La primera batalla siempre es dura. La nueva asociación de las grandes eléctricas, aelec, constituida a partir de la poda de la poderosa Unesa, ya tiene su primera batalla. La asociación que preside Marina Serrano va a presentar alegaciones antes del sábado en la consulta pública abierta por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para decidir cuánto cobrarán las empresas propietarias de las redes de distribución en el periodo 2020-2025.
Las posturas están alejadas. A la CNMC, las cuentas le dan como resultado justo una retribución anual del 5,46%. Las empresas, que han delegado la pelea en aelec, reclaman un mínimo del 7%. Hay partido. Las eléctricas, que han encargado a aelec la defensa de sus negocios regulados (transporte y distribución) están de acuerdo con el método de cálculo que ha utilizado la CNMC para decidir sus ingresos de los próximos años. Pero de ninguna forma con el resultado. Están en juego recortes de hasta 140 millones al año.
La presidenta de aelec, Marina Serrano, ha adelantado que esgrimirá ante Competencia la retribución que obtienen otras actividades reguladas en el sector de las telecos o en el aeroportuario. En ambos sectores, según las fuentes consultadas, las rentabilidades superan el 6%.
Consulta pública
Las compañías eléctricas y aelec aplauden que la CNMC haya elevado la cuestión de los pagos a redes a consulta pública. Y también con el método que ha elegido para calcular la retribución de las inversiones en redes -el WACC (Weighted Average Cost of Capital)-, la tasa que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros. Pero hasta ahí llega el acuerdo. Cada medio punto porcentual de diferencia entre las aspiraciones de las empresas y los cálculos de la CNMC suponen entre 30 y 40 millones de euros. Eso merece una disputa.
Las dos partes han documentado sus cálculos con informes exhaustivos. La CNMC con un trabajo publicado en diciembre en el que sostiene que en los últimos años se ha producido un incremento de la rentabilidad económica de la distribución. Entre 2013 y 2016, el retorno sobre la inversión (ROI) pasó del 6,57% al 8,16%. Y la rentabilidad para el accionista (ROE) superaba el 10% en todas las empresas.
Por su parte, las empresas esgrimen trabajos encargados a consultoras de peso, de Deloitte a Nera, pasando por Analistas Financieros Internacionales (AFI), en los que se defiende el 7% como la retribución justa para las inversiones en redes de distribución. Como aliño de los argumentos, los informes destacaban el impacto positivo en el empleo y en la factura eléctrica por retribuir de forma adecuada las inversiones.
El informe Deloitte
El informe de Deloitte, además, añadía una advertencia: la red de distribución ha envejecido mucho y en baja tensión -la malla que da servicio a los hogares- el 40% de los transformadores tendrá más de 40 años en 2025. O se invierte o será el colapso. Sucedió en 2007, con el gran apagón de Barcelona y el recuerdo todavía está reciente.
Las empresas asociadas en aelec van a pelear. Empujan sus accionistas y, en especial, los fondos de inversión que han tomado posiciones en los últimos años en empresas de distribución con actividades reguladas de escaso riesgo. Esos fondos llegaron atraídos por las expectativas de beneficio y no renuncian. Tienen presencia en empresas grandes como Iberdrola o Naturgy; en las empresas participadas por el Estado que gestionan redes de transporte como Enagás o Red Eléctrica de España (REE) y en sociedades de menor tamaño como Reganosa -en la que participan la argelina Sonatrach y el grupo japonés Sojitz- o Madrileña Red de Gas.
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