más que un año antes).

Netflix, HBO o Amazon Prime Video no están incluidos en ese grupo de prestadores de servicios audiovisuales según la normativa actual, pese a haberse consolidado como proveedores destacados del panorama con millones de clientes entre los hogares españoles. En caso de que lo estuvieran, ¿cuál debería ser la aportación? No hay una cifra oficial pública, pero fuentes del sector audiovisual la colocan en el entorno de los 40 millones de euros anuales (el 5% de su volumen de negocio). Es decir, estiman que todas estas compañías generan unos ingresos anuales totales de 800 millones.

La duda reside en si, realmente, esta aportación que deberían afrontar las grandes plataformas sería incremental -sumada a lo que ya ponen sobre la mesa los operadores tradicionales- para financiar las producciones europeas o implicaría un nuevo reparto que eximiría a éstos de una parte del pago que hoy están obligados a afrontar. Desde las grandes compañías audiovisuales quieren que se opte por la segunda opción, con el objetivo de reducir su esfuerzo. No hay nada decidido y deberá plasmarse en esa nueva reforma de la ley.

En este contexto existe una dificultad añadida: la opacidad en las cifras de las grandes plataformas digitales. No sólo en el número de clientes y abonados, sino también en sus cifras de negocio, utilizada para calcular su aportación. Respecto a las primeras, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha intentado hacer una aproximación a través de su 'Panel de Hogares': todas ellas suman 6 millones de contratos firmados por clientes españoles. Sobre las segundas, es mucho más complejo. Al igual que sucede en el mercado publicitario con Google y Facebook, sólo hay estimaciones, pues la facturación de sus servicios de vídeo bajo demanda no la hacen las filiales locales sino las matrices ubicadas en Irlanda, Holanda o Luxemburgo.

Todo está abierto. El nuevo Gobierno debe afrontar la modificación de la ley en los próximos meses. El Ejecutivo de Pedro Sánchez lanzó a principios de este año una consulta pública previa para la transposición de la directiva europea. Perseguía recabar las aportaciones iniciales de los agentes del sector audiovisual, las administraciones públicas o las asociaciones de consumidores. Esta nueva normativa busca, tal y como reconocía el Ministerio de Economía, "la armonización de la regulación de los servicios lineales, los servicios de vídeo bajo demanda [Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Rakuten...] y los servicios de intercambio de vídeos generados por los usuarios [Youtube o Instagram]".

La financiación de RTVE, la otra batalla

El otro gran frente de la nueva legislación que se abordará es el de la financiación de RTVE. Hace una década se introdujo una tasa para sostenerla económicamente tras renunciar a la publicidad. Las televisiones privadas, con un 3% de sus ingresos brutos, y las operadoras de telecomunicaciones con servicios audiovisuales, con el 0,9%, debían poner el dinero sobre la mesa. Ahora se busca que Netflix y el resto paguen también por ello. De hecho, el propio departamento liderado por Nadia Calviño ha manifestado su voluntad de extender esta obligación a las multinacionales. 

Mientras tanto, Telefónica, Orange y Vodafone han plantado cara en los tribunales a las diferentes autoliquidaciones de este tributo. Y lo hicieron a principios de este año con sendos recursos ante la Audiencia Nacional, como han venido haciendo hasta ahora. La causa sigue aún pendiente no sólo del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la UE, sino también del Tribunal Constitucional.

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