Abertis y la AP-7. La concesión que ostenta la empresa de la vía vence el próximo 31 de agosto de 2021 -algunos tramos lo hacen a finales de este mismo año- y pese a las constantes declaraciones del actual Gobierno que señalan a una no renovación del conjunto de gestiones de las autopistas, Florentino Pérez -uno de los propietarios de la concesionaria junto con la italiana Atlantia-, no se rinde y sigue peleando por lo que considera como suyo. Quiere quedarse con la gestión más allá de este margen.
Por ello, las elecciones generales del próximo 26 de abril son una nueva posibilidad para el presidente del Real Madrid. Visitas a distintos miembros del Ejecutivo, presencia en actos oficiales... Florentino Pérez ha utilizado y sigue haciéndolo, todos los medios a su alcance para conseguir una prórroga de estas vías. El ministerio de Fomento de José Luis Ábalos ha dicho por activa y por pasiva que las autopistas del peaje levantarán la barrera una vez que venza su concesión. En cambio, el anterior titular de la cartera, Íñigo de la Serna, no había sido tan claro al respecto, lo que aumentaba las posibilidades de Abertis.
Durante el Gobierno de Mariano Rajoy la única idea clara que se puso sobre la mesa fue la no renovación autómatica, por lo que cabía la posibilidad de que tuviese lugar un nuevo concurso. Los tramos que primero vencen de esta vía, el Valencia-Alicante y el Tarragona-Valencia, tienen su fecha de fin a la vuelta de la esquina. Abertis perdería la concesión de construcción, conservación y explotación de ellos el próximo 31 de diciembre de este mismo año, según detallan las cuentas de la compañía. Teniendo en cuenta la amplia fragmentación del arco parlamentario que puede resultar como consecuencia de las próximas elecciones, la formación de Gobierno no parece sencilla, por lo que el tiempo de maniobra para Abertis será más que ajustado.
Con la experiencia de los últimos comicios, los analistas políticos hablan de que la formación del nuevo Ejecutivo podría alargarse hasta el mes de octubre, lo que reduciría los plazos a apenas dos meses. Pero esto no parece un problema para Florentino, que ya se ha movilizado para acelerar la venta de Hispasat -a Red Eléctrica, con la aquiescencia del actual Ejecutivo- y se prepara para amarrar la concesión -si es posible- en cuanto se entreguen las nuevas carteras.
De hecho, y para salvaguardar una posible no renovación de la concesión de esta vía, Abertis ha aumentado hasta casi 3.000 millones la cantidad que le reclama al Estado como consecuencia del descenso del tráfico inicialmente planificado y de las obras efectuadas en esta vía. Por la caída del número de vehículos que transitan por esta vía, la ahora compañía concesionaria de Pérez y Castelucci solicita al Ejecutivo hasta 2.061 millones de euros, a los que habría que sumar otros 890 como consecuencia de las mejoras efectuadas.
La forma de calcular esta contraprestación ha sido siempre objeto de debate entre la administración y la propia compañía. Empresa y ministerio de Fomento firmaron en 2006 -antes de que se desatase la crisis- un acuerdo a través del cual Acesa, filial de Abertis, debería invertir hasta 500 millones en la realización de varias mejoras en la vía de alta capacidad.
En este acuerdo también se destacaba que la diferencia de ingresos que se produjese entre el tráfico real de la vía y el previsto por las autoridades sería compensado con el fin de reestablecer el equilibrio financiero de la concesionaria. El dinero que ahora reclama Abertis debe cobrarse al final de la concesión, es decir, en agosto de 2021, otro motivo más para tenerlo todo preparado de cara a la toma de posesión del nuevo Gobierno.
El último paso en esta 'guerra' por conseguir el dinero llegó en 2017, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón a la concesionaria. El ministerio de Fomento decidió recurrir la decisión judicial en favor de Abertis, pero el Supremo aún no se ha fallado al respecto. Es por ello que según se señala en las cuentas anuales de la compañía, el importe aumentaría desde los 2.603 millones que se afirmaban en 2017 hasta los casi 3.000 que señalan este año.
Abertis pasó a manos de ACS y Atlantia a finales del pasado mes de octubre tras una riña de opas que terminó con una conjunta. Florentino Pérez y Giovanni Castelucci han ejercido el poder desde entonces, pero sobre todo, lo que han llevado a cabo ha sido un reparto de fichas en la más alta cúpula. El número dos de Florentino Pérez (y llamado a su sucesión en la constructora) Marcelino Fernández Verdes, encarna la presidencia no ejecutiva; y Atlantia tiene 'tomados' dos de los tres puestos como vocales del consejo de administración. El tercero es para otro hombre de Florentino, Pedro López Jiménez.
Esta división y las continuas dudas sobre la buena relación entre ambas empresas hacen que no se pueda augurar un matrimonio duradero dentro de la empresa. Tanto es así, que los nuevos propietarios han mantenido a José Aljaro al frente de la concesionaria. Prácticamente la misma compañía, con distinto dueño, salvo por la reciente y aún por cerrar venta de Hispasat a Red Eléctrica y la de Cellnex hace solo unos meses.
Los números más difíciles
La concesionaria tiene encima unas cifras más que difíciles. Abertis tiene que hacer frente a una deuda de más de 16.000 millones de euros, de los cuales 1.900 millones vencen en los próximos meses, según los datos de las cuentas de la compañía a 31 de diciembre de 2018. Tanto es así que este 'deadline' obligaba a la compañía a la venta de dos de sus activos: Cellnex e Hispasat.
La primera se completó en marzo de 2018 y la segunda era condición 'sine qua non' para poder sacar adelante una buena relación con la banca. El salvavidas de la venta de la compañía de satélites a Red Eléctrica permitirá a la compañía pagar y refinanciar parte de las obligaciones que vencen ahora, pero no resolverá la situación de la firma, agravada por las diferencias que han surgido entre las dos compañeras de opa y que dificultan el matrimonio a largo plazo que preveían Florentino y Castelucci.
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