Martes, 20.08.2019 - 07:21 h
Denuncias cruzadas entre la empresa pública y la constructora

Acciona y Tragsa se enredan en un litigio millonario tras dejar una obra a medias

La firma de los Entrecanales exige 10,4 millones a la empresa pública por un presunto incumplimiento de contrato. Tragsa reclama 4,6 por igual motivo.

Imagen de las obras del subfluvial entre Santoña y Laredo.
Los problemas en la ejecución del túnel subfluvial entre Santoña y Laredo han desencadenado el pleito entre Tragsa y Acciona / Foto Confederación Hidrográfica Cantábrico

Una tuneladora bloqueada desde hace meses bajo el lecho fluvial de las marismas de Santoña y un litigio judicial jalonado por demandas cruzadas entre la empresa contratista, Tragsa, y la UTE contratada para ejecutar la obra, encabezada por Acciona Infraestructuras y Ascam (70%). Éste es a día de hoy el saldo del intento de la Administración española por cumplir, con el respaldo de fondos europeos, las exigencias de Bruselas y descontaminar uno de los ecosistemas más importantes de la Península.

El contrato suscrito en 2014 por el Grupo Tragsa, como adjudicatario inicial de la obra, y la UTE Subfluvial de Santoña - dominada por Acciona Infraestructuras -, como subcontrata industrial, para desarrollar un túnel subfluvial y la estructura necesaria para sanear el cauce entre Santoña y Laredo ha devenido en un agrio conflicto judicial entre ambas partes, del que se da cuenta en la última Memoria de Sostenibilidad del Grupo Tragsa, correspondiente al ejercicio de 2017. 

La empresa pública adjudicó la obra a la UTE por 9,7 millones de euros con el encargo de desarrollar la operación en un periodo de 12 meses. El proyecto no llegó a buen término y encalló a finales de 2016 cuando apenas se habían perforado 250 metros del cerca de kilómetro y medio del que en principio constaba la infraestructura.

La explicación técnica, según un comunicado lanzado por Tragsa el pasado mes de febrero, es que la UTE "no ha logrado una solución que permita el necesario reemplazo de los elementos de corte que requiere la tuneladora para proseguir sus trabajos de perforación en el fondo del mar". El caso es que el tema ha acabado en los tribunales.

Demandas cruzadas

Según revela la Memoria de Sostenibilidad de Tragsa, el conglomerado público se enfrenta a una demanda por la que la UTE adjudicataria de la obra solicita la resolución del contrato suscrito en su día y el pago por parte de Tragsa de 10,4 millones de euros, más la correspondiente indemnización por daños y perjuicios, por incumplimiento de contrato.

El hecho de que la cuantía reclamada exceda el precio de adjudicación del contrato parece indicar que las empresas adjudicatarias pudieran haber incurrido en gastos por encima del presupuesto previsto.

Sea como fuere, Tragsa no se ha quedado de brazos cruzados y apenas un mes después de recibir la denuncia de la UTE presentó una demanda reconvencional - como se denominan las presentadas por los demandados en un proceso - contra el conglomerado de empresas subcontratadas para llevar la obra a buen puerto, en virtud de la cual les reclamaba 4,67 millones de euros por la misma causa: el incumplimiento de los términos en que se suscribió el contrato.

El Grupo Tragsa informa en su memoria de que el asunto continúa judicializado a la espera de que se cite a las partes para la audiencia previa y evita pronunciarse sobre los eventuales costes que se pudieran derivar para la empresa pública del proceso "debido a la complejidad técnica del litigio y a la diversidad de pretensiones de las partes".

Mientras el tema judicial se resuelve, otra circunstancia, en este caso política, ha venido a alejar la resolución del problema que mantiene bajo el agua y a escasos metros de la costa a una tuneladora, cuya inactividad no solo genera unos importantísimos costes de mantenimiento sino que genera un riesgo ambiental latente.

Tragsa mejora un 70% sus resultados en 2017

La paradoja es que esta situación se produce en un contexto en el que Tragsa está incrementando de forma exponencial sus actuaciones de carácter ambiental. Durante 2017, alrededor de una tercera parte del conjunto de proyectos ejecutados por la empresa pública estuvieron relacionados con el Medio Ambiente.

El grupo registró una cifra de negocio de 701,3 millones de euros y alcanzó un beneficio neto de 16 millones de euros, lo que supone una mejora del 70% respecto a 2016. Los encargos del Estado supusieron un poco menos de la mitad de la cartera de trabajos llevados a cabo por la empresa durante el año pasado, mientras que el resto se repartieron entre las comunidades autónomas (38,6%) -que forman parte del accionariado de Tragsa de forma testimonial pero que también utilizan a la empresa como medio propio-, organismos públicos y administraciones locales. 

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