El Tribunal Supremo ha acordado el archivo de la causa de las tarjetas 'black' para el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, tras su suicidio el pasado 19 de julio. Ahora tendrán que ser sus herederos los que afronten la indemnización de 9,3 millones que le impuso la Audiencia Nacional. Pero otros tres condenados, el ex secretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella, el ex 'número dos' del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada y el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán han rechazado presentar recurso de casación contra la sentencia ante el alto tribunal con lo que sus condenas se han declarado firmes. Dos de ellos, Norniella y Romero de Tejada, ya han abonado de hecho las indemnizaciones que les impuso la sección cuarta de la Audiencia Nacional.
La cantidad más abultada es la correspondiente a Romero de Tejada. La sentencia, que lo condenó a un año de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, estableció en 210.424,36 euros la cantidad a pagar como responsabilidad civil. Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que esa cantidad ya se ha abonado y que solo está pendiente el cálculo de los intereses que se añaden a esa suma.
El ex secretario general del PP de Madrid disfrutó de su medio de pago opaco entre el 1 de enero de 2003 y el 16 de diciembre de 2011. En esos nueve años, gastó con esa tarjeta 212.216,09 euros. Su pena se redujo respecto a los demás encausados al haber puesto a disposición de Bankia y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) esos fondos antes del juicio.
Reparación del daño
Un caso similar es el del ex secretario de Estado de Comercio y exconsejero de Bankia José Manuel Fernández Norniella. Este último también se ha negado a recurrir al Supremo su condena -también de un año de cárcel- con lo que, igualmente, la sentencia también se ha declarado firme respecto a él iniciándose los trámites para cobrar la indemnización derivada de su delito. A la espera de que se calculen los intereses que debe satisfacer, el ex 'número dos' de Hacienda ya ha pagado 184.656,48 euros. Norniella hizo uso de una de estas tarjetas entre el 31 de julio de 2006 y el 13 de enero de 2012. En su caso, como en el de Romero de Tejada, el tribunal también apreció la atenuante muy cualificada de "reparación del daño", al haber consignado el dinero antes del juicio.
El caso más complicado es el del expresidente de la patronal. La condena de Gerardo Díaz Ferrán -actualmente en prisión por el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans- también se ha declarado firme al haberse negado a recurrirla. Pero cobrar su indemnización en este caso será, según fuentes de la Audiencia Nacional, mucho más difícil. El tribunal se encuentra entre la masa de acreedores de su concurso y estará a lo que se resuelva en ese proceso y en el del concurso de Marsans. El exlíder de la CEOE debe pagar 87.984,50 euros por el uso de su tarjeta, que tuvo en su cartera entre el 19 de abril de 2005 y el 17 de octubre de 2009.
La Audiencia o un juzgado civil
En el caso del fallecido Blesa, tras la resolución del Supremo, la Audiencia deberá decidir ahora si es el propio tribunal el que cobra la indemnización con la que deberán correr sus herederos, o ese proceso pasa a un juzgado del orden civil, al haberse extinguido su responsabilidad penal con su suicidio. Algunos de sus bienes permanecen embargados por orden del instructor del caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 Fernando Andreu. Blesa consignó en el juzgado los 436.688 euros que se gastó con su tarjeta durante la investigación del caso, pero debía responder también por los gastos de todos los condenados hasta los 9,3 millones.
Lo que todavía no está claro es a donde irá a parar todo ese dinero. La sentencia de las 'black' de la Audiencia Nacional estableció que el perjudicado por todos esos gastos de consejeros y directivos fue Bankia, la heredera de todo el negocio bancario de Caja Madrid. Pero el FROB, que también actuó como acusación, recurrió al Supremo esta decisión de los magistrados. El fondo dependiente de Economía fue el que puso los casi 24.000 millones de euros de todos los contribuyentes que sirvieron para rescatar la entidad en mayo de 2012.
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