El cierre del parque nuclear se ha convertido en una gran partida económica y p0lítica. En principio, el Gobierno es partidario de cerrar las instalaciones a medida que cumplan 40 años -todas lo habrán hecho en 2028-. Las eléctricas, con participaciones cruzadas, tienen distintas estrategias. Pero todas se guardan bazas en las negociaciones. Una de esas bazas es el intento de "rejuvenecer" algunos años las instalaciones más próximas a cumplir las cuatro décadas mientras se aclara el tema.
La central de Almaraz, propiedad de Iberdrola (53%), de Endesa (36%) y de Naturgy (11%) es un ejemplo. Oficialmente, las compañías propietarias están negociando, entre sí y con el Ministerio de Transición Ecológica, si solicitan antes de marzo de 2019 un nuevo permiso de explotación para la Unidad I. Endesa, Iberdrola y Naturgy no se ponen de acuerdo si la solicitud debe ser por cuatro años, hasta 2023, cuando según las empresas la unidad cumple 40 años en operación o ir más allá.
Pero hay un detalle importante: el primer permiso de explotación de la central cacereña la concedió el Ministerio de Industria -Dirección General de Energía- el 14 de octubre de 1980, según prueba la documentación a la que ha tenido acceso La Información. La instalación cumplirá por lo tanto los 40 años en octubre del próximo año y no en 2023 como sostienen los propietarios y como recoge la asociación del sector Foro Nuclear en sus documentos. La Unidad II de la central cumple 40 años en 2024, según el Foro.
Permiso provisional
La Orden Ministerial de 1980 concedía el permiso de funcionamiento a la central de forma "provisional". Ese es el argumento de las empresas para defender el año 2023 como referencia de los 40 años. Cuentan esa última fecha como entrada en operación "comercial". No obstante, la autorización, aun siendo "provisional" -todos los permisos iniciales lo eran- regula de forma clara la producción eléctrica de la instalación desde ese mismo momento, cuando se incorporó a la red.
Pero el "lifting" -operación de rejuvenecimiento- tiene una consecuencia interesante. Separa dos conceptos a la hora de abordar el cierre de las plantas: el concepto de "vida de diseño"-el tiempo para que el que fueron concebidas las centrales- y el concepto de "vida útil", el tiempo durante el que han funcionado y el que podrían funcionar si obtienen el permiso. La diferencia entre utilizar uno u otro se mide en millones de euros.
En el caso de Almaraz, hasta la página oficial del Ministerio de Industria recoge el año real de puesta en funcionamiento en fecha más temprana que las empresas: 1981 en el caso de la Unidad I -el grupo más antiguo-. Por si hubiera alguna duda, también el Sexto Plan General de Residuos Radiactivos, todavía vigente, recoge previsiones de ingresos y de operación (páginas 68 y 157) de la instalación que cesan en 2021. No en 2023 como defienden las compañías.
La legislación española no establece tiempo máximo de funcionamiento de las centrales nucleares. Por ello, mantener el funcionamiento de las centrales más allá del periodo inicialmente previsto en su diseño es compatible con la legislación en vigor. No obstante, a partir del año 1999, en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, reformado en 2008, se estableció la figura de la Autorización de Explotación por un período de tiempo que se determina en la propia autorización, y que en la práctica actual es de diez años.
Diferencias tácticas
En ese marco, las empresas intentan seguir ganando dinero con las centrales, aunque tienen diferencias tácticas. El próximo 19 de diciembre, Endesa, Iberdrola y Naturgy deben decidir si solicitan permiso para que Almaraz continúe funcionando hasta 2023, cuando cumple 40 años según sus cuentas, o extienden la solicitud más allá, hasta 2050. Iberdrola defiende el cierre en 2023 si el Gobierno no rebaja las cargas impositivas al sector nuclear, mientras que Endesa quiere prolongar la actividad de la central hasta al menos 2050.
En las negociaciones con la Administración, las empresas cuentan con una baza. Informes atribuidos a la empresa pública de residuos Enresa sostienen que a corto plazo no es posible cerrar y desmantelar más allá de dos centrales y siempre que los cierres se produjeran con un intervalo de tres años.
Los procesos de cierre son complejos, lo que unido a la falta de un Plan de Residuos actualizado -el vigente es del año 2006-, a la paralización del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas (Cuenca) y al elevado coste del desmantelamiento -más caro cuanto más cerca del cese de operaciones-dificultan el cierre a gran escala de las centrales, que cubren en torno al 20% de la demanda de electricidad.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) estima en sus documentos que el coste de un proceso de desmantelamiento está entre el 1 y el 2% del valor de la energía producida por la central. Las empresas no cuantifican ese valor, pero supera con mucho los en torno a 5.000 millones que las compañías han aportado desde 1985 a la Empresa Nacional de Residuos (Enresa). Las cuentas no salen.
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