Se ha cumplido el peor pronóstico. Nissan ha comunicado su decisión oficial de cerrar la planta de Barcelona, una resolución que el Ejecutivo español "lamenta". La medida supone el despido de 3.000 trabajadores directos y dejar en el aire otros 30.000 puestos de trabajo indirectos. La automovilística ha designado a Frank Torres, que fue director de operaciones de la firma en España hace unos años, para gestionar el proceso de desmantelamiento de la planta de la Zona Franca.
Esta medida es parte de una serie de ajustes que supondrán el cese del 15% de su plantilla mundial (20.000 puestos de trabajo) y tienen el objetivo de reducir costes para luchar contra el impacto de la crisis económica provocada por el coronavirus y la caída de las ventas. El cierre también forma parte de un recorte de su producción, que puede alcanzar el 20% del total de fabricación, y una deslocalización de la firma automovilística con vistas al nuevo giro que quiere dar la empresa. De acuerdo con Reuters, el plan de la Nissan es reducir su presencia en Europa para centrar su actividad en Nortemérica, China y Asia.
Este es un duro golpe para la industria catalana porque la multinacional japonesa representa el 7% de su PIB. Pero, Nissan sí mantendrá en España su factoría de Ávila, que transformó hace dos años, y la planta de Cantabria, dedicada a la fundición de piezas para la fabricación de motores. La crisis de la empresa se ha encrudecido por el coronavirus, pero no es nueva. Los empleos de esta planta ya pendían de un hilo en enero, pero el Gobierno se había mostrado optimista de poder mantenerlos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a inicios de 2020 que "El mantenimiento del empleo en la planta de Nissan en Barcelona está garantizado".
El mantenimiento del empleo en la planta de Nissan en Barcelona está garantizado. Durante nuestro encuentro de hoy en #Davos2020, el Gobierno de España y @Alliance_RNM hemos reafirmado nuestra voluntad para seguir trabajando juntos para asegurar la viabilidad de la factoría. pic.twitter.com/wUOJJtkwW4
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 22, 2020
Decenas de trabajadores de la fábrica de Nissan en la Zona Franca de Barcelona se han concentran este jueves ante la planta y han empezado a acumular neumáticos para preparar protestas tras el anuncio del cierre realizado por la multinacional.
El Gobierno de España convocará en los próximos días a Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona, Consorcio Zona Franca y centrales sindicales para analizar conjuntamente la situación y estudiar diferentes escenarios de futuro. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya ha asegurado que lamenta la decisión de Nissan de "marcharse de Europa, un mercado de 700 millones de consumidores", pero "no vamos a tirar la toalla. Vamos a explorar todas las opciones posibles porque lo que nos preocupa es mantener ese empleo y ese saber hacer de más de 100 años que ya tienen los trabajadores", en declaraciones a RNE. Para la política, "Nissan tiene un plan de recentrar sus actividades independientemente de las ayudas que los Gobiernos europeos puedan ofrecer. Ahora vamos a tratar de buscar una solución alternativa".
La consellera de Empresa, Àngels Chacón, ha dicho este jueves que la Generalitat no le pondrá fácil a Nissan irse de Barcelona y ha acusado a la japonesa de "deslealtad" y "menosprecio" por su falta de interlocución, ya que ni siquiera ha dado respuesta al plan que le presentaron a principios de año. En una entrevista en TV3, Chacón ha señalado que, aunque la Generalitat todavía no tiene la confirmación oficial del cierre de la planta de Nissan en Barcelona, "todo apunta a que las noticias serán malas", una confirmación que sí tiene ya el Ministerio de Industria. Según Chacón, el cierre de la planta de Nissan en Barcelona sería uno de los de más afectación que ha habido nunca en Cataluña, y ha asegurado que si desaparece "es como si nos arrancan una parte del alma industrial".
El secretario general de Industria, Raúl Blanco, calculó este lunes el coste del cierre para el grupo nipón en más de 1.000 millones de euros, frente a la inversión necesaria para continuar de 300 millones, cifras que el Ministerio trasladó a la compañía. Industria había advertido a Nissan que añadiría todos los costes posibles si la compañía optaba por el cierre, amenazando con añadir al desembolso en indemnizaciones laborales y contractuales con proveedores desde sanciones ambientales hasta posibles devoluciones en relación a las ayudas públicas.
Francia se arma contra un escenario parecido
El presidente francés, Emmanuel Macron, presentó este martes un plan de 8.000 millones de euros de ayuda al sector automovilístico para hacer frente a la crisis, que incluye el compromiso de los grupos PSA y Renault de fabricar en Francia sus vehículos "limpios", eléctricos e híbridos. Macron, que detalló sus anuncios en una planta de la empresa de componentes Valeo en Etaples (norte), explicó que a cambio del apoyo público, PSA y Renault tendrán que "relocalizar la producción con valor añadido en Francia y consolidar y mantener la totalidad de la producción industrial" en las plantas que tienen en el país. El primer beneficiado será Renault, que está en una situación delicada y espera como agua de mayo un préstamo garantizado por el Estado de 5.000 millones de euros.
De todos modos, Macron dijo que el crédito no se otorgará hasta que concluyan las negociaciones que la dirección debe iniciar el próximo lunes con los representantes de los trabajadores para darles garantías y fijar una estrategia de futuro. Antes de eso, Renault presentará el viernes un plan de ajuste para el que la dirección no ha excluido ni el cierre de factorías ni la supresión de empleos
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